Opinion

Se prepara el terreno para ir contra un gobernador del PRI sin que se pueda acusar que Calderón está politizando su lucha antinarco

La embestida espectacular y mediática del gobierno de Felipe Calderón contra dos gobernadores del PRD (Amalia García y Leonel Godoy) y uno del PAN, Marco Antonio Adame, con el tema de la narcopolítica como fondo, puede ser sólo el preludio de un “golpe de efecto mayor” que están preparando en Los Pinos para reposicionar la imagen del Presidente y, de paso, ayudar a su partido electoralmente.

El llamado Michoacanazo desató toda clase de especulaciones sobre la forma y el momento en el que Calderón y su aparato de seguridad militarizada se decidieron a lanzar una ofensiva contra la narcopolítica, algo que la sociedad —y sobre todo el gobierno de Washington— reclamaban desde hace tiempo como urgente y necesario.

¿Por qué se lanzó al Ejército y a la militarizada Policía Federal primero contra un correligionario panista y luego contra dos gobernadores perredistas pero aliados de Los Pinos? Porque de esa manera se prepara el terreno para ir contra un gobernador del PRI sin que se pueda acusar —o al menos restarle argumentos— que Calderón está politizando su lucha antinarco, con el único fin de parar a su principal partido opositor y evitar no sólo que se quede con la mayoría en el Congreso el próximo 5 de julio, sino que siga avanzando hacia un regreso al poder en 2012.

En realidad, lo que se activó —primero con el escándalo de Zacatecas, luego con el destape de la cloaca de Morelos y después con la detención de 10 alcaldes y 17 funcionarios michoacanos— fue la maquinaria de todo un aparato de seguridad militar que se puso en marcha con un solo objetivo: “Paren al PRI y háganlo ahora”.

LA REACCION DE LOS PRIÍSTAS

Conocedores a fondo de cómo funciona el aparato de poder y de su perverso uso para aplastar a opositores políticos, en la cúpula del viejo partido se activaron de inmediato las alarmas. Si ya el caso Zacatecas y el escándalo Morelos los habían alertado, el Michoacanazo los puso en estado de alerta máxima. Información de inteligencia que les llegó a encumbrados priístas con anticipación —para ser precisos, una semana antes del operativo en Michoacán— fue lo que motivó la reunión de emergencia en Metepec, el martes 19 de mayo.

En esa encerrona de más de cuatro horas, los gobernadores priístas, encabezados por Enrique Peña Nieto, Beatriz Paredes, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, definieron la estrategia con la que responderían a Calderón y al PAN y se intentarían prevenir de un ataque mayor desde Los Pinos. Ahí, en Metepec, se habló de cómo podrían responder los mandatarios del PRI si se fuera en contra de ellos.

Un gobernador priísta, de los que aparecen mencionados en la supuesta “lista negra” de Los Pinos, advirtió que él podría ordenar la detención de mandos federales en su estado de los que tiene pruebas de nexos y vinculación con el narcotráfico. La detención, propuso ese gobernador, sería simultánea y en respuesta a un embate contra mandos estatales. Varios mandatarios priístas apoyaron la propuesta de su correligionario.

Pero si el gobierno federal tiene el monopolio de la violencia en el tema del narcotráfico, ¿qué puede hacer un gobierno estatal frente a un operativo donde entran a jugar Ejército y policías federales? Eso se preguntaron en ese cónclave otros priístas. Al final, en medio de sus diferencias, los jefes del PRI coincidieron en una interrogante: ¿tiene sentido la estrategia de Beatriz Paredes de no devolver ningún golpe? ¿Alguien cree todavía, tras los embates calderonistas, en eso de hacer campañas propositivas?

LA REACCION DEL PRD

El miércoles 27, al día siguiente del operativo sorpresa en Michoacán, la cúpula del PRD se reunió de emergencia para darle su respaldo al gobernador Leonel Godoy, pero también para discutir qué había detrás del golpe a los estados gobernados por ese partido. Se había acordado que la reunión de los perredistas fuera sin prensa para que Godoy informara libremente de los detalles de lo que pasó, pero Hortensia Aragón, la secretaria general, convocó a más personas de las que debía y dio aviso a algunos medios.

Eso motivó cierta desconfianza de Godoy que, cada vez que se abría la puerta —cuentan asistentes—, bajaba la voz y hablaba con desconfianza. Amalia García, fiel a su costumbre, llegó retrasada y, un tanto incoherente, se dedicó a hablar de sus preocupaciones: “Ya pedí el traslado de presos peligrosos a otras cárceles y no me hicieron caso”, dijo la gobernadora zacatecana.

Leonel, por su parte, estaba que trinaba de coraje contra la Federación. “Me trataron como si fuera cómplice”, se quejó ante sus compañeros, aunque no les tuvo la confianza para decirles que esa misma tarde del miércoles iba a recibir en privado en Morelia al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. Lo que sí dijo Godoy en esa reunión fueron varias cosas: 1) que algunos de los detenidos sí están involucrados (con La Familia), aunque no dio nombres ni dijo cuántos son; 2) que su asesora, amiga y ex secretaria de Seguridad, Citlalli Fernández, no está implicada, aunque es “muy posible” que su esposo sí lo esté; 3) que son 14 en total los alcaldes michoacanos que quiere el gobierno federal y que faltarían otro panista y tres de otros partidos.

Marcelo Ebrard, al hablar en la encerrona perredista, increpó a la Comisión Política Nacional y a los líderes parlamentarios de su partido por concentrar toda su estrategia en el terreno del gobierno federal y su guerra contra el narco como eje de campañas electorales. Pidió que el PRD se concentre más en la crisis económica y hasta propuso Ebrard que en este tema hagan una alianza con el PRI para cambiarle las prioridades a la agenda política y social del gobierno, además de modificarles radicalmente el presupuesto federal.

LOS GOLPES QUE VIENEN

En las dos reuniones de cúpula que sobre el tema tuvieron el PRI y el PRD, una antes y otra después del Michoacanazo, flotaron en el ambiente las mismas preguntas: ¿quién sigue en la lista de Los Pinos, hay una lista negra? Si la hay, no debe ser tan confidencial porque se han filtrado muchos datos.

En el cónclave perredista le oyeron decir al Chucho mayor que cree que el siguiente gobernador en la mira federal es el de Tamaulipas, Eugenio Hernández. Otras fuentes de ambos partidos hablan de los mandatarios de Veracruz, Fidel Herrera; de Coahuila, Humberto Moreira; de Durango, Ismael Hernández Deras; y de Chihuahua, José Reyes Baeza, como los que siguen en la ofensiva federal.

No son pocos los que piensan que antes de las elecciones del 5 de julio habrá dos golpes espectaculares más ordenados por Calderón: la caída de un gobernador y la captura de Joaquín El Chapo Guzmán.