Opinion

De entrada, aprobado el 21 de julio pasado ante un angustioso tronadero de dedos el utilizar, o si prefiere extraer 29 mil 815 millones de pesos de las reservas para evitar la parálisis, hete aquí que la cantidad se disminuye en nueve mil 841 millones de pesos.

La rascada, pues, sería sólo de 19 mil 976 millones, de las cuales 850 provendrían de la Reserva de Operación para Contingencias, y 19 mil 126 de la subcuenta uno del Fondo para el Cumplimiento de las Obligaciones de Carácter Legal y Contractual.

Y aunque en principio la reducción representa una medida sana en función del peligro latente de una eventual sequía total de las reservas del organismo, en un escenario en que se arrastra un déficit millonario en los seguros médicos y un colosal pasivo o laboral, lo que obliga a racionalizar las extracciones como fuente complementaria de ingresos, el problema es que el esfuerzo, la buena acción, la reversa es con cargo al Instituto.

Los nueve mil 841 millones de pesos que dejarán de drenarse implicarán disminuir, en esa proporción, el gasto programable.

Estamos hablando de una formidable poda con cargo a la compra de instrumental médico, medicinas, construcción de unidades hospitalarias y equipamiento de éstas.

Si hoy la situación es crítica, con operaciones que se posponen por meses; recetas que nunca se surten; colas para consulta que se vuelven crónicas, imagínese usted en 2011.

Adicionalmente, el Instituto deberá de generar ahorros suficientes para reforzar sus reservas con 8 mil 790 millones de pesos, además de pagar intereses por 513 millones del monto extraído en la Reserva de Operación para Contingencias.

Se diría, pues, que si el Seguro Social logrará librar este año con topes y empellones, el próximo entrará al peor laberinto de su larga existencia.

Por lo pronto, el presupuesto para 2011 señala que no existe posibilidad alguna de contratar a un solo médico, enfermera, afanadora o personal de oficina más, es decir la nómina permanecerá intacta con 392 mil 393 plazas, manteniéndose, empero, un presupuesto para pago de honorarios de 167 millones.

Aún así, el monto del pasivo laboral, es decir, el faltante de reservas para hacer frente al Régimen de Jubilaciones y Pensiones de sus propios trabajadores, alcanzará el inaudito monto de ¡un billón 499 mil 358 millones de pesos!

En el mismo horizonte de precariedad total, el Instituto sólo podrá disponer de un fondo operativo de cinco mil 332 millones de pesos, de los cuales cuatro mil 150 se destinarían a obra pública y mil 182 para compra de muebles o inmuebles, lo que apenas alcanzaría para el pago de obras iniciadas en ejercicios anteriores, y en tal caso su equipamiento.

Ahora que si sobran por ahí algunos centavitos, hasta se podría hablar de adquisición de equipo médico y no médico necesario.

De acuerdo a lo estimado por su Dirección de Finanzas, durante 2011 el organismo recibirá ingresos entre cuotas obrero-patronales, contribuciones y aportaciones, por 51 mil 652 millones de pesos, es decir un monto similar al de 2010.

Sin embargo, el gobierno federal estaría obligado a constituir un fondo para cubrir las pensiones en curso por un total de 112 mil 86 millones de pesos.

La obligación está inscrita en el artículo duodécimo transitorio de la Ley del Seguro Social.

La aportación mínima para el año próximo sería de 2 mil 910 millones.

Como lee usted, pues, desdeñada por el gobierno la prioridad que representa la seguridad social para el país, la Secretaría de Hacienda continúa jalando la cuerda que está ahorcando al Instituto.

Y aunque en el horizonte habría una rendijita: cabildear ante la Cámara de Diputados en la fase de discusión del presupuesto de egresos para el 2011 para evitar el colapso, hete aquí tanto funcionarios como integrantes del Consejo Técnico tienen prohibido hacerlo.

Naturalmente, tampoco hay opción de un eventual aumento de cuotas o de mayores transferencias del gobierno.

Puntilla para el IMSS.

Balance General

Sin haber dado luz verde al procedimiento, el juez de lo concursal que le dio entrada a la solicitud de concurso mercantil o procedimiento de quiebra ordenada de Mexicana de Aviación, la firma estará sujeta a la administración de un conciliador especialista en concursos mercantiles, en afán de ubicar con claridad los boquetes.

El cargo recaería en Thomas Heater o Miguel Arroyo.

El primero atendió el caso de Satélites Mexicanos, por más que finalmente no se logró una salida equilibrada. El segundo atendió a su vez el de Aviacsa, logrando equilibrar la relación entre activos y pasivos para una quiebra ordenada.

La exigencia está inscrita en las condicionales colocadas en la mesa por el fondo de inversión Advent Internacional para capitalizar la firma con una aportación inicial de 49 millones de dólares.

Adicionalmente, el fondo exige que el gobierno ponga su parte, es decir, de entrada, que se destierre cualquier tentación de cancelar la concesión, y que se renueven las líneas de crédito para el abasto de combustible.

Naturalmente, la Secretaría de Hacienda alargaría los plazos de redención de los créditos fiscales que le fincó a la compañía por incumplimiento en el pago de derechos e impuestos.

La Secretaría del Trabajo, a su vez, deberá protocolizar los acuerdos entre Advent y los sindicatos de pilotos y sobrecargos, entre ellos que el contrato colectivo de trabajo que prive sea el de Mexicana Click.

Atrapan a la SCT

Finalmente, a querer o no, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá aplazar la entrega de las concesiones a las firmas ganadoras de la licitación de espectro de telefonía celular en la banda de 1.7 gigahercios, hasta en tanto enfrente un proceso judicial promovido por TV Azteca Comercializadora.

Colocada en la mesa desde hace dos semanas una medida cautelar dictada por un juez de Matamoros que obligaba a suspender la licitación, la dependencia usó una serie de argucias para no darse por notificada, entre ellas el desconocer la paternidad de su Centro localizado en la ciudad fronteriza.

El caso es que el jueves a las 15 horas la notificación llegó al domicilio de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, quien no tuvo ya salida para recibirla.

Y aunque quería alegar que la bolita no estaba en sus manos, dado que había entregado ya su dictamen sobre la licitación a la SCT, hete aquí que el emplazamiento era para ambos.

¿Y dónde está el piloto?

Aunque el título podría ser sugestivo: “¿Quién manda en México?”, lo cierto es que el último libro del presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, Luis Pazos, está muy lejos de ser crítico del Ejecutivo.Lo curioso del caso es que se haya convocado para presentarlo a los ex secretarios de Hacienda, Francisco Gil Díaz y Pedro Aspe Armella, a quienes moderará el rector de la Escuela Libre de Derecho, Fauzi Hamdam Amad.