Opinion

La autonomía e independencia del Poder Judicial quedó en duda después de su reciente fallo sobre el caso de la guardería ABC; la intromisión del gobierno federal en la discusión del tema, a través de la presencia directa del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en la Corte, y la posterior adopción de los argumentos textuales del Ejecutivo federal en el voto y las argumentaciones de ocho ministros —no señalar públicamente faltas éticas o morales de funcionarios federales— representa una clara sumisión de la mayoría de los ministros al dictado que les mandaron desde Los Pinos y que acataron fielmente: no aceptar, por ningún motivo, el señalamiento público como “responsables” de los colaboradores del Presidente.

Salvo el caso de los ministros Olga Sánchez Cordero, Juan Silva Meza y el autor del dictamen desechado, Arturo Zaldívar, el resto de los ministros actuaron y votaron en este caso paradigmático, más como empleados del Presidente y su gabinete, que como auténticos representantes de uno de los tres poderes constitucionales. En su fallo, la mayoría de ministros privilegió “la defensa de las instituciones” (aunque más bien fue de los políticos que las encabezan) que la defensa del pueblo al que, según la Constitución, se deben y representan.

La vida de 49 niños que murieron en aquella tragedia, que no hubiera sido de la misma magnitud sin la presencia de las omisiones, la negligencia y la corrupción de los responsables de autorizar la operación irregular de aquella guardería, no valió nada para los ministros Guillermo Ortiz Mayagoitia, Margarita Luna Ramos, Salvador Aguirre Anguiano, Luis María Aguilar, José Fernando Franco, José de Jesús Gudiño, Sergio Valls Hernández y José Ramón Cossío, quienes consideraron más importante proteger a los funcionarios señalados en el dictamen —Juan Molinar y Daniel Karam, además del ex gobernador Eduardo Bours— que responder al clamor de justicia de los padres de aquellos niños muertos y de buena parte de la sociedad mexicana.

Ministros que sólo conciben la justicia si no afecta a los intereses del poder, llamado en este caso, eufemísticamente, “instituciones”. Y si no, que expliquen los ministros, especialmente el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, ¿por qué aceptó recibir la visita del secretario de Gobernación en plena discusión del caso ABC para escuchar a Gómez Mont en calidad de abogado defensor de los funcionarios responsables? ¿Por qué también otros ministros recibieron a Juan Molinar Horcasitas y a Eduardo Bours, a quienes permitieron cabildear con ellos y por qué no les dieron el mismo derecho a los padres de los niños, que no fueron recibidos por los ministros para escuchar sus argumentos?

Escuchar sólo a una de las partes involucradas en el caso pesó demasiado en los ministros, que a la hora de votar repitieron, casi intactos, los argumentos que les fue a presentar Gómez Mont, que aducía “la imposibilidad de emitir fallos éticos y morales contra servidores públicos”.

Pero el sometimiento de la Corte fue total; además de no mencionar los nombres de los funcionarios federales responsables, los ministros también acataron otra petición directa del Presidente a través de su enviado: no cuestionar la legalidad del régimen de subrogación de guarderías, porque de hacerlo —les dijo Gómez Mont— provocarían un serio problema presupuestal al gobierno, que no tiene los recursos para atender a todos los niños que actualmente están en custodia bajo ese esquema.

Así que los ministros, al menos los ocho que votaron contra el dictamen de Zaldívar, acataron fielmente las órdenes y los intereses del Presidente y optaron por una “defensa institucional” que es la misma que les garantiza mantener sus ofensivos y onerosos sueldos de casi 400 mil pesos mensuales, junto con todas sus canonjías. ¿La exigencia de justicia y la esperanza de millones de mexicanos que los veían como los únicos capaces de dictar justicia para los niños de Hermosillo? Eso no era importante para la mayoría de los ministros de la Corte.

CALDERON vs. PRI: COMENZÓ LA GUERRA

El espionaje político que exhibió crudamente los modos ilegales con los que están operando los gobernadores del PRI —y también del PAN y el PRD— en los actuales comicios en 12 estados, sirvió no sólo para confirmar, con el ejemplo gráfico de Fidel Herrera, que el desvío de recursos públicos a todos los niveles sigue siendo la mayor fuente de financiamiento de las campañas políticas en México, sino también fue el primer misil que escaló la confrontación política entre el presidente Felipe Calderón y las cúpulas del PRI a niveles de guerra sucia y golpeteo, que irán en aumento de aquí al 2012.

Sin menoscabo de los delitos electorales que se escuchan con toda claridad en las grabaciones y que ni siquiera es seguro que puedan y quieran sancionar, el golpe político a Fidel Herrera tiene todo el sello de una práctica autoritaria del viejo régimen que Calderón parece haber continuado y perfeccionado: el uso del aparato de inteligencia y seguridad del Estado para espiar a los adversarios políticos, ya no para mantener sobre ellos un control, como lo hacían los gobernantes del PRI, sino para usar esas grabaciones con fines político-electorales que beneficien al partido del Presidente.

Para decirlo con toda claridad: no es que al PAN ni al Presidente les importe o les preocupe que Fidel Herrera, igual que muchos otros gobernadores panistas, utilicen ilegalmente el dinero público para financiar campañas, porque si de eso se tratara tendrían instrumentos institucionales para documentárselo y llevarlo ante las instancias judiciales que lo sancionaran; no, lo que aquí se buscó fue el efecto político y electoral que tendrá mostrar crudamente a un gobernador que “opera” igual que hace 70 años y al que la democracia y los miles de millones de pesos que hemos gastado los mexicanos en construir instituciones y procesos electorales “confiables”, le tienen sin el más mínimo cuidado.

Vaya, César Nava y su jefe el Presidente, no quieren castigar a Fidel ni a cualquier otro gobernador que esté violando la ley, lo que buscaron al espiarlo, grabarlo y difundir ilegalmente sus grotescas conversaciones, fue ver cuántos puntos le pueden bajar en las encuestas al candidato del PRI a la gubernatura —al “apendejado” Javier Duarte, como lo llama el gobernador—, y ver si con esos puntos que le quiten pueden hacer que Miguel Ángel Yunes, a quien Calderón hizo candidato, puede así ganar la gubernatura.

Estamos, pues, ante un duelo de cínicos y violadores de la ley: por un lado un gobernador que utiliza el presupuesto de su estado como fuente para comprar su tranquilidad política futura y hacer que ganen sus candidatos, y por el otro un gobierno federal al que no le importa espiar y violar las leyes y que también utiliza el aparato y los recursos de todos los mexicanos para ayudar a ganar a los candidatos de su partido. Ni a cual irle.