Opinion

Ante la sorpresa de todos, el presidente Felipe Calderón reconoció el martes las críticas a la estrategia de seguridad de su gobierno. Dijo “estar dispuesto a revisarla, fortalecerla y perfeccionarla”, y reconoció que los ciudadanos “exigen resultados y esos resultados todavía son un saldo pendiente”.

El insólito reconocimiento no sólo sorprendió a los malquerientes del Presidente sino que les arrebató un estandarte que había cobrado carta de naturalización en los meses recientes: que la estrategia contra el crimen no era la adecuada, que había que revisarla, fortalecerla y perfeccionarla. Bien, pues Calderón ya aceptó esa posibilidad.

Pero cuando en el imaginario colectivo aún no se procesaba el gesto inédito de autocrítica presidencial, el propio Calderón le arrebató a sus críticos otra bandera, aún de mayor repercusión. Dio la bienvenida al debate sobre la legalización de las drogas en México, que no pocos actores políticos y sociales han propuesto como “plan B” a la lucha contra bandas criminales.

¿Y ahora qué argumentarán críticos y malquerientes de Calderón? Seguramente muy pronto se les ocurrirá otra cosa, mientras tanto queda claro que el Presidente está en campaña. Es decir, que son muchos los indicios de que Felipe Calderón dio por terminada la etapa de su gobierno de “lanzar cohetes”, y que ahora está en la fase de “recoger varas”. ¿Y qué quiere decir lo anterior? Elemental, que Calderón ya está en campaña, que hará suyas todas las banderas y estandartes de sus críticos, y que convertirá en proyectos electorales —de una campaña presidencial sin candidato— las críticas de sus detractores.

Y es que no se entiende de otro modo —que el electorero— que, a meses de entrar al quinto año de su gobierno y luego de casi 30 mil muertos producto de la guerra contra el crimen, Calderón reconozca la necesidad de “revisar, fortalecer y perfeccionar” su estrategia contra el crimen organizado y el narcotráfico, y que hacia el final de su gobierno —cuando todos los partidos y los grupos políticos trabajan en sus aspiraciones presidenciales—, de la bienvenida al debate sobre la legalización de la droga.

En política, dicen los viejos maestros de ese arte, “no hay sorpresas, sino sorprendidos”. Por eso, a nadie debe sorprender que Felipe Calderón reconozca fallas en lo que ha sido el corazón de su gestión —la lucha contra el narcotráfico— y que acepte el debate de la legalización de las drogas. Total, hacia el final del gobierno, y una vez que la disputa político-electoral rompió toda posibilidad de una alianza legislativa PRI-PAN, lo de menos es poner en marcha la temporada de “recoger varas”.

Hoy es más rentable para el Presidente, para su gobierno y la imagen de su partido el discurso de la tolerancia y la comprensión que el de la terquedad que le caracterizó a Felipe Calderón. Lo curioso es que en tiempos electorales nadie le entrará a la revisión, fortalecimiento y perfección de la estrategia presidencial contra el crimen, y menos al debate sobre la legalización de las drogas. Por si no se habían dado cuenta, esos ya son temas electorales, de campaña. Por eso vale decir que Calderón “está en campaña”.

LA CORTE Y EL FUERO MILITAR

En donde también se agitan las aguas por “la otra sucesión” es en la Suprema Corte, donde también habrá cambio de presidente. Mientras tanto, el máximo tribunal es noticia porque ratificará la constitucionalidad de los matrimonios de personas de mismo sexo y la adopción de hijos por esas parejas. Sin embargo, en los próximos días podría sorprender a propios y extraños con otra noticia también histórica. ¿De qué estamos hablando?

Poca cosa, que es posible que el pleno de la Corte entre al tema del “fuero militar” y que, con ello, logre establecer jurisprudencia para que —conforme a estándares internacionales— dicho “fuero” esté destinado exclusivamente a juzgar militares por delitos militares, que solo tenga competencia para conocer de delitos y fallas militares, a no tener jurisdicción sobre civiles, bajo ninguna circunstancia, a no tener competencia para conocer de asuntos en los que la víctima u ofendido sea un civil, aunque el delito sea cometido por un militar, y no tener competencia para juzgar violaciones a los derechos humanos.

¿Y de dónde saldrá esa maravilla?

Resulta que la Corte responderá a la sanción que impuso a México la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el llamado “Caso Radilla” —de un civil desaparecido en un retén militar en 1974 en Atoyac de Álvarez—, y para ello someterá al pleno un proyecto en el que se establece que un civil en ningún caso puede ser sometido a la jurisdicción militar o fuero de guerra y que si hay un civil complicado en un delito o falta quien debe conocer es la autoridad civil, sea como sujeto activo o pasivo. Si le entra la Corte al tema, podría significar un cambio radical a la interpretación del artículo 13 constitucional, en cuanto a abusos militares.