Opinion

HOY SERÁ UN día determinante en el controvertido expediente de Aviacsa, al realizarse por la mañana la audiencia incidental en la que el juez de Ciudad Valles en SLP, Felipe Sifuentes Servín determinará si concede o no, la suspensión definitiva a esa aerolínea.

Van a salir chispas, pues el equipo jurídico de SCT encabezado por Gerardo Sánchez Henkel va a empujar con todo para que se valide la suspensión que determinó la DGAC, máxima autoridad en lo que es seguridad aeronáutica.

Se van a exhibir con lujo de detalle las irregularidades que la dependencia que lleva Héctor González Weeks encontró en Aviacsa, no en una auditoría sino en dos consecutivas, la primera en abril y la segunda a finales de mayo.

En la primera la DGAC hizo señalamientos a Aviacsa para que se hicieran las correcciones a sus aviones, y en la segunda, cuando se revisarían los avances, la sorpresa fue que la aerolínea no había enmendado nada y que incluso había mentido, generándose una situación peligrosísima para la seguridad de sus pasajeros.

Fue así que se determinó la suspensión temporal de la aerolínea para revisar sus procedimientos y reducir al máximo el factor de riesgo.

Vale aclarar que Aviacsa que encabeza Eduardo Morales Mega no cuenta tampoco con el certificado IOSA que es el que otorga la International Air Transport Association (IATA), a la mayoría de las líneas aéreas del mundo.

De ahí que el momento que se vive con esa aerolínea es de un alto riesgo, máxime cuando sus equipos tienen una antigüedad promedio de 20 años.

La determinación del juez Sifuentes aparece a todas luces irresponsable y sienta un precedente incluso internacional, al superponerse a un acto administrativo relacionado con la seguridad aeronáutica.

Vale señalar además que el mismo juez de distrito también decidió hace algunas semanas otorgar un amparo a Aviacsa en lo relacionado con los adeudos de servicios de navegación aérea que la aerolínea tiene con el Seneam que comanda Agustín Arellano.

En otra situación extraña, Sifuentes Servín validó un amparo con el que Aviacsa ha evitado ese cobro que asciende a 260 millones de pesos, no obstante que un juez de Monterrey ya había enmendado el terreno, tras la petición expresa de un tribunal colegiado que revisó el asunto.

SCT de Juan Molinar Horcasitas ya denunció al magistrado de SLP ante el Consejo de la Judicatura Federal.

Es probable que el juez pudiera reconsiderar este martes el amparo concedido de forma provisional a Aviacsa, toda vez que la SCT exhiba las evidencias de las irregularidades encontradas en las auditorías.

Vale señalar que la SCT firmó a finales de abril un acuerdo de reestructura con Aviacsa para lo que hace a sus pasivos por turbosina.

El asunto es ilustrativo frente a la versión que Aviacsa manejó la semana pasada en cuanto a que la suspensión de la DGAC lo único que buscaba era favorecer a otras aerolíneas.

ASA llegó a tener el embargo de 13 de los aviones de la línea aérea antes de suscribir el mencionado convenio.

A la fecha y con todo y el arreglo, Aviacsa que vive momento financieros muy difíciles aún adeuda a ASA por turbosina 300 millones de pesos, amén de 40 millones que ha dispuesto del entero del TUA, situación que constituye un ilícito fiscal.

El adeudo global de Aviacsa con el gobierno, como le platiqué, es de 600 millones de pesos, el doble de su capital contable, con lo que técnicamente se puede decir que esa compañía está quebrada.

Habrá que ver si el juez se atreve a mantener su postura con las implicaciones de seguridad involucradas en un tema tan delicado como el del mantenimiento en aviación y más con una aerolínea tan comprometida.

Y EN LO que hace a la línea de crédito por 3 mil millones de pesos disponible para la aviación en Bancomext de Héctor Rangel, varias aerolíneas iniciaron las gestiones para acceder a esos fondos. Parece que el principal obstáculo está en la garantía solicitada. El banco está resuelto a evitar que los financiamientos vayan a fondo perdido. Han estado por ahí Aeroméxico, Mexicana de Gastón Azcárraga, Volaris de Pedro Aspe, Interjet de Miguel Alemán y Aeromar de Zvi Katz. Por lo que hace a Aeroméxico que preside José Luis Barraza evalúa otras fuentes de financiamiento bancarias. Dispone del colateral necesario que son sus 5 Boeing 737 de última generación.

NO, EN DEFINITIVA, se ve cuesta arriba que Comercial Mexicana que dirige Carlos González Zabalegui logre esta semana un acuerdo con sus acreedores bancarios, en este fondeadores y los vinculados a derivados. El escollo más difícil, amén del porcentaje accionario con el que se quedarán, es el reparto de lo negociado. Hay diferencias fuertes entre ambos grupos.

EL FIN DE semana Genomma Lab de Rodrigo Herrera se quedó con la marca Jockey Club con 50 años en el mercado. Era de Nexxus Capital de Luis Alberto Harvey y Arturo Saval, que es parte de su capital. Significa unos 40 millones de pesos de ventas, aunque se potenciará al llevarla a AL. Es la octava marca de gran reconocimiento que obtiene la farmacéutica. También están el shampoo del Tío Nacho, Dermoprada, Bengue, Unigastrozol. También adquirió Teatrical, Henna Egipcia y la licencia de agua de colonia Sanborns por 99 años, a Carso de Carlos Slim.

Y EL QUE también ha estado muy activo en el contexto de la crisis es el fondo de inversión Carlyle que lleva Joaquín Ávila. Acaba de cerrar la operación de una firma en el sector financiero y está por concluir otra. La circunstancia de crisis más enfática ha empujado muchas de esas operaciones, ya que además la banca no presta y en general hay poca liquidez. Carlyle ha comprado empresas como la Universidad Latinoamericana, participa en Arabela y era uno de los socios de Cinemex que se quedó Germán Larrea.

HAY DENUNCIAS CONTRA la SFP de Salvador Vega, puesto que supuestamente se favorecería a las grandes empresas, en este caso Oracle de Horacio Fernández y SAP que preside Alí Hamid, en una licitación en curso para obtener aplicaciones para planear recursos, no sólo en esa dependencia sino en Sagarpa y la SRA en convocatoria única. Los plazos establecidos, dicen, son insuficientes para que las compañías nacionales participen en el desarrollo de soluciones más bien complejas. Se cuestiona el que realmente se busque apoyar a las firmas mexicanas con las recientes modificaciones a la Ley de Adquisiciones del Sector Público.