Opinion

Aquí en donde la realidad nos da una bofetada. Vea: Los grupos parlamentarios del PAN (todos los diputados panistas representados en los Congresos locales) se han unido para exigir que este 4 de julio las policías estatales y municipales no salgan a las calles y se queden acuarteladas. Temen su “uso político”, obvio, en donde gobierna el PRI. En pocas palabras, no confían en la limpieza de esas fuerzas. Valdría preguntarse: ¿Y tantas “purgas” hechas en cuatro años no han servido siquiera para confiar en esas corporaciones? Eso por un lado; por otro: ¿Entonces por qué promueven “policías únicas” por estado desde el Ejecutivo federal, que está en manos de panistas? La medida equivale a entregar las fuerzas de seguridad a los gobernadores, ¿no? Y no se trata sólo de los estados priístas; lo mismo podría decir el PRI de la policía de Guanajuato o de Querétaro. El caso es que luego de tantos desarmes, purgas, desarticulaciones, imposiciones de jefes y demás, no hay policías confiables. Deje a un lado que combatan el narco: siquiera que cuiden casillas. Pues así estamos.

El documento está muy claro. Lleva la firma de los representantes de las bancadas en la Cámara de Diputados y en los casos de ausencia, firma el vicecoordinador. Acuerdo único: iniciar un procedimiento para revisar si aplica el juicio político contra el ex director del IMSS y actual secretario de SCT, Juan Molinar Horcasitas, por la tragedia en la guardería ABC. Pues estaba claro por la mañana de ayer, porque quien lo firma por el PAN, Carlos Alberto Pérez Cuevas, lo rechazó por la tarde. Le jalaron las orejas. Lo rescatable es que la nueva posición del PAN es interesante: retomar el caso Molinar pero incluir el Atenco y Lydia Cacho-Puebla, en los que también hubo investigaciones de la Corte y fallos controversiales. Difícil que avance.

Sustentado en audios, PAN y PRD acusan a los gobernadores del PRI de malversar fondos públicos para apoyar a sus candidatos. El PRI dice que el PAN y el PRD se están sirviendo del aparato de espionaje del gobierno federal, que también es malversar. Gobernación niega que las grabaciones vengan del Cisen. ¿Cómo aclarar este enredo? Simple: basta con que la autoridad aplique la ley e investigue el origen de estas grabaciones. Reaparece aquí la desconfianza en las instituciones: El PRI no le creerá a César Nava, líder nacional del PAN, ni a Jesús Ortega, del PRD, cuando digan que les llegaron de manera anónima. No creerá en la imparcialidad de la autoridad investigadora, que si es federal está en manos de panistas. Por eso las acusaciones no pasan de ser tema mediático. Por eso nadie levanta la mano y dice: “A ver, me corresponde. Yo investigo”.

Apunte final: Hasta este domingo 27 de junio los mexicanos seguiremos soñando. Y el domingo 4 de julio, una semana después, de regreso a la realidad.