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Empresa | Alberto Barranco

Matan certificación mexicana

Periodista, cronista de la Ciudad de México, hombre de letras y, al mismo,tiempo profesional de la economía. Analiza en la radio y en la pren ...

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En acatamiento fiel a una consigna de la Casa Blanca avalada en su momento por el presidente Felipe Calderón, la Secretaría de Economía publicará en los próximos días seis acuerdos que volverían equivalentes las normas de Estados Unidos y Canadá para evaluar la seguridad de equipos eléctricos y electrónicos

Jueves 19 de agosto de 2010

En el terreno práctico, el nuevo marco implicará el que los productos del ramo procedentes de ambos países hacia el nuestro ya no serán evaluados a su ingreso. Paso franco, pues, para millones de mercancías.

La justificación es simple: desregular para agilizar el comercio internacional, a contrapelo de que Estados Unidos sea el país más regulado del mundo, o que en la mayoría de las naciones desarrolladas se implanten normas tan o más sofisticadas que las nuestras.

El colosal regalo, inscrito como otro de los actos estelares del gobierno panista para conmemorar el Bicentenario del inicio de la lucha por la Independencia, se inscribe como colaboración de nuestro país a la cruzada nacional de exportación lanzada por el presidente Barack Obama.

México, pues, pone la alfombra.

El problema, de entrada, es que la medida de sometimiento del país a los dictados del tío Sam representa la puntilla para el sistema nacional de metrología, normalización y verificación que le ha costado al país 88 años para construirlo.

En paralelo, se le abre la puerta sin opción de reciprocidad al ingreso de productos fabricados en China, no sólo por plantas de los Estados Unidos instaladas en ese país, sino las propias; es decir, equipos y aparatos de marcas dudosas, en la magia del contrabando documentado.

Certificación, pues, Made in USA.

A quién le importa la protesta airada de las Cámaras Nacionales de la Industria de Transformación y de Manufacturas Eléctricas, quienes el 28 de julio pasado le dirigieron una carta al titular de la dependencia, Bruno Ferrari, advirtiéndole del efecto demoledor de la medida.

A quién le importa la advertencia de uno de los técnicos más reconocidos en materia de metrología del país, Francisco Reed, lanzada en un Simposium Latinoamericano de Energía realizado la semana pasada, señalando que el esquema lo habían probado entre sí Estados Unidos y Canadá… con resultados desastrosos.

Se trata, pues, de un segundo intento que incluye ahora a México, a contrapelo de una serie de asegunes:

- Las normas, los productos, los voltajes en los sistemas eléctricos no son iguales. De hecho, las NOM son herramientas del gobierno para asegurar el bienestar de los consumidores según su propia circunstancia.

El gobierno —señala el experto— no puede abdicar de esta responsabilidad a favor de las compañías privadas extranjeras, más aún cuando aplicadas en el país puedan poner en riesgo la salud de los connacionales.

- La reducción del costo sería absolutamente marginal: el precio promedio de un certificado es de 10 mil pesos… para varios años.

- El supuesto ahorro sería en beneficio de los proveedores extranjeros y los importadores.

- La facilitación de importaciones iría en contra del empleo. ¿No ha bastado con tener una de las economías más abiertas del mundo, sin financiamiento adecuado para las empresas y un peso sobrevaluado?

- Sería una cesión gratuita, es decir, sin reciprocidad al calce, de México a Estados Unidos y Canadá.

- Estaríamos más expuestos a penetración de productos asiáticos y de otras regiones con falsos certificados difíciles de detectar y detonar.

- La medida desalentaría nuestros esfuerzos en materia de normalización y desarrollo tecnológico, que en materia eléctrica ha sido muy normado y dañado en los últimos 25 años.

Lo curioso del caso es que la mayoría de quienes se oponen a la medida entreguista no están en contra de continuar un proceso de homologación de las normas de México, Estados Unidos y Canadá, pero sí de declararlas equivalentes.

Mientras México le pelea a Estados Unidos el que se detenga el flujo de armas al país, le abre la puerta para lanzar una catarata de mercancías de dudosa calidad.

Lo curioso del caso es que hasta hoy la única justificación esgrimida por la Secretaría de Economía habla de cuestiones monetarias. Según ello, el abolir la verificación mexicana a las mercancías Made in USA le permitiría al consumidor el pagar tres mil millones de pesos que repercuten en el costo de las mercancías.

El argumento consideraría que tanto importadoras como intermediarias se convertirían en hermanas de la caridad, al regalarle al público el ahorro obtenido… con la novedad de que no se exhibe un estudio serio que avale la cantidad señalada.

Se diría que salió de la chistera. El caso que el vigilar el respeto a las Normas Oficiales Mexicanas implica para las firmas importadoras o los exportadoras una erogación equivalente al 0.003% del costo final del producto.

¡Viva México!

Balance General

Tras la acción relámpago de Nextel de cubrir la contraposición reclamada, es decir, 180.3 millones de pesos, por la concesión de una red nacional de telefonía celular en la banda de 1.7 gigahercios, está la intención de consolidar su alianza con Televisa, sujeta a obtener el espectro.

Lo curioso del caso es que la firma estadounidense soslayó la prebenda otorgada por el Congreso que permite diferir dos años el pago inicial de la concesión, en paralelo a que, entre el dicho y el hecho, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debe hacer un pronunciamiento formal sobre la legalidad de la licitación, tras el aval otorgado por sólo dos de los cinco integrantes del pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Como usted sabe, la empresa de Emilio Azcárraga Jean firmó una carta-compromiso en la fase previa a la licitación, para adquirir el 30% del capital de Nextel. La factura sería de mil 440 millones de dólares.

Yo no sé nada

Aunque sus directivos hasta ayer no habían externado opinión alguna, voceros oficiosos de Mexicana de Aviación señalan que la oferta planteada por el fondo Advent Internacional para rescatar la empresa está aún en el aire.

La razón es simple, la negociación la realizó el gobierno a espaldas de la firma, para evitar el anunciado cierre total de vuelos, previsto para ayer.

Sin embargo, la empresa intenta ganar tiempo en espera de una resolución favorable a su causa en el sí o no de la Suprema Corte de Justicia al amparo solicitado por la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación contra una resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que permite desmantelar el Contrato Colectivo.

Ésta, como recordará usted, surgió tras plantear la compañía un Conflicto Colectivo de Naturaleza Económica, alegando inviabilidad ante lo que se calificó de pesada carga laboral.

El problema es que para algunos de los ministros la autoridad laboral fue parcial al no exigirle a la empresa poner su parte, es decir, capitalizarla.

 



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