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Itinerario Político | Ricardo Alemán

La Corte mete la mano en el 2012

Nació en la ciudad de México en 1955 e inició en 1980 su carrera profesional como reportero del diario "A.M." de León Guanajuato. Ha trabaj ...

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El informe viola reglamento de la Corte. Una mano quiere fuera del 2012 a Molinar

Martes 09 de marzo de 2010

Muchos aplaudieron cuando una comisión investigadora del incendio de la Guardería ABC —creada por el pleno de la Corte conforme el artículo 97 constitucional— señaló como responsable de la tragedia al exdirector del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, al exgobernador, Eduardo Bours y al exalcalde de Hermosillo, Ernesto Gándara.

Pero muy pocos se percataron que esa acusación en realidad fue una extralimitación de las facultades de la comisión investigadora, ya que la forma en que presentó el informe preliminar de la tragedia —que costó la vida a 49 niños—, no sólo violentó el reglamento del artículo 97 constitucional, sino que mostró a una Corte interesada en meter la mano en las disputas sucesorias de 2012.

Además, los juzgadores que elaboraron dicho informe, en la práctica usurparon las funciones del pleno de la Corte, ya que además de investigar los hechos —y las presuntas violaciones constitucionales—, señalaron de manera pública a presuntos culpables. Lo que es ilegal.

Lo curioso del caso es que nadie en la Corte denunció lo que parece una grave irregularidad —y menos la corrigieron—, al grado que la verdad mediática volvió a colocarse por sobre la verdad legal. Es decir, los poderes mediáticos juzgaron el caso, señalaron responsables y los mandaron a la guillotina, —gracias al informe previo—, sin que interviniera el pleno de la Corte. Y como no faltarán los necios que quieran ver aquí la defensa de tal o cual político o gobernante, vamos por partes.

Todos saben que la Corte comisionó a los magistrados María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzón Sevilla para investigar la tragedia de la Guardería ABC, ocurrida en Hermosillo, Sonora. Esa investigación se desprende de las facultades que otorga a la Corte el artículo 97 constitucional.

El pasado 1 de marzo, el máximo tribunal dio a conocer el informe preliminar y un comunicado en los que señala textual a los “servidores públicos involucrados en la violación de las garantías individuales”, entre los que aparecen Juan Molinar, Eduardo Bours y Ernesto Gándara. Con esa información, “la nota” fue esa, que los culpables de la tragedia eran Molinar, Bours y Gándara, entre una docena más de funcionarios.

Pero resulta que nadie vio o quiso ver que el informe preliminar se excedió en sus facultades. ¿Por qué? Porque no respetó el Acuerdo General número 16/2007 del pleno de la Suprema Corte de Justicia, aprobado el 20 de agosto de 2007, y que reglamenta “las comisiones de investigación que se formen con motivo del ejercicio de la facultad consignada en el artículo 97 constitucional”. ¿Y que dice ese reglamento?

Poca cosa. Dice la regla 19. “La Comisión formulará un informe preliminar en el que se relacionarán los hechos y las constancias que obren en el expediente, así como todos los demás elementos de convicción recabados, con el objeto de que el ministro que formule el dictamen lo considere y el pleno determine en forma definitiva si los hechos investigados constituyen o no violaciones graves de garantías individuales”.

Pero además, el reglamento señala que el informe preliminar de la Comisión Investigadora contendrá los siguientes elementos: “20.2. Relación de los elementos de convicción que permitan presumir, en su caso, la realización de hechos constitutivos de violaciones graves de las garantías individuales, así como el cargo y nombre de las personas relacionadas con ello”.

Y el más importante. “Regla 21. En el informe no se podrá calificar la legalidad de lo actuado en averiguaciones previas, juicios o procedimientos de cualquier índole que efectúen otros órganos del Estado y que versen sobre los hechos consumados, materia de la investigación… (y) de igual forma, no podrá adjudicarse responsabilidades, sino únicamente identificará a las personas que hubieren participado en los hechos calificados como graves violaciones a las garantías individuales”.

¿Qué quiere decir todo lo anterior?

Que la Comisión Investigadora “involucró en la violación de garantías individuales” a Molinar, entre muchos otros. Y que el verbo transitivo “involucrar” significa “complicar a alguien en un asunto, comprometiéndolo en él” (Diccionario de la Lengua Española). Es decir, que la Comisión Investigadora señaló culpables de la tragedia, lo cual no le corresponde. Pero hay más. ¿Por qué sólo “involucrar” a Molinar y no a otros directores del IMSS que inventaron y solaparon la subrogación de las guarderías? La respuesta asusta. Porque una mano negra quiere a Molinar fuera de la carrera por el 2012. Y la Corte se presta. ¿De quién es la mano?

 

 

 



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