Opinion

Para ser procurador del gobierno del presidente Felipe Calderón lo que hace falta es tener el valor necesario para serlo. No se necesitan capacidad, reputación, experiencia, eficacia probada, nada de eso. Al menos así parece indicarlo la propuesta de Arturo Chávez Chávez como nuevo procurador general de la República.

Se dicen muchas de cosas de este señor, pero Chávez Chávez no ha sido condenado por ningún hecho o dicho. Sin embargo, y pese a que en nuestro país suele ser difícil evaluar el desempeño de los funcionarios por la falta de memoria y de datos, en este caso tenemos elementos concretos que nos permiten hacernos una idea clara de su capacidad como funcionario, y por lo tanto, de la decisión del Presidente de proponerlo como procurador.

En el informe final de la fiscalía especial para homicidios de mujeres en Ciudad Juárez se puede leer que: “La impunidad de los casos no resueltos se produjo principalmente entre los años 1993 al 2003 por causa de las graves omisiones en que incurrió el personal que laboró en la Procuraduría del Estado”. Y se enlistan las irregularidades: se omitió declarar a los testigos que descubrieron los cadáveres, se agregaron en los expedientes declaraciones de personas sin relación con la investigación, existe una marcada inactividad en los expedientes relacionados con las investigaciones de homicidios sucedidos entre 1993 a 2000, en un número importante de expedientes existen graves errores de forma en las actuaciones, no se apreció que se haya solicitado dictamen pericial alguno, en buen número de las averiguaciones no se hace constatar el nombre del funcionario que la firma.

Las responsables de estos informes son categóricas: la presencia de Arturo Chávez Chávez al frente de la Procuraduría de Chihuahua (principios de 1996 a fines de 1998) no se tradujo en mejoría alguna del desempeño de los ministerios públicos ocupados de estos homicidios. Tenemos entonces a un abogado que llega al puesto con todos los reflectores encima por la multiplicación de asesinatos de mujeres en su estado, y que es incapaz de dejar una huella positiva a su paso por el cargo. Todo lo contrario, en esos dos años justamente no hubo un solo caso que el MP haya podido presentar ante tribunales.

Entonces, ¿por qué Calderón lo propone? Las mentes más truculentas dicen que es una treta del Presidente para que el PRI lo rechace en el Senado y luego no les quede otra que aceptar la segunda propuesta. Suena muy elaborado.

La otra explicación es que nadie más haya aceptado. O porque, como les gusta pensar en Los Pinos, los abogados penalistas de México no tienen el valor y el compromiso que se necesitan hoy para ocupar este puesto, o porque ningún abogado penalista de prestigio quiere aceptar ese puesto en este gobierno en particular.

¿Cuál será?