La Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU) es un ombudsman (“defensor” en sueco), cuya misión consiste en salvaguardar los derechos establecidos por la legislación universitaria en favor de los estudiantes y académicos de la UNAM.

En 1985, a propuesta del entonces rector Jorge Carpizo y con el apoyo académico del doctor Héctor Fix-Zamudio, el Consejo Universitario determinó su creación y aprobó su estatuto y reglamento, con lo cual se convirtió en el primer órgano en su tipo de Iberoamérica.

Casi 30 años después, siguiendo el ejemplo de la UNAM, más de 20 instituciones de educación superior públicas del país, así como ocho de otras tantas naciones latinoamericanas (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, Honduras, Panamá y Perú), cuentan con una Defensoría Universitaria.

“Y a la Universidad Nacional continúan acudiendo, de manera constante, otras más para pedir apoyo, orientación y asesoría en la creación de órganos similares”, dice Jorge Ulises Carmona Tinoco, titular de la DDU.

Expresión de derechos humanos

En la UNAM hay más de 50 ordenamientos, como el Reglamento General de Inscripciones, de Exámenes, de Estudios de Posgrado, etcétera, y es precisamente de ellos de donde se derivan los derechos universitarios. La DDU está diseñada para velar precisamente por esos derechos, los cuales se han fortalecido con unas reformas muy importantes en materia de derechos humanos en México.

“Es decir, los derechos universitarios son, de algún modo, expresión de derechos humanos al interior de nuestra Universidad, y la labor de la DDU es justamente proteger o salvaguardar estos derechos, coadyuvando con las distintas instancias al cumplimiento de la legislación universitaria”, añade Carmona Tinoco.

Principios

Tanto los estudiantes como los académicos tienen estos derechos frente a autoridades administrativas o académicas. Son, por una parte, derechos que, en el caso de los estudiantes, cubren su vida en relación con las instancias administrativas, de inscripciones, de exámenes, de trámites, etcétera; y, por la otra, derechos que pueden surgir en el ámbito de sus relaciones con profesores y, en ocasiones también, con sus compañeros.

“Están inspirados en ciertos principios, a saber: el respeto, la igualdad, la no discriminación y la no violencia. Estos principios están contenidos en la legislación universitaria y no sólo otorgan derechos a los universitarios, sino también les imponen deberes hacia los demás, frente a las autoridades académico-administrativas y frente a la propia Universidad”, indica el defensor universitario.

La DDU ya trabaja en la elaboración de una guía de derechos universitarios dirigida a estudiantes de bachillerato; luego hará otras dos dirigidas a estudiantes de licenciatura y de posgrado; y una cuarta dirigida a los académicos.

“Serán unas guías muy amigables que contendrán en un solo documento, a manera de catálogo o de compilación, todos los derechos que se derivan de los ordenamientos universitarios.”

Ni tribunal ni contraloría

Cabe aclarar que la DDU no es un tribunal ni una contraloría; es decir, no tiene atribuciones para sancionar a nadie ni mucho menos para cambiar decisiones de carácter académico. Se distingue por ser independiente, accesible, imparcial, objetiva y de buena fe. Esto implica que los estudiantes o académicos pueden acudir a ella cuando surja algún problema y estimen que sus derechos como universitarios se han visto afectados.

“Todos los estudiantes y académicos tienen la posibilidad de acudir primero a las instancias correspondientes de sus colegios, escuelas, facultades…, pero cuando no obtienen una respuesta satisfactoria o consideran que su asunto no fue resuelto adecuadamente, pueden venir a las oficinas de la DDU, en Ciudad Universitaria, o ponerse en contacto con nosotros por teléfono o correo electrónico, o mediante nuestra página en Internet (www.defensoria.unam.mx)”, apunta Carmona Tinoco.

Si la DDU no es competente para tratar un determinado asunto o una instancia distinta debe conocerlo en principio, se orienta a los miembros de la comunidad; si el reclamo cumple con los requisitos para su atención, se abre un expediente, pues este órgano tiene atribuciones para investigar y solicitar información a cualquier instancia o dependencia universitaria; asimismo, posee atribuciones para conocer un asunto de oficio, esto es, sin que nadie en particular lo solicite.

“Se realiza una investigación para esclarecer lo sucedido y, si se encuentra que hubo un error, una injusticia o una infracción a los derechos de un universitario, se puede hacer una recomendación o una serie de observaciones a las instancias o autoridades correspondientes para resolver el problema.”

En muchas ocasiones, la DDU resuelve los problemas por vía de una solución amistosa o de una mediación, siempre en el marco de la normatividad universitaria. Por otra parte, la dependencia rinde cuentas de su actuación cada año.

“Sí, presentamos al rector y al Consejo Universitario un informe de las incidencias de los asuntos, de cómo llevamos a cabo nuestra actividades y de cómo vamos cumpliendo con las metas que nos trazamos”, señala el defensor de la Universidad Nacional.

Retos

Del 16 al 18 de julio pasado, a invitación de la Universidad Complutense de Madrid, Carmona Tinoco participó en uno de los cursos de verano de esa universidad española, en el que se analizaron los retos que enfrenta actualmente la figura del defensor universitario en todo el mundo.

De acuerdo con él, un primer reto consiste en la necesidad de comprender que un ombudsman universitario es una figura que coadyuva al cumplimiento de la normatividad y que busca la solución de problemas al interior de una universidad.

“En este sentido es un órgano que coadyuva, de alguna manera, al fortalecimiento de la autonomía universitaria porque, cuando en las universidades no se alcanza una solución a los problemas, a veces se encuentran otros canales fuera de ellas, incluso judiciales, lo cual no es lo más adecuado.”

Un segundo reto, en opinión de Carmona Tinoco, es el empoderamiento de la Defensoría al interior de las universidades, donde empiezan a visibilizarse fenómenos tales como el bullyng (intimidación) y el mobbing (acoso moral).

“La Defensoría no tiene competencia directa para conocer este tipo de asuntos, excepto cuando la instancia correspondiente no actúe conforme a sus atribuciones. Esto es así en virtud de que dichas problemáticas se dan entre pares: ya sea entre estudiantes o trabajadores. Al respecto es importante reconocer a las Defensorías la posibilidad de dictar, en ciertas ocasiones, medidas cautelares o precautorias, para evitar algún daño irreparable o mayor”, señaló Carmona.

Otro punto analizado en el curso “Los retos de la figura del Defensor Universitario en el panorama actual” fue la necesidad de que las Defensorías formen parte del concepto mismo de Universidad; es decir, que cada vez que se genere una institución de educación superior, cuente con este tipo de órgano en beneficio de su comunidad.