Opinion

Litigantes y cabilderos, en frente común a favor de una causa que hasta hace unos meses parecía perdida para la empresa que administra las marcas Burguer King, Starbucks Coffee, Chili’s, Domino’s Pizza y California Pizza Kitchen, entre otras.

En el team se integran los ex ministros de la Suprema Corte Salvador Rocha Díaz y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, además del diputado panista Mario Becerra Pocoroba, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja.

La promesa de Alsea a sus accionistas en la Bolsa Mexicana de Valores, a decir de otro de sus abogados, Guillermo Díaz de Rivera, es cerrar el capítulo a favor de sus intereses.

El último round en el pleito entre las empresas propiedad de Alberto Torrado Martínez y Eduardo Cachoua Flores, había llegado en noviembre del año pasado, cuando Italcafé, la firma que administra los 37 restaurantes Italianni’s, había anunciado que tenía luz verde de la autoridad judicial para realizar un embargo con cargo a la caja de las franquicias Alsea, en afán de garantizar el cumplimiento de la sentencia de un Tribunal Colegiado, que ratificaba otra de primera instancia por parte del juez Quinto de Distrito en Materia Civil.

Uno y otro, pues, le habían dado la razón a Italianni’s en su alegato de incumplimiento de un contrato de compra de sus restaurantes por parte de Alsea, en una suma calculada en mil 300 millones de pesos.

El documento se firmó el 19 de noviembre de 2009, tras otorgarse el aval de la Comisión Federal de Competencia.

El compromiso implicaba, además, desarrollar la marca, lo que obligaba abrir al menos 70 unidades más en los próximos 10 años.

El alegato de Alsea para justificar el incumplimiento era que la vendedora no había transparentado en tiempo y forma los activos y pasivos.

Lo curioso del caso es que en la fase previa a que Alsea interpusiera un recurso de revisión ante el Tercer Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa del Primer Circuito para anular la sentencia de segunda instancia en su contra, la autoridad había nombrado como interventor con cargo a la caja a Eloy Moreno León.

Este, según ello, tendría siete tareas a realizar: Inspeccionar el manejo de la negociación y las operaciones que se verifiquen, a fin de que se produzca el mayor rendimiento posible; vigilar las compras y ventas de las negociaciones mercantiles; recoger, bajo su responsabilidad, el producto en estas últimas; vigilar la compra de materia prima, su elaboración y la venta de productos en las instalaciones industriales.

Además, recoger el numerario y efectos de comercio para hacerlos efectivos adecuadamente; ministrar los fondos para los gastos de la negociación, y revisar que la inversión en fondos de renta se haga correctamente.

Un supergerente, pues, ajeno a la empresa, en afán de garantizar el pago de los 37 restaurantes de la discordia, más un interés moratorio equivalente a dos veces la Tasa de Interés Interbancaria Estimada, es decir, más o menos 9%.

El caso es que, suspendida la posibilidad por el recurso de Alsea, ésta se juega su última carta para evitar reabrir el paréntesis.

De ahí, pues, la artillería pesada.

Lo cierto es que en el camino los agravios contra las firmas se han recrudecido. En julio del año pasado, por ejemplo, Italianni’s presentó una demanda ante una Corte de Estados Unidos, concretamente al Distrito Central de California, en reclamo de la importación por parte de Alsea de franquicias de la marca California Pizza Kitchen.

La exposición de motivos hablaba de que Alsea no podría ponerle tienda de enfrente, dado que tenía información confidencial de la cadena de que alguna vez fue socio al 50%.

De acuerdo al contrato cuya validez se pelea aún en los tribunales, Alsea no podía invertir en la marca estadounidense.

Más aún, el juez que emitió la primera sentencia contra Alsea había prohibido expresamente a la firma participar en Calpik Duraznos o cualquier otra empresa franquicitaria de California Pizza Kitchen.

Del otro lado de la moneda, Alsea llegó a plantear una inconformidad ante el Consejo de la Judicatura contra el juez que emitió la sentencia de primera instancia… y más tarde contra el magistrado Manuel Juárez Fragoso, que avaló su ratificación, alegándose en este caso que se le habían otorgado a Italcafé o Italianni’s prestaciones mayores a la que planteaba la sentencia original.

El alegato apuntaba a que Italcafé no era dueña de las acciones que pretendía comprar Alsea, dado que éstas pertenecían a la familia Cachoua.

Más aún, tampoco habían sido liberadas de una prenda que pesaba sobre ellas.

El último round está a la vista.

Balance general

A contrapelo de las versiones que daban como hecho que la llamada Tenedora K le entregó la semana pasada a PCC Aviación, la firma al rescate, las acciones de Mexicana de Aviación, éstas continúan en una caja fuerte.

La razón es simple: la firma detrás de la cual se esconde el fondo internacional Advent quiere garantías de que la compañía al relevo cumpla con todos los compromisos que había pactado a su vez con el Grupo Posadas, es decir, un pago justo de marcha a los trabajadores, entero de las deudas con los grupos aeroportuarios, arrendamiento de aviones e impuestos vencidos.

La previsión, naturalmente, apunta a que eventualmente se le pudieran fincar responsabilidades a la firma que adquirió la papa caliente en mil pesos.

Casa por la ventana

Mañana, en el Hotel Hilton del Centro Histórico, Petróleos Mexicanos realizará un evento espectacular para anunciar la firma de los primeros tres contratos “incentivados”, es decir, a destajo sobre el monto de petróleo que se extraiga tras las perforaciones.

La paradoja del caso es que se había dicho que éstos apuntalarían la posibilidad de exploraciones marinas, es decir, extraer el tesorito que nos hará ricos, y resulta que las tres empresas beneficiadas trabajarán en tierra, concretamente en los campos Magallanes, Santuario y Carrizo.

De Guatemala a “Guatepeor”

La Cámara de Comercio de Guatemala acaba de presentar una queja ante la Presidencia de la República por lo que considera retención ilegal de mercancías que llegaron al país en tránsito desde países asiáticos hacia la nación centroamericana.

El monto de los 250 contenedores detenidos desde julio pasado es de cinco millones de dólares entre zapatos, juguetes y ropa, destinados a los inventarios para la temporada navideña.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las mercancías fueron retenidas por sospecha de contrabando o piratería.

Los alegatos de las 10 compañías afectadas hablan de que México no pudo aplicar normas para terceros países.