Opinion

Lo ocurrido en el IFE muestra la fragilidad de las instituciones democráticas en el país. La ineptitud de algunos consejeros, incluido el consejero presidente, y la precariedad de la cultura cívica de distintos protagonistas de la vida pública, señaladamente el candidato presidencial derrotado, Andrés Manuel López Obrador, erosionaron la institución emblemática de nuestra incipiente democracia.

Los daños en la credibilidad y la confianza no dejaron margen para diseñar una alternativa sin costos. La permanencia de un Consejo General impugnado por tres partidos políticos (PRD, PT y Convergencia), y por casi un tercio de los electores, habría implicado llegar a las elecciones federales del año próximo con un árbitro cuestionado y, quizás, con la participación bajo protesta de los partidos del Frente Amplio Progresista (FAP). El grupo que hoy domina al PRI vio en el ánimo de venganza de la izquierda la ocasión para cobrar sus propias facturas, “depurar” al Consejo e introducir consejeros afines que le garantizaran el control del instituto.

La reforma electoral y el reemplazo casi total del Consejo General mostraron la vulnerabilidad del órgano “autónomo”, la ilusoria “inamovilidad” de los consejeros, y sentaron un precedente pernicioso: desde el Congreso se puede intimidar y doblegar al IFE. Situación que prevalecerá mientras no se modifique el absurdo mecanismo que pone en manos de los partidos la elección y la suerte de quienes deben fiscalizar su actuación en la contienda.

El procedimiento convenido para seleccionar a los nuevos consejeros fue defectuoso, más aún la metodología para calificar a los aspirantes. Sin explicación alguna fueron excluidos, en la primera ronda, figuras tan solventes como Eduardo Huchim May y Fernando Serrano Migallón. En la fase final, la decisión de la Junta de Coordinación de agregar otros nombres a los 15 escogidos por la Comisión de Gobernación mostró la intromisión de quienes mandan en los partidos.

Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo, los diputados violaron el artículo transitorio de la Constitución que fijaba el 13 de diciembre como fecha límite para designar al consejero presidente y dos consejeros. Y, finalmente, de la lista de 39 preseleccionados quedaron fuera el embajador Jorge Eduardo Navarrete, el jurista Lorenzo Córdova y el sociólogo Alfredo Figueroa Fernández, por mencionar tres casos sobresalientes que habrían dotado al Consejo General de dignidad, sabiduría y lucidez.

Pero más allá de los déficit del proceso, se evitó lo peor: haber llegado al nuevo término fijado por los propios legisladores, el 7 de febrero, sin un acuerdo entre las tres fuerzas mayores y, ante tal eventualidad, haber pospuesto nuevamente la elección o definido el desenlace sin la participación del PRD, repitiendo el “pecado original” de 2003.

Los nuevos consejeros llegan con el respaldo de los ocho grupos parlamentarios y con una mayoría contundente en el pleno.

La elección del doctor Leonardo Valdés Zurita como nuevo presidente es un acierto, no sólo por su indiscutible experiencia en materia electoral sino por la imparcialidad y apego a derecho de que dio muestras en el IEDF. Lo que le reprueba el lopezobradorismo, haber votado en contra del registro de Andrés Manuel como candidato a jefe de Gobierno del DF, no tiene nada censurable; el tabasqueño no cumplía el requisito constitucional de residencia; sin embargo, PRI y PAN consintieron su registro por distintas razones: el primero, al asumir que su candidato a la Presidencia, Francisco Labastida, ganaría por un escaso margen, lo que generaría la inconformidad de Acción Nacional y no quería que a esto se agregara la protesta social del PRD; el segundo, por confiar demasiado en la imagen y trayectoria cívica de Santiago Creel.

Benito Nacif es un académico serio, comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas, mientras que Marco Antonio Baños —muy ligado al grupo de Manlio Fabio Beltrones— tiene también una amplia experiencia en la materia.

Sin embargo, llegan a un IFE lastimado en su autonomía, con nuevas atribuciones pero pocos recursos para cumplirlas y, para colmo, con una partidocracia prepotente y abusiva que ya mostró de lo que es capaz. Frente a ello, los nuevos consejeros no tienen otra alternativa que afirmar desde el primer momento su independencia, lo que generaría una base de apoyo desde la sociedad civil y la opinión pública.