Opinion

En respuesta a la Ley de Seguridad Nacional, aprobada por el Senado, la Secretaría de la Defensa determinó que de aprobarse por los diputados en sus términos “sería una violación constitucional”.

Y es que según la Sedena, el patrón violento de la delincuencia organizada y el narcotráfico ya desbordó “ampliamente el ámbito de la seguridad pública”, y se ha convertido en un problema de seguridad interior y, por consecuencia, de seguridad nacional. En el Senado no se entendió que se requiere dar sustento legal a la participación de las Fuerzas Armadas “ante un problema de seguridad nacional, no de seguridad pública”.

Por eso, los militares sostienen que la fracción V del artículo 69 de la reforma del Senado, “restringe la posibilidad de que las Fuerzas Armadas participen como responsables directas de la atención y solución de un problema de seguridad interior”; misión general del Ejército y fuerza aérea mexicanos, “que no tiene ninguna otra institución” nacional.

Además, los militares aseguran que la reforma del Senado “limita la facultad del Ejecutivo federal”, en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, al obligarlo a disponer de esas fuerzas “únicamente para el auxilio de autoridades civiles rebasadas por un problema de seguridad pública” que escaló la seguridad nacional e interior.

En el terreno político y operativo de la reforma, los militares aseguran que “resultaría inoperante” el proceso burocrático establecido en el artículo 69, para emitir una declaratoria de afectación a la seguridad interior, “ya que las autoridades locales, en rara ocasión tomarán la decisión de asumir la responsabilidad política, histórica, social y jurídica de su competencia”.

De aprobarse, advierte un análisis miliar de la reforma —en poder de Itinerario Político—, se impide al Ejecutivo y a las Fuerzas Armadas, “afectar con mayor contundencia la estructura orgánica, financiera y logística de la delincuencia organizada” y “generar inteligencia para atender una afectación a la seguridad nacional”. Por eso los militares reclaman ser responsables de garantizar la seguridad nacional, toda vez que es una misión primaria y constitucional del Ejército y Fuerza Aérea.

Pero además piden que se reconozca que el crimen organizado y el narcotráfico son problemas que rebasaron la seguridad pública y que son de “seguridad interna y seguridad nacional”, y facultar a las Fuerzas Armadas en los terrenos “operativo y de inteligencia”, para su combate. Y aún algunos ingenuos dicen que los militares están felices.

EN EL CAMINO Por cierto, la PGR mostró que su titular y su vocero están lejos de lo que reclama el país. ¿Hasta cuándo lo entenderá Felipe Calderón? Claro, si es que está enterado.