Opinion

A Calderón le conviene mantener a dos manos el mando en la guerra contra el narcotráfico, pero el cuidado presidencial debe radicar en que no se desborden las pasiones y las diferencias entre los dos bloques

En medio de la guerra contra el narcotráfico, las diferencias entre miembros del gabinete de seguridad del presidente de Felipe Calderón continúan. Aunque mantienen la relación institucional y colaboran juntos en esta guerra, la relaciones entre el procurador Eduardo Medina Mora y el secretario Genaro García Luna distan mucho de ser las mejores.

La confrontación soterrada que mantienen los dos funcionarios clave en esta guerra se ve agravada por el papel que juega el Ejército. Los militares tienen fuertes diferencias con el secretario García Luna, a quien han cuestionado internamente e incluso en ocasiones han dejado ver sus desacuerdos en público. El procurador Medina Mora tiene, en ese sentido, mejor relación con los sectores castrenses.

Sin embargo, es el presidente Calderón quien ha defendido el trabajo de su secretario de Seguridad Pública ante los cuestionamientos abiertos que le han hecho los militares. La razón por la que Calderón mantiene su apoyo a García Luna, dicen, es porque le tiene total confianza.

Pero también puede ser estratégico para el Presidente mantener esas tensiones internas y ese juego de equilibrios en su gabinete de seguridad. Si Calderón confía la coordinación de la lucha antinarco a una sola cabeza, sea el Ejército o la Procuraduría, el margen de maniobra para el mandatario se reduce y queda en manos de un solo grupo en una cuestión vital para su gobierno y para el país.

García Luna funcionaría en ese sentido como una suerte de contrapeso a los militares, y junto con el papel que juega en el área de seguridad el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, serían parte importante de la estrategia de la casa presidencial.

Así que a Calderón le conviene mantener a dos manos el mando y la operación en esta guerra contra el narcotráfico, pero el cuidado presidencial debe radicar en que no se desborden las pasiones y las diferencias entre los dos bloques que, en los hechos, hay en su equipo de seguridad.

Porque si de por sí al gobierno federal le está costando mucho trabajo transmitir sus mensajes sobre el avance en esta guerra, y revertir la percepción mayoritaria —documentada en varias encuestas recientes— de que el Estado va perdiendo esta confrontación, agudizar las diferencias entre las cabezas que conducen esta lucha contra el crimen organizado sería letal no sólo para el gobierno y para el Presidente, sino para la mayoría de los mexicanos que quieren —también lo dicen las encuestas— que se dé y se gane esta guerra.

Las percepciones de Genaro

Si bien la máxima política reza que percepción es realidad, para que esto se cumpla se necesita que esa presunta realidad sea percibida por amplios sectores de la opinión pública. No parece ser el caso del diagnóstico que el secretario García Luna, hizo esta semana ante los titulares de las áreas de seguridad de los gobiernos estatales.

La cifra de muertos por ejecuciones y violencia del narcotráfico en México en este momento, que según los últimos conteos de diversos diarios llega ya a los mil 580, de los cuales 480 asesinatos se han cometido en el último mes, hace que sea muy difícil comprar el discurso de García Luna en el sentido de que todo es producto de estrategias de propaganda del narcotráfico. “Quieren generar la percepción de un caos”, dijo el secretario sobre la situación que en este momento se vive en varias regiones del país.

La primera pregunta que surge es por qué el gobierno reconoce la efectividad de los métodos de propaganda de los narcotraficantes y no nos explica qué pasa con sus propios propagandistas. Porque aunque pueda haber disparidad en las cifras del dinero que manejan los criminales, el gobierno federal cuenta también con un presupuesto público importante para difundir sus acciones. Tiene además todo un aparato de medios de comunicación públicos para apoyar su labor propagandística y cuenta además con tiempos oficiales en los medios privados.

¿Por qué entonces no puede combatir también a los capos de la droga en sus estrategias intimidatorias y de propaganda? Da la impresión que hay una grave falla en las estrategias de comunicación y difusión que el gobierno está empleando en esta guerra.

Es un hecho que las guerras modernas, aquí y en todo el mundo, ahora también se ganan o se pierden en los medios, y si no que le pregunten a George W. Bush. Y el gobierno calderonista tal vez no ha sido tan efectivo en el diseño y la difusión de sus mensajes para convencer a la población de los resultados de su política de seguridad y de sus constantes llamados a que la sociedad se involucre, sin que le expliquen bien a los mexicanos cómo pueden apoyar en esta lucha.

¿Dónde quedaron los excedentes petroleros?

