Opinion

Es altamente probable que veamos nuevos estallidos en las instalaciones estratégicas

Como pocos de los mensajes emitidos en su nueva etapa de lucha, el más reciente comunicado del Ejército Popular Revolucionario (EPR) deja ver con mayor claridad cuáles son sus objetivos estratégicos, dibuja con nitidez a sus aliados, establece las razones por las que pasó de un activismo regional a acciones de carácter nacional y, sobre todo, acusa lo que el grupo armado considera los errores del gobierno de Felipe Calderón.

En pocas palabras, el EPR deja ver que al calor de la polarización social producto de julio de 2006, encontró las condiciones para salir de su reducto regional para escalar a nivel nacional, que se ampara no en el PRD todo, sino en la corriente de Andrés Manuel López Obrador, que con sus acciones violentas buscaría una interlocución política al más alto nivel —para empujar los cambios democráticos que ellos consideran necesarios—, y que en lugar de una respuesta política, ha recibido del gobierno una reacción de fuerza.

En esa misma lógica pareciera que el reclamo de que la autoridad presente con vida a sus compañeros Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya —desaparecidos el 25 de mayo en Oaxaca— es un reclamo estratégico para justificar ante la opinión pública y ante los poderes formales su incursión como fuerza real de poder —porque más allá de su identidad el EPR es un poder fáctico que emplea la violencia como método de lucha y que se adjudica la representación de los mexicanos pobres—, sin que esto quiera decir que no es real la desaparición de sus compañeros.

Para empezar, el nuevo comunicado eperrista —firmado el 18 de septiembre—, adquiere de manera franca el carácter de intercambio epistolar —como en su momento lo hizo el EZLN—, en el que además de cuestionar la respuesta del gobierno de Felipe Calderón a los actos de sabotaje contra pozos petroleros, se dirige a la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, integrante del PRD y pieza destacada del llamado grupo de Los Chuchos.

Lo interesante de esa parte del comunicado es que al tiempo que el EPR se deslinda y hasta cuestiona a una parte del PRD —el grupo de los moderados, agrupados en la corriente Nueva Izquierda—, confirma su cercanía con lo más radical de ese partido, el ala que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Es decir, que ante el llamado que formuló el pasado sábado el presidente Calderón, cuando pidió a todos los sectores: “que se sepa quiénes apoyamos a la democracia y quiénes la cancelan por la vía de la violencia: que se sepa quiénes apoyamos o promovemos de palabra y obra las instituciones democráticas, y quiénes de palabra y obra apoyan la violencia”, el EPR reacciona no con un deslinde del PRD en su conjunto, sino sólo con el deslinde de los perredistas “que en los hechos convalidan” al gobierno de Calderón.

En el México de hoy, dice el EPR, “aún no existe la democracia…” Y enumera una larga lista de causales que, en su opinión, hacen nulo el carácter democrático no sólo del gobierno de Calderón, sino de la vida nacional. Nunca dicen desde cuando, en su opinión, no existe democracia en México. Pero si se revisan los anteriores comunicados, el EPR sí creía que existía democracia cuando Andrés Manuel López Obrador tenía posibilidades de ganar la contienda presidencial de julio de 2006. El problema y el detonante de su escalada a objetivos nacionales parece ser el gobierno de Calderón.

¿Pero qué es lo que pretende el EPR? además de que sean presentados con vida sus compañeros. Sin restarle un grado de legitimidad a la demanda, nadie puede creer que ese sea el objetivo en conjunto. ¿Cuál es el todo? De nueva cuenta el más reciente comunicado deja ver que el EPR se asume como una nueva etapa de los grupos guerrilleros que en México hicieron posibles los cambios rumbo a la “apertura democrática” desde los años 1970 hasta la fecha.

Pareciera que el EPR —igual que otras expresiones guerrilleras del pasado—, pretendiera una contribución al avance democrático, mediante la combinación de violencia y negociación, y que cree que el actual es el momento. Para ello requería —y en buena medida lo ha conseguido—, tener la presencia nacional que no había logrado en reductos como Oaxaca, Puebla y Guerrero. Pareciera que pretende un puente, una interlocución oficial. Pero en cambio, la respuesta del gobierno de Calderón —es la queja en el comunicado— es la fuerza.

Y en esa lógica, tienen razón. Y es que si bien los atentados a instalaciones petroleras colocan al EPR como un grupo terrorista, más que guerrillero —definición que ha provocado un creciente debate—, lo cierto es que el Estado mexicano y el gobierno de Calderón tienen la obligación de usar la fuerza para castigar a quienes provoquen daños al conjunto del Estado, pero el gobierno también está obligado a buscar los cauces de la negociación política. Y el problema es mayor, cuando no funcionan los sistemas de seguridad e inteligencia, pero tampoco los cauces de la política. Y ahora resulta que el “puente político” lo ha propuesto el Senado. Algo anda mal, y si todo sigue igual, es altamente probable que veamos nuevos estallidos en instalaciones estratégicas. Al tiempo.

En el camino

La escaramuza político-electoral que derivó en las reformas electoral y fiscal, nubló un conflicto que puede estallar en cualquier momento, el de la crisis en el sector minero. Ayer en Cananea se produjeron nuevos choques entre golpeadores de Napoleón Gómez Urrutia y trabajadores que no quieren saben nada del líder fugado. Y pareciera que no hay autoridad capaz de resolver el conflicto, la tragedia que viven miles de mineros que han sido llevados a la desesperación y que, en cualquier momento, podrían verse en medio de nuevos choques que podrían terminar en tragedia.. Por lo pronto, ya se pidió la intervención del gobernador Eduardo Bours. ¿Podrá?

aleman2@prodigy.net.mx