Opinion

Humberto Treviño, subsecretario de Transporte de la SCT, y directamente responsable de la licitación del nuevo aeropuerto de la Riviera Maya, rechaza en forma tajante las críticas de Banamex- Citi— principal accionista de Aeroméxico— que calificó el proyecto como un destructor de valor, tanto para el ganador, como para el aeropuerto actual de Cancún que pertenece al grupo Asur que encabeza Fernando Chico Pardo.

Treviño asegura que la SCT realizó estudios muy completos que abarcan no sólo aspectos técnicos de medio ambiente y hasta arqueológicos, sino financieros, con ejercicios sobre demanda, cuotas, costos y la rentabilidad del nuevo aeropuerto.

La conclusión asegura Treviño, es que el aeropuerto de la Riviera Maya tiene un gran potencial para atraer inversión turística, y lejos de considerarse como una competencia permitirá también un mayor desarrollo del aeropuerto de Cancún por el potencial turístico de la región y da como ejemplo el hecho de que hoy día el aeropuerto de Punta Cana en República Dominicana recibe ya, el doble de aeronaves que el de Cancún.

Reconoce sin embargo, que se trata de una inversión de mediano y largo plazo que es la visión con la que deben realizarse las inversiones en infraestructura y en este caso estamos hablando de más de 3 mil 200 millones de pesos, más 800 millones adicionales de inversión en los primeros cinco años.

En cuanto a la participación de la empresa Asur, la decisión será, como ya la informamos, de la Comisión Federal de Competencia (CFC).

INCERTIDUMBRE SOBRE PRÓRROGA A RENAUT

En la SCT existe preocupación, por decir lo menos, por la prórroga de un año para inscribirse en el Registro Nacional de Usuarios al registro de teléfonos móviles que aprobó al vapor la Cámara de Diputados, tras la iniciativa presentada por el diputado del PRI, Canek Vázquez, quien confía en que será aprobada en fast track en el Senado el martes 5 de abril. Sin embargo, el presidente del Senado, Carlos Navarrete ya adelantó que no será aprobada.

El problema es que desde que se aprobó en la Comisión de Comunicaciones la iniciativa del PRI el miércoles pasado, se frenó en automático el número de usuarios que se registran en el Renaut que estaba creciendo a un ritmo de un millón al día.

En caso de que el Senado no aprobara la prórroga, las concesionarias tendrían que suspender el servicio a partir del 11 de abril a más de 39 millones de usuarios o recurrir al amparo.

El reto para las concesionarias de telefonía en caso de que sí se otorgue la prórroga de un año, es que ahora sí sin pretextos, agilicen el registro con una campaña entre sus usuarios.

UN ADELANTO ACUERDO TELEFÓNICA-TELCEL

Lo que es definitivamente un paso hacia adelante es el acuerdo de intercambio de información al que llegaron Teléfonica y Telcel para finalmente terminar con el absurdo de que las concesionarias no tienen ni siquiera un padrón real de los teléfonos robados, lo que facilita que sean fácilmente utilizados en Telefónica o Telcel que son las dos móviles que comparten la misma plataforma tecnológica.

Al respecto Daniel Bernal, coordinador de Asuntos Regulatorios de América Móvil, reconoce que Telcel que tiene más de 50 millones de usuarios no tiene estadísticas sobre el número de teléfonos móviles hurtados porque hoy día sus sistemas no distinguen entre los robados, los extraviados o los que quedaron inutilizados por daño, pero el Consejo Ciudadano estima que son hasta 20 mil mensuales en todo el sector.

A partir del 1 de mayo inicia el intercambio de información entre Telcel y Telefónica que realizarán inversiones para actualizar diariamente su base de datos y en 90 días estará ya funcionando el intercambio que será en verdad una medida eficiente para frenar las extorsiones telefónicas.

En cuanto al Renaut, desde luego Bernal está a favor de la prórroga y asegura que el plazo debe ser de un año para que realmente se ponga en marcha no sólo la primera etapa del registro, sino la segunda que será la más compleja ya que incluirá datos biométricos.

SE APROBARON ACCIONES COLECTIVAS

Una buena noticia es que finalmente en la Cámara de Diputados se aprobaron las acciones colectivas aunque el proceso judicial será aún largo, ya que por tratarse de una reforma constitucional, tendrán que ser ratificada por al menos 17 legislaturas estatales.

El primero en festejar es Antonio Morales de la Peña, el titular de la Profeco, un firme impulsor de las acciones colectivas quien enfrenta un viacrucis para defender a los consumidores contra empresas incumplidas como son los casos de Air Madrid, Neoskin y últimamente Mueblerías Azcué.