Opinion

Desde que el miércoles de la semana pasada fue nombrado secretario de Hacienda, sobre Ernesto Cordero se han vertido dos hipótesis: que con su designación Felipe Calderón refuerza el mensaje de que es su precandidato presidencial favorito al grado de conferirle la SCHP para darle tamaños y que al mandarlo a la impopular tarea de cobrar impuestos su aspiración sucesoria queda frustrada.

Saber cuál de las dos hipótesis es la correcta podrá definirse en función de una señal clave: el presidente Calderón ha hilado varios discursos emblemáticos con el planteamiento de que México requiere una reforma fiscal a fondo, y que los cambios aprobados hasta ahora no bastan para reimpulsar la economía.

Este diagnóstico cobra especial validez cuando dos calificadoras internacionales –Fitch Ratings y Standard & Poors– han bajado la confiabilidad y atractivo de la deuda mexicana justo usando el argumento de la pobreza fiscal del país.

La reforma fiscal de fondo —que no se atreven a decirlo, pero están pensando que implique cobrar IVA a alimentos y medicinas— es lo que los voraces mercados están exigiendo a cambio de darle a México un buen lugar en el tren de la recuperación económica.

Esa reforma tiene costos políticos muy altos y tendrá que negociarla —Agustín Carstens lo hizo y se desgastó al grado de ser relevado— el nuevo secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, quien deberá optar entre el golpeteo de cabildear una iniciativa para lograr su aprobación o la aspiración política. No son compatibles porque la oposición, dominante en el Congreso, no permitiría que saliera victorioso un posible rival del 2012, sobre todo si se trata de cobrar más impuestos; no lo dejaría pasar el PRI, cuyos precandidatos Manlio Fabio Beltrones y Enrique Peña Nieto dominan el Senado de la República y la Cámara de Diputados, respectivamente, y cuyos votos son indispensables.

El PRI tendría que sintonizar fino: negarse de lleno a la reforma fiscal es dejarle el camino libre a Cordero para ser el “secretario de Hacienda de la recuperación económica” (si no hay recaída financiera mundial) en lugar del cobrador de IVA, pero ir con él en la iniciativa recaudatoria implicará también pagar un pedazo del costo político.

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