Opinion

Dos episodios muy preocupantes para el gobierno mexicano prendieron focos rojos en la seguridad del presidente Felipe Calderón. Ambos ocurrieron la semana pasada y pasaron inadvertidos. En el primero, durante la gira del mandatario a Guanajuato, la policía local informó a los federales de la existencia de hombres armados sobre unos cerros. De inmediato, creyeron que se trataba de elementos del EPR. La alarma creció cuando del cruce de información se determinó que la ruta del avión presidencial estaba por encima de los cerros. Los agentes peinaron la zona pero ya no encontraron nada. La aeronave modificó su plan de vuelo, de todas formas, y por eso se envió un helicóptero artillado a Reynosa para el viaje del viernes.

El segundo incidente ocurrió en Tamaulipas: de la nada aparecieron cuatro autobuses foráneos con 60 personas. Llegaron al aeropuerto con el argumento de que eran enviados de la Sedesol para ir a recibir al Presidente. Con la revisión de la información, se descubrió que la secretaría no había enviado a nadie.

El magistrado Édgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, lleva cuatro meses y medio al frente de la institución con un plan de trabajo que comienza a llamar la atención. Nos comentan que quiere modernizar el sistema, principalmente la agilización de los procesos y la implantación de los juicios orales (ya ha realizado algunos ejercicios para este tema).

Otro punto interesante que promueve don Édgar está relacionado con el sistema penal especializado para menores de edad. Pronto habrá resultados, nos explican.

El juicio para no pagar el agua hace agua. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidieron mandar el caso a la congeladora; se trata del litigio que promueve el Poder Judicial para no pagar agua y el impuesto sobre la nómina de sus trabajadores. El ministro encargado del tema, Sergio Valls, estará fuera una semana y varios de sus compañeros tienen un compromiso “ineludible” en las playas de Cancún, para participar en un Congreso sobre derecho constitucional.

El caso del agua se fue hasta el final de una larga lista. Algunos supersticiosos del máximo tribunal expresaron chocarreros que en martes 13 ni la Corte revisa los juicios que ella misma promueve; no sea que los vaya a perder.

El designado embajador de México en Colombia, Florencio Salazar Adame, tiene todas las pruebas de que la investigación de la PGR sobre una acusación por supuesta usurpación de funciones está desechada y enterrada. Ni siquiera la apelación del denunciante José Núñez Perea procedió en los tribunales. Esta persona fue despedida del gobierno del DF por supuestos actos de corrupción y de la Procuraduría Agraria por incumplimiento del deber y mal uso de recursos oficiales, asegura don Florencio.

El asunto ha sido legalmente resuelto “y en virtud de que el detractor en cuestión continúa calumniando he interpuesto ante el 7o juzgado civil del Distrito Federal demanda en su contra por daño moral”, dice el político, que espera la ratificación de la Comisión Permanente para viajar a Bogotá.