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Bitácora Republicana | Porfirio Muñoz Ledo

Los reclutas electorales

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Desde fines de los 80 hemos padecido el distanciamiento entre el impulso ciudadano a favor del cambio y la coagulación del estamento político, ahora plural, que tiende a manipularlo en función de sus propios intereses

Viernes 07 de diciembre de 2007

Los reclutas electorales

Desde fines de los 80 hemos padecido el distanciamiento entre el impulso ciudadano a favor del cambio y la coagulación del estamento político, ahora plural, que tiende a manipularlo en función de sus propios intereses. Así, el desbordamiento inédito de personajes que se inscribieron como candidatos a consejeros del IFE, en contraste con las inercias autoritarias de las cúpulas, que a través del derecho al palomeo pretenden capitalizar las ganancias.

He llamado “reclutas electorales” a los 489 compatriotas que se presentaron, entre los cuales sólo 63 mujeres. La expresión connota a quien “libre y voluntariamente se alista como soldado”, en este caso, del combate mayor por la democracia. Es una panoplia representativa de personalidades nacionales, algunas en extremo destacadas y muchas profesionalmente idóneas, aunque no hayan faltado las pinceladas picarescas aportadas por el desempleo.

En las antípodas de “el que se mueve no sale en la foto”, la afluencia de aspirantes revela una mutación significativa de nuestra cultura política. El paso al frente, sobre todo en el caso de figuras consagradas, es un riesgo cívico que no debiera frustrarse. Los diputados, que ya eliminaron a 383, han emprendido su tarea con celo y desmontado de paso una candidatura ostensiblemente prefabricada. Queda ahora lo principal: la primacía de la competencia y la imparcialidad sobre la componenda.

Sorprende que los legisladores no hayan decidido la sustitución de los nueve consejeros. La densidad de la nómina de elegibles opaca y casi ridiculiza a los sobrevivientes, que sin embargo conservarán la mayoría; lo que sugiere un juego de apariencias por el que se da satisfacción a las galerías mientras se conservan los controles.

Nunca ha sido sencilla la designación de los miembros de los órganos electorales, menos en periodos de transición. Cada una de las instituciones constitucionales autónomas obedece a un régimen distinto: en la Universidad corresponde a la propia comunidad representada por la Junta de Gobierno; el director del Banco de México es propuesto por el Ejecutivo y ratificado por el Senado; la Comisión Nacional de Derechos Humanos se integra mediante un procedimiento análogo y sólo el Consejo del IFE surge de un procedimiento parlamentario.

Esta fue la única fórmula inicialmente aceptable, aunque en realidad se trataba de una feroz negociación entre la oposición y el gobierno, que disponía de mayoría absoluta en ambas cámaras. El objetivo pactado era garantizar el máximo de autonomía política de los consejeros. En 1989, cuando por primera vez planteé la designación de ciudadanos independientes, se me respondió con la mofa o con el sincero escepticismo de quienes pensaban que ello era imposible en nuestro país.

En la emergencia de 1994 convenimos con el titular de Gobernación, Jorge Carpizo, un método de consenso. Afloraron listas de personalidades afines a los partidos o francamente irrelevantes. A los voceros de aquel PRD se nos ocurrió adelantar una relación de ilustres intelectuales a fin de probar la existencia de ciudadanos difícilmente controlables. El secretario respondió —con indignación magisterial—: “¡Esto es la República de las Letras!”.

Prosiguió el intenso debate sobre perfiles, hasta obtener resultados memorables. A principios de 1996 volvimos a padecer los embates del “cuotismo”, encabezados por Castillo Peraza, que categóricamente rechazamos. Nuestros sucesores alcanzaron un acuerdo razonable en el que mezclaron simpatías partidarias y competencias profesionales.

La selección de 2003 fue el colmo de la patología foxiana. Injerencia descarada de Los Pinos a través de la coordinación parlamentaria del PRI a cambio de una reforma fiscal frustrada y en preparación de una defraudación electoral consumada. El cese de los comisarios más notorios del entuerto sólo tendría sentido si les reemplaza por consejeros probadamente incorruptibles.

La convocatoria para la integración del Consejo contempla en su punto octavo que, una vez decantadas las candidaturas, la Junta de Coordinación Política “determinará” —mediante el “más amplio consenso posible”— las propuestas para consejero presidente y consejeros electorales, que enviará al pleno sin alternativa de apelación.

Como la junta decide por voto ponderado que refleja el peso relativo de los grupos parlamentarios, la decisión no obedecería al principio de igualdad jurídica entre sus miembros y que el llamado consenso sólo sería el espacio privilegiado de transacción entre tres partidos. Por eso las organizaciones civiles han sugerido un proceso transparente de insaculación de los aspirantes seleccionados que eliminaría las sospechas.

Se abre camino también entre los diputados la propuesta de elección en urnas sobre la lista escogida, tras de un debate plenario y bajo el compromiso verificable de libertad de voto. Sería la última oportunidad de salvar la maltrecha credibilidad de la clase política.

Dicen en Salamanca que el doctorado no es la prueba del alumno sino la del profesor. Para todos efectos, será el Congreso el que se califique, al prefigurar la legitimidad de las elecciones venideras.

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