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Expedientes abiertos | Roberto Rock

Calderón comete ‘error de diciembre’

Egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ingresó a EL UNIVERSAL en 1978, donde desempeñó varias actividades pro ...

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La crisis jurídica y política surgida por el “frenón” en la designación de consejeros del IFE impuso en el primer círculo en el poder un malestar cuyas consecuencias ya se asoman

Lunes 17 de diciembre de 2007

Calderón comete ‘error de diciembre’

La renovación del IFE se ha desbarrancado y el Presidente se arrepiente del pacto con Manlio Fabio Beltrones. ¿Impondrá el resultado un impasse más allá de febrero?

La crisis jurídica y política surgida por el “frenón” en la designación de consejeros del IFE impuso en el primer círculo en el poder un malestar cuyas consecuencias ya se asoman. Sus efectos provocarán una rebelión dentro del Partido Acción Nacional, obligarán a revisar la colaboración entre el gobierno y el PRI, e incluso podrían impulsar ajustes en la operación confiada a Juan Camilo Mouriño, el segundo hombre más poderoso del gobierno.

En diversos sectores prospera desde el jueves la percepción de que el costo político de poner al IFE en el limbo podrá ser simplemente cargado a la necedad del PRD. Pero en las últimas horas, desde el gobierno se filtra una grave contrariedad por lo que se entiende como un error grave el haber pactado con el PRI la reforma electoral a cambio de la financiera, sin amarrar los términos de la renovación del IFE. Una falla sembrada en septiembre, que florece tres meses después como el error de diciembre de la administración Calderón.

El arrepentimiento del Presidente puede generar una verdadera fisura en la estrategia seguida hasta ahora, basada en concesiones al PRI a cambio de legitimidad y reformas presuntamente estructurales, para demostrar que el gobierno logra resultados. Pero la crisis del IFE exhibe que el PRI aprovecha su capacidad de negociación —chantaje, le llaman algunos— para intentar gobernar, pese a ser la tercera fuerza electoral del país.

De acuerdo con información aportada a este espacio, en Los Pinos han revisado ya sus escenarios, y lo que ven no les gusta nada. Durante un año han ayudado a que el coordinador de la bancada senatorial priísta, Manlio Fabio Beltrones, extienda su control en ambas cámaras del Congreso y sobre amplios sectores de su partido. Ahora no pueden evitar que el sonorense dirija una consistente operación para colar a un incondicional como nuevo presidente del IFE, lo que depositaría en un solo grupo político —el suyo— el manejo de las elecciones, habida cuenta de que en esta facción se halla también la magistrada presidenta del Tribunal Federal Electoral, María del Carmen Alanís.

La famiglia beltronista, hoy consolidada con el aliento del gobierno, merece un abordaje exclusivo en estos Expedientes. Baste decir por ahora que se trata de un grupo que cruza partidos —ahí militan, por ejemplo, el neoperredista Arturo Núñez y el neopanista Diódoro Carrasco. Tres integrantes de esa facción son las cartas de Beltrones, ya puestas en la mesa, para dirigir al IFE: Marco Antonio Baños, Felipe Solís Acero y, otra vez, Jorge Alcocer, cuya reaparición en el escenario asumen desde ahora muchos actores.

Negociación, segundo tiempo

Frente a ese panorama, el gobierno y el PAN hacen sus cálculos sobre las implicaciones de deslizar la discusión sobre el IFE mucho más allá de febrero, quizá hasta agosto, cuando debe ser designado otro grupo de consejeros, lo que daría más fichas por repartir. Pero otra alternativa es, desde ya, dejar que los actuales ocho consejeros se queden hasta 2010.

Una duda concreta es si el equipo del gobierno que negocia estos temas seguirá integrado de la misma manera o sufrirá ajustes. Dicho en términos futbolísticos, hasta ahora la alineación es encabezada por Juan Camilo Mouriño, el indispensable operador presidencial. Él ordenó que saltaran a la cancha los senadores Santiago Creel y Ricardo García Cervantes, apoyados, como medio de contención por el experto en asuntos electorales Alejandro Poiré. El director técnico formal, Francisco Ramírez Acuña, secretario de Gobernación y supuesto responsable de la política interna, tiene para este tema su lugar exclusivo desde hace un año… en la banca. ¿Le soltarán el balón en este segundo tiempo?

