Opinion

Planteado por la Comisión Federal de Telecomunicaciones, su dictamen final sobre el Plan Técnico Fundamental de Interconexión, como resultado de un amplio consenso entre el sector, lo cierto es que 10 de 11 empresas consultadas lo rechazaron

Estamos hablando de Alcatel-Lucent, Ciena, Eltkenergy Internacional de México, Iusacell, Multieléctrica Industrial, NEC, Nortel, Productos, Soluciones y Servicios; Tellabs, y Teléfonos de México.

El común denominador habla de que el esquema inhibirá las inversiones, provocando un retraso tecnológico en el país, acusando de pasadita al órgano regulador de extralimitarse en sus funciones o incurrir en ambigüedades.

De hecho, se le culpa abiertamente de incurrir en el mismo error de Estados Unidos, que tras la implantación de un escenario similar en 1996, debió recular al reconocer una afectación al sector equivalente a un billón de dólares.

Las objeciones constan en actas.

De entrada, por ejemplo, Alcatel Lucent señaló que el artículo 10 del anteproyecto que crea la figura de “concesionarios que operen el mayor número de accesos a usuarios fijos y/o móviles”, puede provocar “un vacío jurídico” en el sector.

Textualmente, además, se señaló que de no corregirse el proyecto del Plan, ajustándolo a un propósito puramente técnico y alineado a lo establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones, puede inhibir las inversiones del sector, en un escenario amenazado de suyo por el entorno económico adverso.

A su vez, Ciena lamentó el que el esquema no estuviera enfocado a proteger la inversión, incentivar y atraer más inversión en el mercado, y apoyar el desarrollo de la nación.

Por su parte, Eltekenergy advirtió que tal cual está planteada la exigencia de obligar a Teléfonos de México a desagregar su red para estimular a la competencia, se impactarán los ingresos de las firmas del sector, lo que repercutirá en los empleos.

Más directo, Iusacell señaló que la principal falla del escenario es pretender imponer a las empresas reglas sobre una desagregación de redes, para lo cual no tienen capacidad técnica ni financiera.

A la letra, la empresa de telefonía móvil advirtió que los concesionarios diseñan su infraestructura (equipo, sitios, ductos, canalizaciones, postes, tubos...) para su propio uso, y en ningún momento han previsto compartirlo. Obligarlas significaría cambiar especificaciones para hacerlos accesibles, lo cual no es técnicamente viable.

Multieléctrica Industrial, por su parte, señaló que tal cual está planteada, la medida sólo consigue desmotivar la inversión en las redes públicas de telecomunicaciones.

Para Nec, a su vez, la versión actual de la medida, aprobada por la Comisión de Mejora Regulatoria, genera más costos que beneficios a los concesionarios actuales y reducirá las inversiones de capital tan necesarias en un entorno de recesión económico como el actual. “En su redacción actual el programa sólo beneficia a los revendedores de servicios de telecomunicaciones, que recibirán acceso a la infraestructura física de los operadores existentes, sin invertir en lo propio”.

A su turno, Nortel señaló que, en su experiencia en el mercado de Estados Unidos, los planes técnicos que involucran en mayor o menor medida la desagregación del bucle local como mecanismo para incentivar el crecimiento de la infraestructura de acceso, deformaría en la práctica la inversión en la misma, aunque tenga la intención opuesta.

Ahora que para la empresa Productos, Soluciones y Servicios, la exigencia de compartición de infraestructura, además de limitar el incentivo a la inversión e innovación de nuevas tecnologías, pone en riesgo el derecho de propiedad del operador titular, toda vez que lo obliga al acceso a sus instalaciones y equipos sin un control adecuado sobre los mismos, y lo impele a hacer inversiones adicionales no contempladas, sin compensación alguna.

Para Tellabs de México el esquema planteado por la Cofetel inhibe el interés por modernizar la infraestructura hacia elementos de red de siguiente generación, lo que empeoraría el escenario de recuperación económica y afectaría de manera drástica a uno de los sectores de mayor crecimiento en el país.

Finalmente, en su alegato Telmex planteó abiertamente que la Cofetel carece de atribuciones para implantar la medida, ya que en realidad se trata de un reglamento y no de un Plan Técnico como se pretende. Lo curioso del caso es que el día siguiente la Cofetel habló de un esquema que beneficia ampliamente a la industria y a los consumidores. Contra viento y marea, pues… por más que la última palabra la tendrá la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Balance general

Lo que hasta hace unos días eran patadas bajo la mesa, se convirtió en pleito abierto del presidente Felipe Calderón contra el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, tras la declaración del primero en Davos, Suiza, que en las entrelíneas califica al segundo de catastrofista y hasta de representar un peligro para México.

La manzana de la discordia, como usted sabe, es el vaticinio del funcionario de que este año la economía tendrá un decrecimiento de entre 0.8 a 1.8%.

Lo cierto es que la bola de cristal del instituto central está en línea con lo que pronostican organismos privados como el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.

Ahora que, declarada la guerra, las señales apuntan a que el gobierno intentará colocarle una cuña a Ortiz, al incrustar en la Junta de Gobierno a un alfil del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, en sustitución de Everardo Elizondo. Estamos hablando del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Guillermo Babatz, o el director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Alonso García Tamez. De recaer en este último el dedazo, sujeto sin embargo a la aprobación del Senado, el sustituto sería el jefe de Asesores del secretario de Hacienda, Agustín Carstens, Manuel Mijares.

Portazo a “Napo”

Las señales apuntan a que el caso Cananea, es decir la huelga de casi un año y medio de la mina de cobre más importante del país, propiedad del Grupo Minera México de Germán Larrea Mota Velasco, se resolverá por la vía más simple: liquidar a los trabajadores afines al líder minero Napoleón Gómez Urrutia. El resto votaría por el levantamiento del paro. De pasadita, se replantearía el Contrato Colectivo de Trabajo bajo el aval de un nuevo sindicato.

Borrón, pues, y cuenta nueva.

Femsa la hizo

A contrapelo de la astringencia del mercado de deuda, Coca Cola FEMSA logró colocar exitosamente un Certificado Bursátil por dos mil millones de pesos, por más que el plazo de amortización es corto y los réditos altos. Estamos hablando de un año y un mes, y una tasa equivalente a la Interbancaria de Equilibrio más 0.60 puntos, además de un premio adicional de TIIE más 0.80 puntos a su redención. El escenario es representativo de lo que viene ante la escasa oferta de financiamiento.