Opinion

Es cierto que nuestra democracia está llena de trampas toleradas: se rebasan los topes de los gastos de campaña, se usan recursos públicos, hay dinero del narcotráfico y en la mayoría de los estados los medios de comunicación son parciales y hacen coberturas inequitativas.

También es cierto que nuestra clase política deja mucho que desear y que a nadie en su sano juicio le gustaría ver reelecto al gobernador de Puebla, ni al de Oaxaca, ni a cientos de presidentes municipales y a un buen porcentaje de los actuales legisladores. Dicho todo lo anterior, la actual clase política mexicana, esa que no le gusta a nadie y que sale reprobada en todas las encuestas, es justamente producto de las reglas que nos rigen actualmente, entre ellas la de la no reelección. Nuestra democracia nos parece muy deficiente, nuestra clase política un desastre, pero Carlos Loret de Mola y la gran mayoría de nuestros lectores prefieren básicamente no moverle para que no acabemos peor.

Consciente de que me encuentro en franca minoría respecto a este tema, quiero insistir. Tenemos sobradas pruebas de que la no reelección ha producido un sistema de incentivos perversos. Por eso hoy Peña Nieto y dos o tres gobernadores más tienen controlada a una gran parte de la bancada del PRI en el Congreso federal, algunos les deben directamente sus candidaturas y otros apuestan a que son presidenciables y buscan a través de la lealtad hacia ellos mantenerse tres años más en la política. El sistema de incentivos derivado de la no reelección produce diputados dependientes, obedientes y flojos. Carne de cañón para cualquier componenda y arreglo ajeno al interés de los ciudadanos. ¿Para qué leer o estudiar una iniciativa si el sentido del voto lo decidirá uno de los líderes? ¿Denunciar un exceso en el gasto, una redacción con dedicatoria? ¿Porqué lo harían si lo más probable es que hoy les cueste la carrera? Por eso es urgente cambiar las reglas para que la iniciativa, el compromiso con causas, el voto consciente, la preocupación por el electorado, el cuidado de la imagen pública, el respeto por la legalidad y las instituciones sean factores que pesen en el comportamiento de los legisladores.

Y sí, también hay que limpiar la realidad electoral —como pide Carlos— mejorar la fiscalización de los partidos políticos, exigir al IFE que sea un árbitro real, que el Tribunal Electoral deje de hacerse de la vista gorda. Pero para que los legisladores le quieran entrar a esos temas, tenemos que lograr primero que sus prioridades coincidan con los de la ciudadanía. Lo cual está lejos de ser el caso hoy en día.