Opinion

Por la vía del ataque a las y los periodistas, nuestra democracia está en grave riesgo, pues sin libertad de expresión ésta simplemente no se da. Las señales de alarma llevan ya varios años activadas y no pasa nada, bueno, lamentablemente sí pasa, las agresiones y el nivel de violencia en contra de la libertad de expresión van en dramático ascenso. México es, desde hace tiempo, el segundo país más peligroso para el ejercicio del periodismo, ¡sólo superado por Irak! ¿Cómo llegamos a un contexto en el que los periodistas son moneda de cambio para la delincuencia?

Los comunicadores se enfrentan a un escenario en el que se actualizan las dos hipótesis de violación a los derechos humanos, es decir, por la acción y la omisión del Estado. Esta última toma cada vez tintes más graves. La PGR y su Fiscalía especializada han mostrado una incapacidad alarmante, lo que en gran medida explica lo que hoy vivimos. El mensaje permanente es que en este país se ejerce el periodismo bajo propio riesgo y cuenta. Ante los ataques a los periodistas, la impunidad es la norma, no hay culpables.

El Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) ha trabajado este tema como pocas entidades, públicas o civiles, en nuestro país, y hace años viene informando sistemáticamente lo que sucede y la debilidad, casi nulidad, de la respuesta del Estado mexicano a este desafío. Cencos reportó recientemente que “desde el año 2000, al menos 57 periodistas han muerto y 10 permanecen desaparecidos. Sólo de 2009 a lo que va de 2010 se contabilizan, al menos, 17 asesinados y dos desapariciones”. Destaca que la mayoría de las víctimas daban cobertura a temas relacionados con el narcotráfico y la corrupción política y que se trata de muertes y desapariciones de periodistas de ámbito local.

Ante esto ¿qué medidas tomar? Retomo algunas propuestas de Cencos: la radical transformación del desempeño de la PGR y su fiscalía especializada; la federalización de los delitos contra la prensa, aún atorada en la Cámara de Diputados, y atención a las recomendaciones de organismos internacionales. También las empresas y directivos de los medios de comunicación pueden contribuir a la protección de los periodistas, entre otras formas, garantizando las condiciones laborales adecuadas para su desempeño profesional.

Los periodistas tienen sus propias tareas, como desarrollar criterios comunes para dar cobertura a los temas de violencia, narcotráfico y corrupción política, así como códigos para la protección de medios y colegas agredidos. A la sociedad toda, nos queda transformar la indignación en acción, tomar medidas eficaces para que no se pierdan los medios al servicio de la democracia.