Opinion

Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente de Coparmex, no está dispuesto a dejarse vencer tan fácilmente y mantiene su lucha en el Congreso para lograr la desaparición del IETU, a pesar de la férrea negativa de la Secretaría de Hacienda que no cede ante la presión empresarial.

Después de haber recibido el diagnóstico de 155 páginas que la SHCP envió al Congreso el jueves pasado, el dirigente de Coparmex insiste no sólo en que debe desaparecer sino en que sí es “perfectamente factible” eliminarlo sin perjudicar las finanzas públicas.

Ya encarrilado, Gutiérrez Candiani, señala los siete pecados o distorsiones que genera el IETU:

1.-Duplica la carga administrativa para empresa, principalmente pymes, y para personas físicas con actividades empresariales y profesionales.

2.-Es complejo determinar una base para ISR sobre lo devengado, y una para IETU sobre lo efectivamente cobrado-pagado.

3.-Genera inequidades en varios sectores al no permitir deducciones que les permitan crecer.

4.-Restringe deducción de sueldos, salarios, y contribuciones de seguridad social.

5.-No permite deducción de activos fijos y terrenos adquiridos antes de la entrada en vigor del IETU.

6.-No es complementarios del ISR, por lo que se convierte en un costo sin beneficio para el contribuyente

7.-Frena la inversión productiva porque no permite acreditar inversiones mayores a los ingresos gravables para ISR durante el ejercicio.

La Coparmex presenta también una propuesta para compensar los 108 mil millones que espera recaudar este año la SCHP por ISR e IETU y propone una reforma fiscal integral que incluya IVA en medicinas y alimentos con una tasa de 2 a 5% y medidas como un cobro eficiente del predial, autonomía plena del SAT, y mayor simplificación fiscal.

El problema con esta propuesta es que el 2012 es un año electoral y ningún partido, ni siquiera el PAN, aprobará IVA en medicinas y alimentos.

CFC, EXPLICA MIGUEL FLORES, VOTO DE RECUSACIÓN

Aunque generalmente sólo el presidente de la CFC, Eduardo Pérez Motta, habla con los medios, los dos comisionados que votaron a favor de la recusación contra Pérez Motta, Miguel Flores y Luis Ibarra, han comenzado a otorgar entrevistas para explicar sus razones para aceptar los alegatos de Telcel que acusó de parcialidad a Pérez Motta.

El problema, como ya le hemos explicado, es que ambos comisionados votaron en contra de la multa de 11 mil 989 millones de pesos en contra de Telcel y tras la recusación Pérez Motta no podrá ya participar en la votación del Pleno en la que se tendrán que analizar el recurso de reconsideración que presentó la empresa.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Miguel Flores explica que en efecto fue una difícil decisión, pero la razón principal por la que aceptaron la recusación es porque Pérez Motta hizo declaraciones a varios medios electrónicos en la que da por un hecho la culpabilidad de Telcel en un tema básico en su defensa que es la reincidencia.

Y aunque se especula que Flores e Ibarra ratificarán su voto original en contra de Telcel, y Rodrigo Morales el suyo a favor, se abre la posibilidad de que entre un nuevo comisionado que a diferencia de Agustín Navarro no tenga conflicto de interés en esta histórica decisión del Pleno.

Y es que el periodo de Agustín Navarro, como comisionado, concluye en septiembre y su sucesor podría ser nombrado antes de que el Pleno tome la decisión sobre la multa de Telcel, ya que el plazo de 60 días que establece la ley para que el Pleno decida sobre los recursos de reconsideración inició apenas la semana pasada.

SE DEFIENDE PEREZ MOTTA

Por su parte, Eduardo Pérez Motta también rompió el silencio y en un comunicado señaló que respeta la decisión del Pleno, pero está en desacuerdo porque sus declaraciones no las hizo a título personal sino en su carácter de vocero de la CFC para defender una decisión del Pleno.

Asegura también que sus declaraciones las hizo después de que Telcel había sido notificado de la multa y antes de que presentara su recurso de reconsideración.

Señala que la recusación no está en el marco normativo de la CFC y, en todo caso, si tener una posición pública sobre una resolución es motivo de recusación, ninguno de los comisionados que participó en la votación original debería participar en la decisión del recurso de reconsideración porque a partir de febrero es público el sentido del voto de cada comisionado.

Sin embargo, Pérez Motta tiene que reconocer que ningún comisionado ni los dos que votaron en contra ni el que votó a favor de la multa, emitieron un voto particular para explicar el sentido de su decisión y ninguno hizo declaraciones públicas en torno a la presunta responsabilidad de Telcel.