Opinion

Desde noviembre los líderes del partido cerraron la puerta a un acuerdo interno; lo que sigue ahora es más radicalismo y más histeria en el campo de las derechas

Una propuesta impulsada a finales de año por el dirigente de la organización, Leonel Cota, y por Manuel Camacho —ambos cercanos a Andrés Manuel López Obrador—, parecía ofrecer a todos una salida decorosa: negociar diversas posiciones pendientes de definición, para que cada corriente tuviera una franja importante de poder.

Un total de ocho monedas de cambio fueron colocadas sobre la mesa aquel noviembre, lo que incluía desde luego la presidencia y la secretaría general del partido, a nivel nacional y en el DF; la dirigencia del Comité Nacional y del Frente Amplio Progresista (FAP), la coordinación de los diputados en la próxima Legislatura, la todavía más remota candidatura al gobierno del estado de México…

El planteamiento no arraigó lo suficiente, y se desabarrancó el 8 de enero cuando López Obrador apresuró el relevo en el FAP, por la salida de Jesús Ortega. Éste y Cota habían arribado a una propuesta de conciliación en la persona de Manuel Camacho, pero el tabasqueño sacó la carta de Porfirio Muñoz Ledo. Con ello mandaba hacia el interior del PRD la señal de que iría por el control del partido, sin negociaciones de por medio.

Aquellos pocos que integran en realidad el primer círculo de López Obrador saben que él culpa a muchos actores de su derrota de 2006, y entre ellos incluye al bloque de Los Chuchos, que encabeza Jesús Ortega, a cuyos operadores atribuye componendas con poderes locales y federales antes, durante y después del proceso electoral. Salvo sorpresas de por medio, lo que viene entonces, es una fractura interna, de dimensiones imprevisibles, en las filas perredistas. Un ciclo más de la antropofagia política que lastra a la izquierda mexicana históricamente.

Y lo que ocurre adentro, con más razón sucederá afuera. López Obrador ha roto todo contacto con aquellos sectores que durante la campaña tuvieron contacto con él. Tal es el caso de algunos jerarcas de la Iglesia y otros personajes a los que aquél simplemente ha hecho saber y sentir que sin comicios a la vista, no tiene necesidad alguna de sostener un trato que siempre fue de mutua conveniencia.

En este contexto habrá que imaginar salidas para la crisis actual, que incluye la toma del Congreso federal, la parálisis en la elección del PRD y el fortalecimiento desde los sectores más conservadores, de una histeria que por momentos linda en la convocatoria a una noche de cuchillos largos.

Con la misma factura de los anuncios difundidos en la campaña de 2006, aparecen ahora otros, llamando fascistas a los perredistas. A ese carro se han trepado empresarios impresentables como Guillermo Velasco Arzac —al parecer simple compañero de viaje de oscuros intereses—, “líderes” y “analistas” que apenas maquillan el mismo discurso que asemeja a los perredistas con tiranos como Hitler o Victoriano Huerta, o compara la toma de una tribuna legislativa con el intento de evitar la instalación del Congreso en 1997 —ese sí golpista—. Sobre esto último, ahí están, mezclados, los protagonistas de esa historia: Emilio Chuayffet, Arturo Núñez y Porfirio Muñoz Ledo.

Nadie puede saber hasta dónde se puede tensar la liga sin romperla. López Obrador, el gobierno de Calderón, los poderes reales y aquellos que se presentan como la conciencia crítica de la nación, están abonando un terreno harto peligroso. Por ese tobogán puede resbalar la República entera.

Apuntes: La renuncia de Mouriño

RESPONSABLE de una amenaza de descarrilamiento en el gobierno de Felipe Calderón, Juan Camilo Mouriño tomó una decisión en la parte más aguda de la crisis provocada por su firma en contratos de la empresa familiar: el secretario de Gobernación ofreció a su jefe renunciar. De acuerdo con la versión recogida por este espacio, la dimisión fue rechazada por el mandatario para no permitir que Andrés Manuel López Obrador cobrara una pieza de esa dimensión. UNEFON, la empresa de Ricardo Salinas Pliego que ha ocupado tantos titulares en los últimos días, tiene tras de sí dos historias más emocionantes: la primera, que en el origen de las dos prórrogas en la venta de frecuencias que le dieron origen, podría haber estado una orden del ex presidente Ernesto Zedillo. Se acercaba en esos días el fin del gobierno y nuevas elecciones ya estaban a la vuelta de la esquina. Hay testimonios de que el colaborador más cercano a Zedillo transmitió la orden en discretísimos coloquios. El otro tema poco visto es el vencimiento de otra concesión propiedad del Grupo Salinas, la de IUSACEL, agotada el año pasado. La renovación debe valer cientos de millones de dólares, y ahí es donde las discusiones son de a de veras. CANCÚN ofrece un curioso ejemplo de incompetencia de los tres niveles de gobierno, cada uno encabezado por un partido diferente. En la plaza más importante del país en materia turística, el crimen organizado ejecuta a rivales a plena luz del día, tortura hasta la muerte a jefes policiacos, trafica con enormes cantidades de droga, opera redes de indocumentados, prostitución… y poco o nada logran hacer para controlar el problema el gobierno federal del panista Felipe Calderón, o el estatal del priísta Félix González Canto, ya no digamos el recién iniciado municipal, del perredista Gregorio Sánchez. La UAM apenas empieza a recuperarse de la dilatada huelga que dejó correr el rector José Lema para no subordinarse a un sindicato sin liderazgo. Uno de los efectos será la próxima fractura de la organización gremial que formalmente encabeza Hermelinda Hurtado. Un frente claro, el de los académicos, iniciará pronto un camino propio. La Metropolitana cuenta hoy con 3 mil 500 profesores, de los que sólo mil 200 son sindicalizados. LA LEY DE MEDIOS está obstaculizada, entre otros muchos motivos, por los recursos judiciales que estudia aún la Corte sobre las impugnaciones de Rafael del Villar y Gonzalo Martínez Pous por haber sido descartados por el Senado como aspirantes a integrar la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Si una solución en su favor consolidaría la ascendencia del gobierno sobre la Cofetel, los ministros del alto tribunal no se explican por qué el abogado de la nación, el procurador Eduardo Medina Mora, cabildea en la Corte en contra de esta causa.

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