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Agenda del debate | José Carreño Carlón

Tregua (no desarme) entre política y medios

José Carreño Carlón: Premio Nacional de Periodismo por artículo de fondo, director de la oficina presidencial de comunicación, son algunos ...




El 2006 fue el año en el que las grandes empresas mediáticas —engolosinadas— llevaron más allá de lo tolerable la presión sobre el sistema político, en su intento de consolidar el poder acumulado en el sexenio del presidente Fox

Jueves 29 de noviembre de 2007

Tregua (no desarme) entre política y medios

Rudo sistema de frenos y contrapesos:con amenazas, pruebas de fuerza yreparto de ventajas

Competencia de descalificacionesentre impunidad de medios yarbitrariedad de políticos

El 2006 fue el año en el que las grandes empresas mediáticas —engolosinadas— llevaron más allá de lo tolerable la presión sobre el sistema político, en su intento de consolidar el poder acumulado en el sexenio del presidente Fox.

Y 2007 fue el año de la resaca.

Este año el sistema político —igualmente engolosinado, una vez que pudo invalidar algunos tantos anotados por el sistema mediático el año anterior— ha llevado más allá de lo tolerable la presión ya no sólo sobre los medios, sino también sobre la autonomía de los órganos electorales y algunas libertades públicas.

Cierto. Con sus excesos, algunos medios han afectado derechos de particulares y han pretendido suplantar las funciones de los poderes constitucionales a través de: a) la subordinación de zonas estratégicas de la administración pública, b) desplantes de poder para doblegar a las cámaras legislativas, y c) campañas para postrar a los órganos judiciales mediante juicios paralelos de opinión pública, por cuenta propia o por encargo.

Pero igual, con sus reacciones, el sistema político: a) desencadenó un juicio público que convirtió retóricamente al sistema mediático en una amenaza nacional y en un verdadero pánico moral contra los más altos valores de la sociedad, b) activó una resolución de la Suprema Corte que le permitió al Poder Ejecutivo recobrar el control de importantes decisiones en materia de radio y televisión, y c) aprobó y puso en vigor una reforma constitucional en materia electoral que no se limitó a acotar —como hubiera sido pertinente— los campos de influencia y de negocios de las corporaciones de la información y la comunicación.

También subordinó los órganos electorales a los partidos dominantes del Congreso y le impuso nuevos límites a las libertades de expresión, tanto de los actores políticos en competencia como a los medios, así como a los particulares dispuestos a concurrir al debate político.

Y en la tarea de especificar y reglamentar esos cambios constitucionales en la legislación secundaria, en este caso, en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), el sistema político ha pretendido ir más allá en la restricción de las libertades informativas y de opinión, dándole al nuevo Instituto Federal Electoral (IFE) —bajo control de los partidos dominantes— facultades coactivas para imponerles castigos a los medios e incluso a los particulares dispuestos a concurrir al debate político contratando espacios en dichos medios.

Rudimentarios frenos y contrapesos

Esta vez, las reacciones corrieron de parte del sistema mediático, con el fin de frenar los mayores despropósitos del sistema político.

Y si en septiembre pasado —al sacar adelante su reforma constitucional— el sistema político logró exhibir al sistema mediático como un poder que quiso enmascarar la defensa a ultranza de sus negocios con la causa de la autonomía de la autoridad electoral, este fin de año —con su resistencia a los excesos reglamentarios de aquella reforma— el sistema mediático ha logrado exhibir las ambiciones —tan anticipadas como desmedidas— de los líderes del Congreso, mostrándolas como el motor del proyecto de subordinar la autoridad electoral y controlar los contenidos de la comunicación política.

Ante este nuevo panorama, todo parece indicar que, bajo esa presión del sistema mediático, el Congreso está dispuesto a invalidar los aspectos más controvertidos de su proyecto, en medio de una tregua precipitada por una rebelión de los minipartidos contra otras disposiciones que los afectan.

Así, el contrapeso de los medios le impuso un freno el proceso legislativo en curso, como el contrapeso de la Corte —activada por un grupo de senadores y otras voces de la sociedad y del sistema político— invalidó y frenó meses antes los avances del poder mediático.

Y así también, al margen de un estado de derecho maduro, con frenos y contrapesos eficaces entre los poderes: todos, los constitucionales y los fácticos, y en ausencia del árbitro o fiel de la balanza que en el pasado fue el poder presidencial, el presidente Calderón, que se mantuvo a distancia en las escaramuzas anteriores, en ésta se ha limitado a “exhortar a los grupos de interés (y) a los poderes constituidos” al diálogo.

En estas condiciones, “los grupos de interés y los poderes constituidos” atienden a su manera la exhortación presidencial: improvisando un rudo, primitivo sistema de frenos y contrapesos basado en el diálogo de las ametralladoras: amenazas, descalificaciones, pruebas de fuerza y, finalmente, reparto de ventajas y privilegios, cuidando de no llevar la guerra a costos mayores ni, mucho menos, a la destrucción de los contendientes.

Entre Fox-Berlusconi y Chávez

Lo que hemos visto esta semana es una tregua en medio de una guerra prolongada entre poderes. Pero porque se trata de una guerra en curso, estos poderes no deponen ni depondrán sus armas.

Porque en esta guerra el Estado no acierta a establecer una regulación moderna que sustituya las reglas del viejo complejo político empresarial de control de los medios, que estuvo bajo la rectoría del poder político en la época priísta y bajo la rectoría del poder privado en el primer gobierno de la alternancia.

Y porque para los contendientes de esta guerra no parece haber más que esas dos opciones en pugna, aunque las dos partes se rebelen contra las comparaciones internacionales que les corresponden. Por un lado, la opción del modelo apuntado en el gobierno de Fox, del control del sistema político por el sistema mediático, a la manera de la Italia de Berlusconi. Y, por otro lado, un regreso al modelo de control del sistema mediático por el político que, en la retórica de algunos legisladores y de sus asesores, parece menos próximo al de la época priísta y más cercano al implantado por Hugo Chávez, con su Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Ésta fue decretada en 2004 por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, y —junto a otros instrumentos de control— parece asegurarle al dictador el triunfo en el referéndum para la reforma constitucional que la semana próxima le abrirá el paso a la presidencia vitalicia.

Pero hay una tercera opción: avanzar en un acuerdo que actualice las reglas de la relación de los medios, la sociedad y los poderes políticos sobre bases democráticas, modernas, que sustituyan las viejas reglas que hace décadas fueron implantadas para un sistema político dirigista. Viejas reglas que con el paso del tiempo condujeron a un modelo de colusión en el que los medios alcanzaron un estatuto de impunidad protegidos por la arbitrariedad de los políticos, arbitrariedad ocultada su vez por la impunidad de los medios.

Éste es el juego que está roto. Devino guerra de descalificaciones en que los políticos dicen enfrentar, precisamente, la impunidad de los medios, y los medios aseguran enfrentar la arbitrariedad de los políticos.

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