Opinion

El plazo de gracia vence el 2 de marzo próximo, alcanzando dos vertientes: la de los acreedores bancarios instalados en el país, y la de los ubicados en Estados Unidos que habían demandado en su propia tierra.

De no pactarse en el lapso un esquema de reestructura de la deuda global de la firma, cuyo monto alcanza 2 mil 200 millones de dólares, los juicios seguirán su curso.

Las cartas con que juega la controladora de la cadena para intentar el milagro son su participación de 50% en las tiendas mayoristas Cotsco; sus 74 restaurantes de razón social California; sus tres franquicias de concepto Beer Factory… y los terrenos en que están asentadas la mayoría de sus tiendas, 90% de las cuales tiene un valor de 3 mil millones de dólares.

El jaloneo, pues, será de escándalo.

Como usted sabe, al margen de la feroz competencia de Wal Mart, que la obligó a endeudarse para mantener un endeble tú a tú, el detonante de la crisis de la cadena fue una serie de operaciones de coberturas cambiarías para garantizar una paridad peso-dólar, a las que rebasaría la devaluación. Dicho con todas las letras, la Comer especuló a un dólar barato en espera de hacer el gran negocio cuando cayera el golpazo devaluatorio… sólo que le falló el reloj.

Se diría, pues, que la cadena cambiaba de giro; en lugar de los “miércoles de plaza” abriría los viernes de matar víbora. En un solo volado se jugó mil 266 millones de dólares.

El primer tropiezo de la cadena, cuya semilla la sembró un empresario mexicano de nombre Antonio González Abascal, fue el incumplimiento en el pago de una emisión de Obligaciones Bursátiles por 400 millones de pesos, lo que agravó su bola negra.

Aún así, Nacional Financiera le facilitó un préstamo de 80 millones de dólares para dotarla de liquidez ante el temor de nuevos incumplimientos en deudas de corto plazo. Ahora que en su desesperación la firma encabezada por Guillermo González Nova se atrevió a lo inaudito: desconocer los contratos de derivados en su modalidad de coberturas, lo que le cerró los préstamos de la banca comercial privada.

El revire de los bancos afectados, entre ellos el Citigroup, Bank of America, y Credit Suisse, fue plantear una demanda ante la Corte de Nueva York, bajo cargo simple de incumplimiento de contrato.

Entre los acreedores nacionales, el primero que recurrió a los tribunales fue Bancomer, en presión de que la insolvencia de la cadena le impidiera pagarle un préstamo de 100 millones de dólares pactado a tres años.

Lo curioso del asunto es que a tres meses ya del primer default de Comercial Mexicana, que le abrió la puerta al escándalo, aún no hay ningún avance público en la investigación que abrió la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la sospecha de que no alertó a sus accionistas de las riesgosas operaciones de derivados que estaba realizando.

La suspicacia habla de que se está esperando que sea el tiempo quien entierre el asunto, pese a la promesa del secretario de Hacienda, Agustín Carstens, de llegar a las últimas consecuencias. Por lo pronto, la tregua la da un respiro a la cadena para jugar con sus escasas cartas su sobrevivencia.

Balance general

A presión de la Cámara Nacional de la Industria de Televisión por Cable, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones abrió finalmente una investigación contra Teléfonos de México, por una supuesta violación al título de concesión con que opera, al aliarse con la cadena Multivisión, en una nueva oferta de televisión satelital bajo la razón social Dish.

El papel de la firma en el banquillo, como usted sabe, se constriñe en estricto a la cobranza del servicio, vía el recibo telefónico de los usuarios.

La denuncia se presentó al amanecer de diciembre pasado, en medio de una intensa campaña de medios. En aquel entonces el revire de Telcel hablaba de que los cableros han inflado el precio de sus servicio fundamental, para garantizar subsidios cruzados a favor de la nueva oferta conjunta de telefonía e internet, con lo que incurren en el delito de depredación del mercado. La pelea, pues, estará al rojo vivo.

Otra de outsourcing

Congelada en la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para reglamentar la operación de las llamadas empresas outsourcing, es decir, aquellas que contratan las firmas para ofrecerle servicios internos, he aquí que el tema está otra vez en la mesa.

Resulta que un ex directivo de Coca Cola acaba de plantear una denuncia contra la poderosa firma, a la que acusa de supuestos delitos financieros al evadir el pago de prestaciones de los trabajadores, entre ellas el reparto de utilidades, escondiéndose bajo la careta de las outsourcing con que opera. Una de ellas, Servicios Integradores de Administración y Alta Gerencia, habría sido creada justo para utilizarla de parapeto. El presidente de ésta es el mismo de Coca Cola Export Corporation, es decir, James Quincey.

De acuerdo con la exposición de motivos de la ley en la congeladora por presión de la Secretaría del Trabajo y la Concamín, las outsourcing evaden los pagos mínimos en materia de seguridad social, es decir el Seguro Social, el Infonavit y el Sistema de Ahorro para el Retiro.

Una de cal

De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, la desgravación arancelaria instrumentada por la Secretaría de Economía, que incluyó la posibilidad de telas, permitirá abatir los precios de las prendas entre 25 y 30%. La rebaja en el costo de los impuestos de importación de la materia prima llegó al inaudito 520%, lo que del otro lado de la moneda mantienen colgados de las lámparas a los textileros. Según ello, además, el ajuste arancelario está permitiendo abatir el contrabando y la piratería de marcas, lo que beneficia a 70% del sector.

Repudio total

En un inédito que refuerza las sospechas, hete aquí que 19 de las 20 empresas que participaron en una licitación para la adquisición de mobiliario para escuelas primarias y secundarias de la capital del país, se quejan de favoritismo hacia la ganadora, cuya razón social es Metales Combinados. De acuerdo con su aserto, la firma no reunía los estándares de calidad planteados para surtir con rapidez el pedido que incluye 52 mil mesas de trabajo. Se habla de un abasto por goteo que durará tres años. El concurso lo abrió el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal.