Opinion

Desde su tercer Informe de gobierno, el presidente Felipe Calderón se había comprometido a enviar la iniciativa para reformar la ley de Competencia que, de ser aprobada, implicará un fortalecimiento de la CFC, que preside Eduardo Pérez Motta, tanto en sus facultades para aplicar sanciones que podrán ascender hasta 10% de los ingresos de las empresas que incurran en prácticas absolutas anti competitivas y de 8% en prácticas relativas.

El decálogo de medidas anunciadas ayer por el Ejecutivo fueron recibidas como un balde de agua fría por parte de todas las empresas a las que están dirigidas y que van más allá de Telmex y Telcel, porque abarcan sectores como el cervecero, refresquero, cementero, televiso y todos aquéllos en los que hay una empresa que pueda considerarse como dominante.

Las empresas han logrado a través de su cabildeo en el Congreso frenar iniciativas anteriores en materia de sanciones y será interesante ver los cambios que se realizan a esta reforma que es la más ambiciosa presentada hasta la fecha, porque realmente busca limitar a las empresas no sólo con la amenaza de sanciones más severas, sino también con la posibilidad de que la CFC aplique medidas cautelares, congelando activos sin tener que esperar que concluyan los juicios que pueden prolongarse por años. La CFC podrá realizar visitas de verificación de manera más eficiente ya que las empresas estarán obligadas a proporcionar la información que exija la CFC lo que deberá agilizar todos los procesos tanto de sanciones como de declaraciones de poder sustancial de mercado cuando no sólo una, sino más de una empresa, puedan imponer condiciones de abasto que inhiban la participación de competidores.

Un avance también que la CFC pueda revisar, son las prácticas anticompetitivas de empresas paraestatales — desde luego Pemex— y de emitir lineamientos para que sea más eficiente y competitivo el programa de compras de gobierno.

No todas son, sin embargo, malas noticias para las empresas, porque se simplificarán los procesos de notificación de reestructuras y concentraciones que en su gran mayoría – 90% - son aprobados y constituyen hoy un viacrucis para las empresas.

Además se establece la posibilidad de que las empresas puedan llegar a un acuerdo con la CFC antes de que termine la investigación o el procedimiento de sanción reconociendo su falta y corrigiendo sus prácticas anticompetitivas.

MAYOR COSTO POR FALTA DE COMPETENCIA

El presidente Calderón está decidido a combatir ahora sí a los monopolios y en la presentación de su iniciativa de reforma, aseguró que más de 30% del gasto de los hogares se destinen a comprar productos con mercados con problemas de competencia que son 40% más caros precisamente por la falta de competidores.

Aunque el Presidente no citó la fuente, se trata de un estudio realizado por Carlos Urzúa, del ITESM que se puede consultar en la página de la CFC realizado en 2008 con datos de la ENIGH.

Lo interesante no son sólo los mercados con problemas de competencia sino las empresas mencionadas: Grupo Maseca en tortillas y harina de maíz; Sigma Alimentos, Grupo Bafar y Qualtia Alimentos en carnes procesadas; Bachoco, Pilgram’s Pride y Tyson en pollo y huevos; Lala y Alpura en leche; Femsa Coca Cola y Pepsico en refrescos, jugos y agua; Modelo y Cuauhtémoc en Cervezas; Casa Saba y Nadro en distribución de medicinas.

Entre sus conclusiones Arzúa destaca que los poderes monopólicos y oligopólicos generan pérdidas sociales que además son regresivas porque afectan más a quienes menos tienen y Calderón busca que esta reforma sea una herramienta para combatir la desigualdad y pobreza y mejorar la competitividad del país.

HOY SE DEFINE PRÓRROGA AL RENAUT

Aunque tanto el presidente del Senado, Carlos Navarrete, como el senador del PAN, Santiago Creel, han insistido en que no habrá prórroga para el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, Renaut, que en principio vence el próximo sábado 10 de abril, hoy las concesionarias harán un último intento apoyadas por la bancada del PRI para lograr que se otorgue la prórroga de un año.

El hecho es que a cuatro días de que venza el plazo todavía hay más de 30 millones de usuarios que por desidia, ignorancia o deliberadamente se han negado a registrarse y lo que es un hecho es que ni las propias concesionarias saben hoy día —porque no hay un padrón confiable de usuarios— cuantos usuarios son realmente activos.

El otorgar la prórroga implicará para muchos expertos que el RENAUT pierda todo sentido y lo más preocupante es que no se cumplirá con el objetivo básico de combatir las extorsiones vía telefónica.