Tras el anuncio del secretario de Hacienda, Agustín Carstens, sobre el finiquito de los excedentes petroleros, se desató un jaloneo entre el gobierno federal, el Congreso y los gobernadores de los estados por los millonarios recursos calculados hasta en 31 mil millones de dólares. La administración calderonista sostiene que ya no hay dinero para repartir a los estados porque los ingresos extraordinarios que se obtuvieron con los altos precios del petróleo se destinaron en su mayoría a subsidiar los precios de la gasolina en el país.

Además, Hacienda sostiene que la caída en las exportaciones de petróleo mexicano hizo que la cifra estimada como excedentes no fuera la esperada. Las cifras y los argumentos de Hacienda fueron rechazados en principio por congresistas y gobernadores de oposición, que incluso hablaron de una estrategia política del gobierno de Calderón para presionar a los estados a que apoyen su iniciativa de reforma energética.

En la Cámara de Diputados, la Comisión de Hacienda ordenó un análisis detallado de las cifras y argumentos del gobierno a su Centro de Estudios de Finanzas Públicas, y lo que han encontrado hasta ahora los analistas y expertos de San Lázaro echa por tierra las afirmaciones de gobernadores y legisladores que creyeron que la Federación les estaba escamoteando los recursos.

De la comparación de las cifras que han hecho los diputados se desprende que son reales los datos manejados por Hacienda en el sentido de que no quedan excedentes por repartir, y que los miles de millones de dólares que entraron a las arcas públicas por los altos precios internacionales del barril de petróleo sí fueron consumidos por la decisión del gobierno de México de mantener sin alza los precios de las gasolinas, que se han disparado en el resto del mundo.

Los analistas de San Lázaro estuvieron en los últimos días cruzando cifras y datos con la Secretaría de Hacienda y, según se sabe, preparan las conclusiones de su estudio, que serán entregadas al presidente de la comisión legislativa del ramo, Jorge Estefan Chidiac.

El único punto que aún analizan en la Cámara de Diputados es si la decisión de Hacienda de enviar los excedentes petroleros al subsidio a las gasolinas fue legal y si, como sostiene el gobierno, no está obligado a entregar esos recursos a los estados si ya se terminaron.

En la bancada priísta de San Lázaro ya tienen esa información, y estarían por darla a conocer. La pregunta es si los gobernadores del PRI, que fueron los que más cuestionaron al secretario de Hacienda, aceptarán los resultados del estudio hecho por los legisladores y se quedarán de brazos cruzados ante la ausencia de excedentes por el petróleo.

Porque fue justamente esa disputa por los ingresos extraordinarios del petróleo lo que originó el nacimiento de la Conferencia Nacional de Gobernadores, con la que los estados cuestionaron el manejo que hizo de esos recursos el gobierno de Vicente Fox y obligaron, por ley, a que una parte de esos ingresos fuera repartido a las entidades federativas.

En Metepec, estado de México, en una reunión de la Conago en 2004, Francisco Gil Díaz, entonces titular de Hacienda, les dijo a los gobernadores que no había dinero que repartir y que “eso de los excedentes petroleros era un mito genial”.

Cifras en mano, se levantó de su asiento Manuel Ángel Núñez Soto, quien entonces era gobernador de Hidalgo. Con documentos, estadísticas y datos de los mercados petroleros de Nueva York, el mandatario hidalguense refutó las cifras sobre la producción y exportación de petróleo que acababa de dar Gil Díaz y que se basaban en la información oficial de Pemex.

Cuentan quienes presenciaron aquel debate que Francisco Gil empezó a trastabillar ante la confrontación de las cifras oficiales de Pemex y que terminó por pedir tiempo a los gobernadores para checar bien los datos y darles una respuesta.

Y ahí viene lo que podría pasar con el jaloneo actual por los excedentes del petróleo: si la Cámara de Diputados avala, después de confrontar y analizar, las cifras de Hacienda y acepta que, efectivamente, no hay excedentes por repartir, lo que va a salir a la palestra será la escasa transparencia y la opacidad con la que siempre se han manejado las cifras de producción y exportación de Pemex.

“Nosotros no tenemos pleito con Hacienda y menos si las cifras que nos dan coinciden con lo que dice el secretario Carstens; pero tampoco nos consta que los datos y los números que maneja Pemex sean los reales. ¿Quién audita ese manejo de cifras en la paraestatal?”, comentó el diputado Estefan Chidiac a esta columna.

Así que, si Hacienda y el gobierno calderonista ganan el jaloneo por los excedentes, tal vez lo que siga sea el debate y la confrontación con el Congreso y los gobernadores por la falta de transparencia en el manejo de la renta petrolera. Y ahí sí pueden salir a relucir cosas que no le convienen ni a éste ni a anteriores gobiernos.

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