Opinion

El golpe llegaría el año próximo con el inicio de la conversión hacia el escenario digital de los libros de texto gratuitos, parte de los cuales se imprimen en talleres privados, por más que las ganancias sean pírricas o de plano nulas.

Apenas para cubrir los gastos.

El escenario de suyo era nebuloso, al abrirse la alternativa de maquilar e importar impresos en el exterior sin cobro alguno de aranceles o impuestos de importación; al chocar la producción editorial con los llamados audiolibros o los libros digitales, y la imposición de precio único para las obras impresas.

El cuesta abajo en la rodada de las industrias del ramo y sus mil 565 reconocimientos internacionales obtenidos en los últimos ocho años, lo inició la salida a escena de organismos autónomos y descentralizados que operan con recursos públicos compitiendo con firmas privadas en desigualdad de condiciones, con costos de producción inferiores y bajo el cobijo de subsidios.

La justificación habla de equilibrar el mercado… al que se terminó por distorsionar.

De entrada, las imprentas de Estado no consideran rubros como depreciación de maquinaria y equipos, mantenimiento de instalaciones, impuestos como el predial, además de pagos de agua y luz.

Y aunque otra justificación hablaría de confidencialidad en la producción de las paraestatales convertidas en tienda de enfrente, lo cierto es que el 95% de ésta está ajena a la posibilidad. De hecho, sin pudor alguno se maquilan a todo público carteles, folletos, dípticos, trípticos, facturas, calcomanías, volantes, libros, revistas, etiquetas, estampas, tarjetas de presentación…

El mayor volumen, sin embargo, se orienta a la producción de 231 millones de libros de texto gratuito… cuya impresión la cubriría sin problemas el 7.32% de la capacidad instalada de las plantas privadas.

La paradoja del caso es que los impresos se constituyen como la única vía de autoabasto del gobierno, pese a que entre sus insumos reclamados están también automóviles, muebles para oficina, ropa, calzado…

La competencia oficial es aplastante, tanto a nivel federal como estatal.

Ahí están, por ejemplo, los Talleres Gráficos de la Nación, que por concesión del gobierno cardenista publicada en el Diario Oficial el 28 de diciembre de 1934 tienen prioridad en la producción de impresos oficiales.

Constituido como un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, la entidad mantiene un presupuesto de gastos de mil 71 millones 856 mil pesos, de los cuales ocupa en gasto corriente 780 millones 624 mil, ofreciendo 328 plazas.

En sus talleres se imprime el Diario Oficial.

Adicionalmente, existe la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, que a partir de 1997 amplió su ámbito de producción hacia las escuelas secundarias, cuyo presupuesto en este caso es de 2 mil 420 millones 559 mil pesos, de los cuales 2 mil 371 se van hacia gasto corriente y 48 millones 539 mil a inversión física.

El año pasado la producción fue de 176 millones 986 mil volúmenes.

Sin embargo, su clientela no la llena sólo la Secretaría de Educación Pública, dado que en ella caben desde el Instituto de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana hasta el Instituto Mexicano del Seguro Social, pasando por la Comisión Nacional del Agua.

La posibilidad de imprentas privadas para participar en la producción exige igualar sus costos, lo que implica algo así como colocarse una soga al cuello.

En paralelo, el Fondo de Cultura Económica se constituye como la editorial más importante en México en su género y una de las más importantes en Iberoamérica, asignándosele un presupuesto de 382 millones 544 mil pesos.

Aleatorio a ésta existe la Impresora y Encuadernadora Progreso, surgida de la fusión de dos empresas: Encuadernación Progreso y Lito Ediciones Olimpia, cuyo capital lo adquirió en 1975 el Fondo de Cultura Económica.

Encaminada su tarea a la promoción, fomento, edición, publicación, exhibición y comercialización de obras escritas, su presupuesto anual es de 581 millones 210 mil pesos.

En la larga lista hay que incluir también a la Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cuyo justificante se anota que su producción, por sus características, debe estar bajo control del Estado.

En total, el presupuesto de las imprentas de Estado alcanza 4 mil 753 millones 670 mil pesos.

Ahora que cada una de las entidades federativas cuenta al menos con un taller oficial de impresiones. El gobierno capitalino, por ejemplo, tiene a la Corporación Mexicana de Impresión, en tanto Nuevo León cuenta con una colosal imprenta en el penal de Topo Chico.

La competencia, pues, abruma.

Lo grave del caso es que más allá de miles de empleos, lo que está en juego frente al jaque a la industria de artes gráficas es su prestigio forjado durante décadas.

No son gratuitas las cinco medallas de oro otorgadas a firmas como Grupo Ajusco, Offset Multicolor o Artes Gráficas Panorama por la Printing Industries of America.

La industria gráfica del país, integrada por 14 mil 500 empresas, ofrece 119 mil plazas de empleo.

Balance general

La defensa del Grupo Aeroportuario del Pacífico frente al jaque que le representaría el que el Grupo México se hiciera de 85% de su capital colocado en los mercados bursátiles, exigiendo el control de la firma, se apuntala en un oficio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que conculca los derechos adquiridos por los tenedores de las acciones de control, equivalentes al otro 15%.

Fechado el 20 de abril del año pasado y firmado por los vicepresidentes de Supervisión Bursátil y Jurídico de la instancia de vigilancia, Carlos Quevedo López y Jorge L. González García, el documento señala que en armonía con resoluciones de la Suprema Corte no pueden violentarse derechos adquiridos.

Dicho con todas las letras, aún cuando el escenario atenta contra la Ley del Mercado de Valores, sigue siendo válida la composición accionaria de sus series, la B que se colocó entre el público, y la doble B o de control que le permite a sus propietarios mantener las riendas de la firma que aglutina 12 aeropuertos.

Duro contra CFE

En lo que constituye una descalificación más contra la paraestatal, la fracción priísta en la Comisión Permanente planteó un punto de acuerdo para exigirle a la Comisión Federal de Electricidad frenar su voracidad en perjuicio de los usuarios.

El texto señala a la letra que la empresa pública se ha convertido, además, en una oficina de intereses para realizar negocios privados, en un escenario en que el 50% de la energía generada en el país la producen consorcios españoles como Iberdrola y Unión Fenosa.

De acuerdo a éste, existen miles de quejas de los usuarios ante la Procuraduría Federal del Consumidor.