Opinion

Un asunto para la comisión especial de la Cámara de Diputados o para la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales: Miguel Ángel Jiménez sigue siendo el director de la Lotería Nacional. La “suspensión” en la que él mismo se declaró sólo pudo ser promovida por uno de los poderes y, en este caso, sólo por el presidente de México, Felipe Calderón. Este hombre, sobre el que pesan acusaciones de desvío de recursos públicos para favorecer la campaña política del PAN en 2009, sólo podía renunciar o pedir licencia. Eso dice la ley. El artículo 21 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece: “Se requerirá autorización del Presidente de la República para dicha suspensión si el nombramiento del servidor público de que se trate incumbe al titular del Poder Ejecutivo. Igualmente, se requerirá autorización de la Cámara de Senadores, o en su caso de la Comisión Permanente, si dicho nombramiento requirió ratificación de aquélla en los términos de la Constitución (…)”. El caso de Jiménez no es menor. Mucho ojo.

Es este martes. Los diputados de oposición tratarán de traducir la revisión de las cuentas públicas de Vicente Fox Quesada en un desfile-comparecencia de ex secretarios de Estado del anterior gobierno panista. Seguramente los acusarán de corruptos, negligentes o ineficientes. Harán todo para llevarlos al escarnio público por varios casos: desde la biblioteca Vasconcelos hasta Enciclomedia. Quizá los mueva, sí, el hecho de que estamos en medio de un proceso electoral definitorio. Pero lo que es seguro es que los desaciertos y los agravios a diestra y siniestra que ha dado Fox en estos dos años alimentan los enconos y son el pretexto ideal para que sus opositores lo lleven a la crucifixión. Ya ve: el domingo no bajó a los diputados de “tontos” y “locos”.

Nos dicen que el PRI en el Senado ya se cansó de esperar la respuesta del Ejecutivo federal en el caso Banamex-Citibank. Solicitaron que se les informe si el boletín de prensa que emitió Hacienda, por el que dio el aval para el funcionamiento del banco con la actual composición accionaria, es la posición oficial del gobierno. Pues ahora, señalan, promoverán una controversia constitucional ante la Corte para que los ministros decidan si es legal o no que Estados Unidos tenga dinero en Banamex.

Apunte final: No sólo para la concesionaria, sino también para las autoridades, la gente es sólo un flujo de efectivo. ¿Quién autoriza concesiones como ésta, en la que el seguro no cubre a quienes van adentro del carro del tren? ¿Cómo que si la Cruz Roja o el Seguro Social levantan a los heridos del piso, como seguramente sucederá cada vez que choquen los trenes, a ésos ya no los cubre el seguro? Qué vergüenza, de verdad. Lo dicho: por la gente no ve nadie.