Opinion

“El gobierno me dijo muchas veces mujer mentirosa… Nunca nos creyó y ahorita estoy contenta porque ya salió la verdad… Ahora que salió la verdad lo que quiero es que se reconozca que el gobierno se equivocó con dos mujeres indígenas”, fue parte de lo que dijo Valentina Rosendo, indígena me’phaa, al dar a conocer que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió una sentencia a su favor y en contra del Estado mexicano.

El caso de Valentina es una desgarradora historia de abuso. “Anduve 8 años de buscar justicia, de sufrimiento, de dolor, que el gobierno no me creyera. Fue cerrar todas las puertas”. Ella fue violada por militares, en febrero de 2002, cuando tenía 17 años y hablaba sólo un poco de español. En su natal Guerrero no se le atendió ni se le hizo justicia, su marido la dejó y fue humillada por su comunidad donde “me discriminaron por mujer violada, como mujer que ya no vale…”. Hace ocho años salió de su comunidad y aún no puede regresar.

Al acudir a las instancias internacionales en busca de la justicia que no encontró en México, acompañada por el Centro de derechos humanos de la Montaña “Tlachinollan” y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), las presiones y amenazas siguieron en su contra y de su familia. Hace poco más de un año dos hombres golpearon a su padre “le rompieron el brazo. Ellos trabajan con los militares. Ellos amenazan a mis papás, les mandan decir que deje de denunciar”. También a fines de 2009 otros dos hombres intentaron secuestrar a su hija de tan sólo ocho años (para mayor información remitirse a www.tlachinollan.org).

La CoIDH sentenció al Estado mexicano a realizar una investigación para sancionar a los culpables de las agresiones en contra de Valentina y de Inés Fernández, otra joven mujer indígena también violada por militares, y a sancionar a los responsables de no atenderles en los distintos momentos del proceso legal. Igualmente pide que la sentencia sea publicada parcialmente en español y en me’phaa. Destaca también que como parte de la reparación de daño se cree un centro para promover los derechos de las mujeres indígenas, entre otras cosas.

La Secretaría de Gobernación anunció que acatará la sentencia, lo cual de inicio es muy buena señal, lo que sigue es que se cumpla, y para esto se tiene que asumir que en la atención a Valentina e Inés requiere acción de Estado, que involucre a las distintas dependencias y niveles de gobierno.

Diversas organizaciones de la sociedad civil, intelectuales y periodistas trabajan también en la constitución de un comité que vigile de cerca el cumplimiento de esta sentencia, pues no podemos permitir, gobiernos y sociedad que abusos como los vividos por estas indígenas se repitan.