Opinion

Estamos hablando de un escenario en que se permite a empresas privadas realizar tareas de extracción en los campos maduros de la paraestatal, cuyo pago será directamente proporcional al monto de petróleo extraído. A mayor número de barriles, pues, más ganancia.

Adicionalmente, se le reembolsaría al contratista un 70% de los gastos realizados.

De alguna forma estaríamos hablando de una sociedad en que las ganancias se comparten.

De acuerdo a la ruta crítica planteada por la empresa pública, el contrato se aplicaría en tres planos: primero los campos maduros localizados en el sur del país, como Santuario, Carrizo y Magallanes y luego el campo de Chicontepec, donde se considera que de cada 20 excavaciones sólo una tiene petróleo.

Incrustada la alternativa en la reforma energética aprobada hace dos años por el Congreso, y madurada hace un año vía la publicación de Disposiciones Administrativas de Contratación, súbitamente a la paraestatal le entró la urgencia de aprobar la figura.

El problema es que ésta, cuestionada su legalidad por la oposición legislativa, está sujeta a dos Controversias Constitucionales en vías de resolución de la Suprema Corte, a petición de la Cámara de Diputados.

Pemex, pues, se está adelantando sin considerar un eventual revés.

Y, aún en caso contrario, la aprobación del modelo pareciera un menosprecio al máximo tribunal del país, por decir lo menos.

Ahora que no es la única irregularidad.

Hete aquí que el modelo presentado al Consejo de Administración de la paraestatal fue avalado por el abogado general de ésta… que no se encuentra ya en funciones.

Más aún, el dictamen realizado se planteó sobre un machote distinto al planteado para su aprobación.

Y aunque se alegó que éste había sido avalado también por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de Pemex Exploración y Producción, así como el de la matriz, la función de éstos no es definitiva, es decir sus opiniones, en tal caso, deben ser sancionadas por el Consejo de Administración.

Lo peor del caso es que la opinión se vertió, otra vez, sobre un documento distinto al presentado al Consejo de Administración, al que se ubicó como “versión previa”.

Ahora que el esquema había sido cuestionado en varias ocasiones por el consejero profesional Rogelio Gasca Neri, aduciendo su inconveniencia para los intereses de Petróleos Mexicanos y del propio Estado Mexicano, al margen de su dudosa legalidad.

Concretamente se le ubica una similitud con los contratos de participación o con las concesiones que se entregan en otros países, pero que en el nuestro están prohibidas por la Constitución.

Más allá, se cuestiona el que la tarifa por barril sea indexada conforme a la inflación de costos de la industria petrolera; el que en caso de algún saldo favorable al contratista se pueda acumular para su pago en meses posteriores, y que la remuneración a los contratistas sea ajustada por un factor R en función de los ingresos sobre los gastos.

Estamos hablando, pues, de un incierto en la remuneración final a la firma privada nacional o extranjera que obtenga el contrato.

Más allá, el hecho de que la paraestatal se comprometa a reembolsarle al contratista un gran porcentaje de sus costos, incluso los gastos de operación, en paralelo al pago por barril extraído sin límite, no incentiva a la eficiencia de los contratistas, ni a Pemex para imponer disciplina en su gasto.

Dicho con todas las letras, la ventana queda abierta para cubrir negligencias o prácticas abusivas, por más que se hable de una alineación técnica de intereses entre una empresa pública y una firma particular.

La experiencia, por lo pronto, ha sido desastrosa en países como Venezuela y Ecuador, y más recientemente Kazajstán.

Desde otro ángulo, la posibilidad de licitación de los “contratos incentivados” se volverá un galimatías para la paraestatal, dada la imposibilidad de comparar las propuestas de los licitantes, en un escenario en que cada uno de ellos utiliza diversas tecnologías para la extracción.

Ahora que se podría dar el caso que una firma ofrezca un precio bajo… con la posibilidad de recuperarse cargando costos muy por encima del resto de los competidores.

Como lee usted, la paraestatal se desbocó en su prisa por obtener el sí.

Por lo pronto, en la ruta hacia la que se camina Pemex se convertirá en un simple administrador de contratos.

Un paso más a la privatización.

Balance general

¿Se acuerda usted cuando a trasmano, en las entrelíneas, en la confidencia al amigo, la totalidad de la dirigencia de los organismos empresariales calificaba a Gerardo Ruiz Mateos como el peor secretario de Economía en toda la historia del país? ¿Se acuerda cuando pedían su renuncia en reuniones “en corto” con el presidente Felipe Calderón?

Bien, pues los tiempos cambian.

Invitado al tradicional desayuno de los viernes del organismo cúpula como orador oficial, el hoy funcionario de la Presidencia de la República fue bañado en elogios.

Los calificativos brincaban del “gran impulsor del comercio exterior” al de “funcionario de excelencia”, pasando por el de “héroe de la desregulación”. Poco faltó para hacer una colecta en pro de una estatua a la mitad de la Plaza de la Constitución.

La cargada del servilismo alcanzó a cinco de los siete dirigentes de organizaciones adheridas a la cúpula. Los otros dos apretaban los dientes y los puños.

Vitro la hizo

Finalmente el grupo Vitro, principal fabricante de vidrio en México, logró un paso más hacia la reestructura de su deuda y de pasadita su inscripción a un concurso mercantil preacordado, al rechazar una Corte de Bancarrota de Estados Unidos, una solicitud de sus acreedores minoritarios para emplazar a quiebra a las subsidiarias de la firma en ese país.

Más aún, se autoriza a la compañía mexicana a seguir obteniendo financiamiento del Bank of America y de su subsidiaria Vitro SAB.

De acuerdo al tribunal los solicitantes no proporcionaron una justificación legal.

Sin embargo, se aceptó homologar el concurso mercantil a que se acogerá la firma en nuestro país con el capítulo 15 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.

Digamos que había un proceso paralelo.

Los directivos de Vitro son tenedores de bonos de deuda que han manifestado abiertamente su inconformidad con el esquema de reestructura propuesto por la firma con sede en Monterrey.

El grupo representa al 6% de los poseedores de los papeles.