Opinion

Urge poner al descubierto a lo que parecen ser bandas paramilitares locales; pero podríamos estar viendo sólo juegos con fichas de cambio

“Con un simple garnuchazo”, respondió alguna vez Carlos Abascal —entonces secretario de Gobernación del foxismo—, cuando se le preguntó si estuvo al alcance de su mano sacar del cargo al gobernador de Puebla, Mario Marín, hundido entonces en la crisis que le provocaron sus propios excesos en el caso Lydia Cacho.

Como todos sabemos, el gobierno no facilitó entonces el derrocamiento de ese mandatario reducido a la caricatura del Góber Precioso. Lo que hizo, en cambio, fue lo que todos suponemos: negociar.

Con Oaxaca nos encontramos en un escenario similar, pero mucho más grave, en la medida en que también hay agravios serios a derechos humanos, a lo que se suma la muerte de un número no determinado de personas (quizá decenas) a manos de fuerzas ligadas al gobierno estatal.

Así lo ponen de manifiesto los vagos datos que está filtrando la Procuraduría General de la República que conduce Eduardo Medina Mora. La filtración podría ser un problema si no estuviera basada en una trágica realidad que se describe en unas cuantas líneas:

Hay un oscuro grupo paramilitar local, forjado durante la administración de José Murat y consolidado con el gobierno de Ulises Ruiz. Lo forman Jorge Franco Vargas, secretario de Gobierno durante el estallido de la crisis magisterial en el estado (mayo-noviembre 2006), lo que lo tornó insostenible en el puesto, pero hoy encabeza al PRI estatal y es precandidato a una diputación federal.

Manuel Moreno Rivas, ex director de la Policía Ministerial (Judicial), ha sido el principal brazo ejecutor de este grupo, durante las protestas de la APPO, en las que murieron 26 personas, y aun después de que fue obligado también a dejar el puesto. Ahora está en la “vida privada”, desde donde, se asegura, controla a una banda que realiza secuestros y asesinatos por contrato. Él tuvo otros momentos de fama: en marzo de 2005 fue el escolta presentado con un inverosímil disparo en la pierna producto de un nunca demostrado atentado en contra del entones gobernador José Murat.

Se asegura que un secretario de Moreno Rivas es el “testigo protegido” de la PGR que implica al propio Moreno y a otros más en la detención, tortura y muerte de los líderes del Ejército Popular Revolucionario Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, cuyo paradero exige conocer el grupo guerrillero.

A la Procuraduría General de la República no le haría falta un Sherlok Holmes para poner al descubierto las atrocidades de este grupo irregular con soporte gubernamental, capacidad de fuego y la impunidad necesaria para ser considerado una fuerza paramilitar en detenciones extralegales y ejecuciones encubiertas. La historia de las guerras sucias tienen un nombre esclarecedor para ello: brigadas de la muerte.

La pregunta es si el gobierno de Calderón actuará en favor de la justicia o de su conveniencia política, como lo hizo en su momento la administración Fox en el caso poblano y en el mismo de Oaxaca. Y según como van las cosas… al parecer lo que estamos viendo es una mesa de juego donde todos estos temas no son más que fichas de cambio.

Y mire usted por qué se lo digo:

Mario Marín y Ulises Ruiz le deben su sobrevivencia política a las gestiones que su partido, el PRI, y en particular su presidenta, Beatriz Paredes, y el líder senatorial Manlio Fabio Beltrones, han llevado a cabo eficazmente ante Los Pinos y la Secretaría deGobernación.

En una coyuntura como la actual, donde en unos cuantos meses tendremos de nueva cuenta el tema energético en el Congreso, la postura del Institucional resultará clave si se desea avanzar en esta y otras reformas.

Acaso no debamos llamar a escándalo por el hecho de que el gobierno arribe a una negociación con un partido opositor en favor de lo que considere un bien superior.

El problema es que en este caso, del otro lado de la balanza se hallan temas con tantas aristas como los derechos humanos, asesinatos sin aclarar y el espinoso diálogo con el Ejército Popular Revolucionario, grupo que hasta que no se demuestre lo contrario, hoy tiene todas las cartas credenciales para ser considerado una banda terrorista.

Bajo tales condiciones, pueden prosperar las voces que alertan sobre lo caro que saldría, en este entorno, negociar con el Partido Revolucionario Institucional y ver hacia otro lado para no ensuciarse en cuestiones de terrorismo y grupos paramilitares. Algunas de estas voces, acaso pecando de ingenuas, simplemente creen que lo mejor, lo más legítimo, es simplemente actuar en favor de la verdad y la justicia. Así nomás.

Apuntes: Paraíso anulado

CANCÚN no sólo debía soportar la incompetencia oficial ante el crimen organizado; no era suficiente que el principal punto de entrada de divisas del país ahuyente la inversión con una “ley del mangle” que no entienden ni sus creadores. El nuevo gobierno municipal del perredista-empresario Gregorio Sánchez debía aportar su sello y arrancó con un disparo en el número de invasiones de predios. No son espontáneas ni sólo en áreas urbanas; incluyen ya a proyectos hoteleros de playa, y atrás hay políticos que compran a líderes de invasores y sobornan a funcionarios del Registro de la Propiedad para ubicar “buenos lugares”. Frente a ello, el gobierno estatal del priísta Félix González Canto se tapa ojos y oídos. LA CORTE decidió concentrar todas las impugnaciones ligadas con la reforma electoral: las de los partidos, las de empresarios acostumbrados a pagar “propaganda negra” y las de los intelectuales que defienden tal derecho. Incluso algunos medios chapotean ya en esa espesa salsa de contradicciones. Salvo una sorpresa de último momento, los ministros rechazarán en paquete todas las impugnaciones. OTRO TRIBUNAL que se apresta a cumplir su tarea es el federal electoral, entre cuyos miembros existe desde hace semanas la convicción de que el accidentado proceso del PRD debe ser anulado. Los dos contendientes tuvieron la oportunidad de decidirlo por sensatez; las instancias internas tuvieron los argumentos legales para decretarlo así. Fracasadas ambas instancias, la decisión deberá venir de fuera, según todos los indicios disponibles. DOS EVENTOS relevantes apenas rozaron las páginas de los diarios: la capacidad de convocatoria para el cumpleaños 40 de Emilio Azcárraga Jean, presidente de Televisa, por cuya casa de Contadero desfiló una legión de personalidades, encabezadas por el presidente Calderón. El otro suceso de relieve, de muy distinto orden, fue la muerte de don Isidro López del Bosque, fundador del Grupo Industrial Saltillo y empresario clave en el noreste del país.

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