Opinion

Por las sentencias de Inés y Valentina", decía la nota donde estaba la amenaza de muerte que recibieron Obtilia Eugenio Manuel y su esposo Cuauhtémoc Ramírez, integrantes y dirigentes de la Organización del Pueblo Indígena Me'phaa (OPIM) el pasado 28 de noviembre. Ellos son defensores de derechos humanos y luchan para que se cumplan las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas tlapanecas que fueron torturadas y agredidas sexualmente por elementos del Ejército.

Lamentablemente, las amenazas en contra de Obtilia y Cuauhtémoc no son nuevas, ya en abril de 2009 la CoIDH dictó medidas provisionales en su favor, de sus hijos, así como de 107 defensores y defensoras más del estado de Guerrero. Esta nueva agresión es particularmente grave, pues además amenaza a ambos defensores por sus esfuerzos para impulsar el cumplimiento de las sentencias de la CoIDH.

El Estado mexicano está en problemas. Las amenazas de muerte en contra de Obtilia y su esposo son también una amenaza al Estado mexicano. No se puede permitir que se atente así contra el Estado democrático de derecho y, aun menos, cuando México tiene la obligación de atender las medidas provisionales y acatar las sentencias de la Corte.

El gobierno federal y el del estado de Guerrero no pueden permitir que poderes ilegales se muevan así y no pase nada. Estas amenazas, junto con las que han recibido  muchos defensores, obligan a una acción enérgica. El secretario de Gobernación, Francisco Blake, y el gobernador Zeferino Torreblanca son primerísimos responsables de la seguridad de Obtilia y Cuauhtémoc, ¿lo tendrán claro ellos y sus equipos?

No está por demás subrayar que hoy, 10 de diciembre, es el Día Internacional de los Derechos Humanos y que ayer, 9 de diciembre, se celebró el Día de los Defensores de Derechos Humanos, que digamos es cuando la comunidad internacional respalda y resalta el "derecho a defender". Una buena manera de celebrar estas fechas sería garantizar el trabajo de las y los defensores, de presentar un plan de acción y una serie de instrumentos operativos y legales que lo garantice y de disminuir, mediante la acción de la justicia, los factores de riesgo que, en muy alarmante aumento, enfrentan ahora los defensores en México.

Amenazas como las que recibieron Obtilia y Cuauhtémoc constituyen viejas prácticas que encarnan lo peor del México autoritario, represivo y antidemocrático que se niega a desaparecer. Son los fantasmas del pasado que no acaban de desaparecer y que nuestra transición a la democracia aún no puede exorcizar.