Y si el frente externo es complejo, hacia adentro del instituto que encabezaba Luis Carlos Ugalde los problemas se agudizarán una vez que cobren vigencia plena en los próximos días las enmiendas a la ley electoral. Adicionalmente, los asuntos pendientes mantienen a más de uno con insomnio.

Tras anunciar el viernes su retiro, Ugalde llegó el sábado a mediodía a su oficina en mangas de camisa, y ahí estuvo por varias horas, en espera de acuerdos por parte de los restantes ocho consejeros, que estaban reunidos construyendo consensos mínimos antes de pedirle convocar al Consejo General del organismo, para designar a surelevo.

El momento volvió a evidenciar que los consejeros están divididos en dos bloques: por un lado, Andrés Albo, Arturo Sánchez Gutiérrez, María Teresa González Luna y Alejandra Latapí. Por otro, Rodrigo Morales, Mario Gómez y Virgilio Andrade. Una más, Lourdes López, se ubica en uno u otro grupo, según las circunstancias. El primer bloque ha mostrado ser más institucional y cercano a Ugalde; el segundo busca siempre congraciarse con los partidos políticos. Anoche, en votación dividida, los consejeros eligieron a Andrés Albo para que ocupe la presidencia interina, pero el segundo bloque habría empujado, hasta el último momento, a Rodrigo Morales.

Al nuevo presidente le tocarán varias tareas, graves e inmediatas. La nueva ley electoral le otorga poderes y responsabilidades adicionales, pero apenas en enero afrontará el desafío de decidir si el IFE empuja más el tema de los spots pendientes de aclaración, asunto que el Tribunal Federal Electoral ha venido frenando.

El PRI se halla a sólo tres millones de pesos de violar con sus cuentas los topes de campaña de 2006. Y tiene decenas de miles de spots de los cuales no ha aclarado el origen de recursos. Tiene pues, un pie en una multa que podría superar los 400 millones de pesos y alimentaría nuevamente la polémica.

Caso contrario, asistiremos a un ejemplo escandaloso de impunidad.

De aquellos lodos de 2006 quedan también millones y millones de boletas que ya deberían haber sido quemadas pero que han estado sometidas a polémica durante 18 meses, con más de mil 500 personas resguardándolas y el alto mando del Ejército quejándose por tener que permanecer frente a las oficinas de los 300 distritos electorales, donde se halla esta documentación.

Y por si fuera poco, la nueva ley electoral dice que con la designación de los nuevos consejeros, el presidente del IFE quedará cesante. ¿Esa espada cortaría también la cabeza de un presidente interino?

Apuntes

  • LA SUTILEZA con la que se ha manejado el tema de la sanción contra la compañía constructora GUTSA, de Juan Diego Gutiérrez Cortina, obedece no al ánimo de proteger a las anteriores autoridades de Caminos y Puentes, sino al hecho de que el empresario fue, a juzgar por todos los reportes disponibles, importante mecenas de la campaña del hoy presidente Felipe Calderón. La inhabilitación de GUTSA por el breve periodo de un año no mereció un comunicado oficial del gobierno, y sólo mediante trascendidos se logró colar hasta la opinión pública.

  • EL VIAJE de Marcelo Ebrard a Los Ángeles, donde se reunió con el alcalde Antonio Villaraigosa, hizo que algunos recordaran una reciente cena durante la cual el funcionario angelino de origen mexicano se reunió con magnates nacionales encabezados por Carlos Slim. Hubo largos elogios hacia Villaraigosa, pero cuando éste tomó la palabra enfrió a todos el ánimo con una sola frase: “Seamos honestos, México es un país que obliga a familias como la mía a emigrar. De haber vivido aquí, posiblemente esta noche estaría sirviéndoles la cena, como su mesero”.

  • LA RENUNCIA del subsecretario de Ingresos, Fernando Sánchez Ugarte, tiene dos vetas que deben ser aclaradas. La primera, los motivos, ligados al parecer al engaño representado por la reforma fiscal, que no logrará las metas ofrecidas. Y la segunda, su apresurado arribo a la dirección general de la compañía TMM, propiedad de José Serrano. Para quien dude si hay conflicto de interés en este movimiento bastaría recordar la demanda fiscal que ganó TMM al gobierno el sexenio pasado, por casi mil millones de pesos. Queda ahí el tema, como un expediente abierto. Hasta el próximo lunes.

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