Opinion

Esta comisión reveló un capítulo más del escándalo relacionado con la reconfiguración de la refinería de Cadereyta.

El órgano de supervisión y vigilancia del país de allende el Bravo dio a conocer la apertura de un expediente contra la empresa alemana Siemens, a la que acusa de haber pagado 2.6 millones de dólares a un gestor, que a su vez sobornó con parte de la cantidad a un alto funcionario de la empresa pública para inclinar la balanza en contra de ésta en un litigio que se ventila ante la Corte Internacional de Arbitraje con sede en París.

El ilícito se habría cometido en 2004, es decir, cuando se inició el diferendo al no aceptar la empresa pública reclamaciones del consorcio que realizó las obras de modernización de la refinería ubicada en Nuevo León por supuestos vicios en los contratos. En éste, bajo la razón social Comproca, es decir Consorcio Proyecto Cadereyta, participaba como socio mayoritario la firma coreana SunKyong Engineering, en sociedad con la propia Siemens y en la firma mexicana Trituradora de Basaltos y Derivados (Tribasa).

El caso es que Petróleos Mexicanos perdió el litigio, cuyo eje lo constituía un reclamo de 648 millones de dólares, por más que el pago aún no se hace efectivo ante la pretención de la paraestatal de negociar un ni-tú-ni-yo, apuntalada en que a su vez había exigido una indemnización de 900 millones de dólares.

Llama la atención, además, que en el intermedio la Secretaría de la Función Pública haya pugnado una y otra vez por llegar a un arreglo al margen de la instancia de arbitraje.

El reclamo de Pemex se sustentaba en supuestos daños provocados por el consorcio al emplear material de segunda importado de Corea en la realización de las obras, a contrapelo de la exigencia de un mínimo de contenido nacional.

El contrato se pactó en el marco de los Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto (Pidiregas), por un monto total de mil 800 millones de dólares, lo que en el papel parecía una ganga. El problema es que lo barato salió caro.

De entrada, las obras se entregaron inconclusas, es decir, cuando las plantas de transformación de petróleo crudo en gasolinas apenas podían trabajar con la sexta parte de su capacidad instalada, sin perspectiva a la vista para la operación integral de sus 32 unidades.

Para acabar pronto, aún no se concluían la plantas para refinación de crudo ligero, además de la hidrosulfuradora de naftas, reformadora de naftas número uno y reformadora de naftas número uno con CCR… por más que Pemex había obligado a la constructora a cambiar 300 válvulas que, a juicio de los peritos contratados, no reunían la calidad requerida.

Lo patético del caso, además, era que para realizar las pruebas-piloto de funcionamiento de la raquítica capacidad instalada debieron utilizarse destilados transportados en barco del puerto Dos Bocas a Ciudad Madero… de donde se bombearían a la ciudad en colindancia con Monterrey.

Lo inaudito del asunto es que la paraestatal, a contrapelo de la catarata de irregularidades detectadas, aceptó la firma de un finiquito que la obligó a pagar las facturas a partir de febrero de 2001, cuatro años después de la firma del contrato.

El documento lo avaló el propio ex director general de la paraestatal, Raúl Muñoz Leos.

Más aún, en la cumbre del absurdo, hete aquí que Petróleos Mexicanos, en este caso bajo la administración de Rogelio Montemayor Seguy, o si lo prefiere bajo la presión del ex director de Pemex Refinación, Mario Willars, a quien se ubica como prófugo de la justicia, había firmado el 7 de julio y el 15 de noviembre de 2006 documentos con los que aceptaba la existencia de un posible adeudo con el consorcio Comproca por trabajos complementarios y “ajuste de eventos críticos”.

El reclamo concreto de los coreanos apuntaba al desvío de la ruta del oleoducto que alimentaría las plantas, ante la resistencia de ejidatarios en ceder las tierras a su paso.

Lo curioso del caso es que el lodo que envuelve al asunto está brotando en Estados Unidos.

Balance general

A soslayo de las presiones de las firmas de telefonía móvil, el presidente Felipe Calderón promulgará en los próximos días la ley que obliga a abrir un registro nacional de usuarios.

Como usted sabe, ésta fue aprobada por el Congreso en medio de protestas de la industria, señalando, entre otras cosas, que era inoperable, dada la dificultad de instrumentar el listado en los plazos estipulados.

Como usted sabe, la exposición de motivos hablaba de combatir los delitos de extorsión que se volvieron moda en los últimos meses, lo que colocaba al Ejecutivo de espaldas al callejón.

Dicho con todas las letras, un posible veto contradiría la propaganda que habla de lucha frontal contra la delincuencia.

Más aún, actuaría como ariete frente a la posibilidad de nuevos acuerdos parlamentarios.

Se fue el plazo

A contrapelo de la presión ejercida por el gobierno urgiendo al Congreso a aprobar la reforma petrolera, hete aquí que una de sus vertientes ya se desfasó.

Estamos hablando de la exigencia de integrar a cuatro miembros independientes en el Consejo de Administración de la paraestatal.

El plazo para entregar la lista al visto bueno del Senado se venció la semana pasada. El problema es que el gobierno se rajó de un acuerdo con priístas y perredistas para cederles la posibilidad de nombrar a dos de ellos. Por lo pronto, éstos ya vetaron al ex director de Finanzas de la empresa pública, Juan José Suárez Coppel, a quien empujaba al ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.

Loas a Marcelo

Editada como una de las cartas estelares del Financial Times, la revista FBI (Foreing Direct Investment) le dedicó en su último número un amplio reportaje al gobierno capitalino, en el que se elogia el manejo de las finanzas públicas. El gol, pues, es a favor del jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, y del secretario de Finanzas, Mario Delgado Carrillo. Distribuida a 100 países del planeta, la publicación llena 85% de su lectoría con ejecutivos de grandes empresas y directores financieros de compañías transnacionales.

Frenan a Asur

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes aplazó 90 días el plazo para renovar la concesión al Grupo Aeroportuario del Sureste, ante la exigencia de mayor precisión en sus programas de inversión para un nuevo quinquenio. La presunción, sin embargo, habla de dar tiempo a revisar primero si se cumplió cabalmente con los del periodo anterior. Por lo pronto, la firma está obligada a mantener inalterables sus tarifas a los usuarios.