Opinion

El gozo, frente a la posibilidad de liquidar el contrato colectivo de Minera de Cananea y finiquitar su relación con el sindicato minero, se le fue al pozo al Grupo Industrial Minera México, al abrírsele un formidable frente en Estados Unidos

De no prosperar la apelación planteada por sus abogados, la firma propiedad de Germán Larrea Mota Velasco estaría obligada a pagar a su ex filial en el país del norte, American Smolting and Refining Company (Asarco), el escándalo de 4 mil 700 millones de dólares, además de cubrir actualizaciones por otros 2 mil.

Noventa y tres mil millones de pesos, pues, están bailando en el aire, al margen de colocar bajo la espalda del grupo el baldón de una supuesta operación fraudulenta.

Del tamaño de la Espada de Damocles habla la caída vertical en el precio de las acciones del emporio, cuya cotización debió suspenderse en la Bolsa Mexicana de Valores para contener el tobogán.

La sentencia emitida por el juez de la Corte Federal de Quiebras del Distrito Sureste de Texas, con sede en Browsnville, Andrew Hanon, surgió como respuesta a una querella planteada por una de las tres partes de la Junta Directiva que operaba Asarco, tras acogerse al capítulo XI de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. Las otras dos las mantuvieron el gobierno del país de las barras y las estrellas y el propio Grupo México, con la novedad de que su representante es el ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Ruiz Sacristán.

La acusación concreta era que meses antes de la declaración de bancarrota de la ex filial del emporio de Larrea se le despojaría a Asarco de sus activos más valiosos, entre ellos 54% del capital de la productora peruana de cobre, Southern Cooper.

El comprador resultó el propio Grupo Minera México, que pagó por ellos sólo 765 millones de dólares de 2003.

Según los accionistas minoritarios de la compañía estadounidense, los papeles se subvaluaron, lo que dejó indefensa a la firma para cubrir sus compromisos, entre ellos el pago de multimillonarias multas por violaciones a las normas ambientales. El monto de éstas rebasaba los mil millones de dólares.

De acuerdo con la sentencia emitida por el juez de la causa, el Grupo Minera México está obligado a regresar los papeles o a cubrir el importe de ellos, cuyo monto real actualizado es de 4 mil 700 millones de dólares, además de los derivados generados, que sumarían otros 2 mil. Considerando lo que pagó ya el Grupo México, el monto real a pagar sería de alrededor de 6 mil millones de dólares. Ahora que la pretensión de los demandantes era que se condenara a la acusada al pago de 11 mil millones de dólares, por más que nunca se desglosó la cifra bien a bien.

La sentencia se le notificó de inmediato al consorcio minero mexicano, cuyos abogados plantearon a botepronto una apelación, bajo el supuesto de que el juez se contradijo.

Desde un ángulo, la sentencia habla de que el precio pagado por la mayoría del capital de Southern Perú Cooper en 2003 fue correcto, y por otro se señala que se trató de una decisión inadecuada. Lo cierto es que desde su origen la participación del Grupo Industrial Minera México en Asarco resultó conflictiva, dado que llegó vía una oferta hostil, es decir no solicitada, que desbancó la planteada a su vez por la firma Phelps Dodge. La operación se cerró en 1999.

Seis años después, agobiado por una catarata de demandas por daños ambientales y por una y otra huelgas promovidas por conflictos laborales, pago de prestaciones y problemas de seguridad e higiene en las minas, Asarco se declararía en quiebra. La última de ellas se prolongó durante cuatro meses.

La exposición de motivos hablaba de que las multas impuestas superaban el valor de sus activos.

La junta directiva que se integró para administrar la quiebra había aceptado en principio una oferta de la empresa india Ventura Resources para adquirir Asarco en 2 mil 600 millones de dólares. El problema es que la firma aceptaba pagar los pasivos, calculados en 550 millones de dólares, no así las multas por daños ambientales, lo que derivó en su rechazo.

En la coyuntura, el Grupo México planteó la posibilidad de presentar a su vez que una oferta por el 100% de su capital, que a su juicio debía tener preeminencia. Ésta también se rechazó, alegándose que se debería esperar la sentencia… que llegó como balde de agua helada.

Balance general

La noticia es que los trabajadores del diario Monitor de José Gutiérrez Vivó interpusieron una demanda colectiva por despido injustificado contra éste ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo del DF.

Como usted sabe, el rotativo se cerró el 15 de febrero pasado por decisión unilateral de la empresa, vendiéndose las instalaciones a la Procuraduría General de la República, que pagó desde noviembre del año pasado 150 millones de pesos por ellas. El caso es que hasta hoy ninguno de los trabajadores ha recibido la indemnización de ley a que tiene derecho.

Más grave aún, se acusa a la empresa editora de haber retenido cuotas del Seguro Social y el Infonavit a los trabajadores y no haberlas entregado a éstos a partir del segundo bimestre de 2005.

Jaque a Telmex

¿Se acuerda usted de la empresa France Telecom, que llegó a México en 1992 para participar en la privatización de Teléfonos de México junto al magnate Carlos Slim Helú? ¿Se acuerda que un lustro después le vendió su parte a éste? Bien, pues hete aquí que está por regresar al país… ahora para ponerle tienda de enfrente a su ex socio. La pretensión de la firma gala es rentar la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad para ofrecer en condiciones iguales a Telmex servicios de telefonía. La firma llegaría en alianza con Telecom Italia.

Esclavos, urgen

Lo grave del caso frente al vía crucis que vivieron jornaleros de Guanajuato a los que se contrató para trabajar en un viñedo de Sonora, en donde se les redujo a la condición de esclavos, fue que la conexión con el patrón se realizó vía el Servicio Nacional de Empleo. Los campesinos que debieron caminar 15 horas para huir del infierno fueron asaltados por una oferta que garantizaba atractivos salarios, prestaciones de ley y condiciones dignas. De hecho, se hablaba de un apoyo inicial de mil 260 pesos para transporte. Lo curioso del caso es que ahora la Secretaría del Trabajo y el gobierno de Guanajuato se lanzan la bolita sobre la responsabilidad del fraude. ¿Se acuerda cuando los panistas hablaban de “guanajuatizar” el país?

Medicinas “patito”

Lanzada la maquinaria pesada de los fabricantes mexicanos de medicinas para aplazar cinco años la exigencia de pruebas de laboratorio para garantizar la efectividad de éstas, hete aquí que en las últimas semanas la Comisión Federal para Prevenir Riesgos Sanitarios recibió 12 mil quejas de usuarios por reacciones diversas no anotadas en las contraindicaciones de los productos consumidos; 12% de las quejas hablan de afectaciones en la piel, y 24% en el sistema gastrointestinal de los pacientes.