Opinion

A muchos sorprendió que la denuncia que finalmente presentó el martes el Sindicato de Pilotos (ASPA), en contra de Gastón Azcárraga, no fuera —como se había especulado— por administración fraudulenta, sino por violaciones a la Ley del Mercado de Valores y no por parte de Corporación Mexicana de Aviación o Nuevo Grupo Aeronaútico, sino de Grupo Posadas que preside Azcárraga.

Al respecto, Fernando Perfecto, presidente de ASPA, explicó que el Sindicato se reserva a realizar otras medidas o presentar otras denuncias, pero la que presentaron el martes ante la PGR es por violaciones a la Ley del Merado de Valores por parte de Grupo Posadas, en contra de quien resulte responsable, enfocada a Azcárraga y a Manuel Borja el ex director general de Mexicana de Aviación.

Posadas emitió un escueto comunicado en el que manifiesta su confianza en que la PGR determine la improcedencia de la acusación, ya que la empresa ha cumplido con oportunidad con la información relevante para el público inversionista.

Lo extraño de la denuncia presentada por ASPA, es que en efecto es Grupo Posadas el que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, pero ni Corporación Mexicana de Aviación, ni mucho menos Nuevo Grupo Aeronáutico que tiene hoy las acciones de Mexicana, Click, Link y subsidiarias, cotizaron en la BMV.

Posadas además, tenía 30.4% del capital de Mexicana, pero no era el accionista mayoritario y lo que sí reportó en sus estados financieros y como hecho relevante a la BMV fue la pérdida por 114 millones de pesos tras el cierre de operaciones de Mexicana de Aviación.

Entre las irregularidades que según ASPA cometió Posadas, es que no reportó la solicitud de concurso mercantil de Mexicana de Aviación que por ser accionista minoritario no fue un hecho relevante para Posadas ni impactó en al cotización de sus acciones.

Aspa se queja también de que Posadas no reportó la venta del edificio sede de Mexicana cuando en realidad en la fecha que Azcárraga compró Mexicana de Aviación ya se había vendido el inmueble.

LA CNBV NO HA SIDO NOTIFICADA

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no ha emitido ningún comunicado al respecto porque no ha sido oficialmente notificada, pero desde luego no hay ninguna sanción a Posadas por incumplimiento de información al mercado.

En caso de que la PGR admita la denuncia y la CNBV sea notificada, habrá desde luego una revisión a fondo para determinar si hubo o no afectación a los accionistas de Posadas por deficiencias en la información. Todo indica que no fue así y lo que también sorprende es que los pilotos estén invirtiendo en presentar esta denuncia cuando no son ni eran accionistas de Posadas.

Aún en el caso —remoto— de que en efecto hubiera una sanción en contra de Gastón Azcárraga, no habría ningún beneficio directo ni a ASPA, ni a los pilotos, aunque desde luego sorprende que la denuncia se presente a 10 meses del cierre de operaciones de Mexicana y justo cuando trascendió que Posadas está analizando diversas opciones para capitalizarse.

Lo que habrá que esperar es que ASPA anuncie las otras medidas de las que ya habló Fernando Perfecto, como es una demanda por daños y perjuicios.

CENSURA PARA Eduardo PéREZ MOtTA de CFC

El triunfo jurídico que obtuvo Telcel al lograr que dos comisionados de la CFC, Luis Alberto Ibarra y Miguel Flores, se impusieran en votación y aceptaran el recurso de recusación en contra del presidente de la CFC, Eduardo Pérez Motta quien ya no podrá votar en la discusión del pleno en la que se analizará la multa de 11 mil 989 millones de pesos contra Telcel.

Se da por un hecho que Ibarra y Flores quienes desde un principio se opusieron a la multa votarán en contra otra vez y Telcel se librará de pagar la multa más alta que hasta la fecha ha impuesto la CFC en su historia.

Es desde luego un revés no sólo para Pérez Motta, sino para la Comisión Federal de Competencia y quien lo dude, le recomendamos leer el voto particular que emitió el otro comisionado Rodrigo Morales, quien había votado a favor de la multa junto con Pérez Motta y asegura que se trata de un caso de censura contra Pérez Motta, ya que Telcel lo acusó de parcialidad por haber emitido su opinión antes de que estuviera en firme la sanción.

Rodrigo Morales acusa a Ibarra y Flores de haber aceptado como causal de recusación un concepto vago y sin fundamento jurídico.

Ibarra y Flores lograron imponerse porque el otro comisionado, Agustín Navarro se excusó porque tiene una relación de parentesco con un directivo de una de las empresas que denunciaron a Telcel.