Opinion

La figura del ombudsman de los medios o de los defensores de las audiencias comienza a expandirse en nuestro país, pero principalmente en los llamados medios de servicio público

¿Cuál será la primera televisora o radiodifusora comercial que tome la iniciativa?

Los canales 22 y 11 fueron los pioneros al designar, respectivamente, a Gabriela Warkentin y a Ricardo Raphael con esa importante responsabilidad. En marzo pasado, un reconocido investigador de la comunicación, Enrique Sánchez Ruiz, fue nombrado defensor de las audiencias de las siete emisoras de radio y de los programas de televisión de la Universidad de Guadalajara.

En los próximos días, otro sobresaliente y respetado investigador de la comunicación, Guillermo Orozco, podría serlo del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, cuyas instalaciones, por cierto, fueron reinauguradas la semana pasada, durante una ceremonia encabezada por el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez.

El Sistema Jalisciense de Radio y Televisión está integrado por un canal de televisión, el 7, y dos radiodifusoras. La creación de su ombudsman es necesaria particularmente en un estado cuyo gobernador, Emilio González Márquez, se ha caracterizado, justamente, por su violencia verbal y la falta de respeto a sus gobernados.

De este político panista son de sobra conocidas sus polémicas declaraciones por las críticas que se le han hecho por sus bondadosos donativos, con cargo al erario, a diversas asociaciones religiosas, así como a Televisa y Televisión Azteca para actividades como Espacio 2007 (67 millones de pesos), el Teletón (45 millones de pesos), el Juguetón (3.5 millones de pesos) y la grabación de telenovelas (más de 12 millones de pesos).

La labor del ombudsman podría darle al sistema jalisciense la credibilidad y apertura requeridas en emisoras que operan con recursos del Estado, pero bajo la dependencia de un gobernador, cuya función debería ser revisada con lupa en los medios estatales. También será un signo alentador, una corrección del rumbo, luego que el director de ese órgano, Samuel Muñoz Gómez, denostara la creación de esa defensoría.

“Tengo mis dudas respecto de esa figura, que debe ser más colegial o de consejo, y que no recaiga en una sola persona porque se presta a protagonismos”, dijo el directivo a Carlos Padilla (Zócalo, enero 2008). Y agregó: “Me cuesta trabajo pensar en el defensor, ya que no se está atacando (al auditorio), de qué se le va defender”.

En un excelente artículo de Fidela Navarro e Irma Amézquita, presentado en un seminario sobre medios públicos (septiembre 2007), se precisa que en los países desarrollados el ombudsman sirve como guía para conocer las demandas motivadas del público y, en sentido inverso, para explicar las razones y criterios de la elaboración de un contenido específico, lo cual sirve a las audiencias no sólo para conocer valores y criterios deontológicos que deben regir a los medios, sino también para familiarizarse con el quehacer profesional mediático en general.

Aleida Calleja

Y con un estilo parecido al del gobernador de Jalisco, el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, Juan de Dios Castro Lozano, calificó a la vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), Aleida Calleja, como “enemiga del Estado”, durante una reunión con representantes de diversas instituciones nacionales e internacionales que participan en una misión internacional de documentación sobre ataques en contra de periodistas y medios de comunicación.

Calleja trataba el caso del asesinato de dos periodistas de radios comunitarias, cuando el ex asesor jurídico del ex presidente Vicente Fox reiteró su calificativo a la también integrante del Comité Directivo de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi).

Los representantes de asociaciones de prestigio internacional como la Federación Internacional de Periodistas, la Sociedad Interamericana de Prensa, Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras dirigieron una carta al presidente Felipe Calderón en la que califican como grave la acusación del funcionario y exigen una explicación y una disculpa por parte del gobierno federal.

A Castro Lozano se le suelta la lengua con facilidad. Son históricas sus declaraciones en el proceso de desafuero contra López Obrador. En agosto de 2007 se retractó de los calificativos vertidos en contra del gobernador Ulises Ruiz. Hace unos días prácticamente exoneró de cualquier acto ilícito del ex presidente Fox. “No le encontrarán nada”, dijo palabras más palabras menos, al dar su opinión sobre la comisión que investiga al ex presidente en la Cámara de Diputados y en la cual, vaya casualidad, participa su hijo.

Movistar, Telmex y más

El diferendo Telmex-Telefónica Movistar tuvo la semana pasada un nuevo capítulo, luego de que la dependencia que encabeza Luis Téllez enviara un oficio a la empresa de Carlos Slim en la que le obliga a interconectarse con su competidora. Hace meses debió actuarse así, pero todo mundo sabe la condescendencia de las autoridades mexicanas en estos temas.

Lo que también resulta inverosímil es que a estas alturas el gobierno no sepa si Grupo Telecomunicaciones Mexicanas, filial de la empresa española Telefónica, viola la legislación mexicana en materia de inversión extranjera. Es increíble que el Estado no tenga conocimiento de la situación financiera de una compañía que ha sido denunciada por supuestas prácticas inadecuadas en sus finanzas.

Ideas en tormenta (Ediciones Ruz) es el libro más reciente de José Luis Ortiz Garza, profesor e investigador de la Universidad Panamericana. La documentada obra —característica de las investigaciones del doctor Ortiz— analiza cómo los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial impactaron a través de los medios la “esfera pública” y los sentimientos, actitudes y conductas de los mexicanos. Un texto de obligada lectura para los interesados en el tema de la opinión pública.

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