Opinion

Los planes de desarrollo aparecen en México en el auge del fervor revolucionario. El primero de ellos en 1934: el Plan Sexenal del general Lázaro Cárdenas. Igual en la Unión Soviética, que en Alemania, que en otras repúblicas socializantes, había que articular, desde las bases populares, grandes reformas a la economía, comenzando por el régimen de propiedad y culminando por los procesos de industrialización.

El plan cardenista hizo honor a su nombre. No pretendía dibujar “amaneceres que cantan” sino concretar un programa de gobierno “capaz de traducir en hechos los postulados que se proclamaron durante la lucha armada” y establecer un “régimen progresivo de economía dirigida”.

Las definiciones políticas no podían ser más rotundas. La política laboral estaría “prioritariamente orientada hacia el desarrollo de la organización sindical de los trabajadores” y la agraria a dar “rápido cumplimiento” a los mandatos constitucionales relativos a la dotación de tierras a los núcleos de población. Los compromisos en materia de comunicaciones se precisaban en obras y costos específicos, mientras que en salubridad y educación a través de porcentajes anuales de incremento, que irían en este último caso de 15% en 1934 a 20% en 1939.

El segundo Plan Sexenal fue expedido en 1940, tiempo antes de que nos viéramos sumergidos en la guerra y el presidente Ávila Camacho lanzara la doctrina de Unidad Nacional. Fue concebido como una continuación del anterior y su objetivo expreso era “la independencia económica de México y la elevación del nivel de vida de las masas”. Para supervisar su aplicación previó un “órgano técnico subordinado al presidente”, así como “la participación funcional de los sectores organizados de la población en los organismos de gobierno”, presagio a la vez del corporativismo y de la democracia participativa. La segunda oleada de impulsos planificadores coincide con la instauración del “desarrollo estabilizador”.

La economía había crecido sostenidamente durante más de dos décadas, pero también la población y una precipitada urbanización. Las demandas sociales y educativas se multiplicaban tanto como los requerimientos en infraestructura. Se volvía indispensable ordenar y priorizar el gasto público y emprender una reforma fiscal consecuente.

Tras de la ambigua experiencia de la Comisión de Inversión Pública, se estableció en 1958 la Secretaría de la Presidencia, a la que esa área quedó adscrita, además de la planeación económica y la programación del gasto corriente. El intento era contrarrestar la supremacía avasalladora de la Secretaría de Hacienda, lo que entonces no se logró, porque ésta mantuvo la definición y ejercicio del presupuesto.

A ello se debió la creación de la Comisión Inversión-Financiamiento y años después de otra más ambiciosa, que me correspondió coordinar, en la que pretendimos armonizar el gasto corriente y la inversión pública con su financiamiento conforme a criterios generales de programación. Se estableció también una Comisión de la Reforma Administrativa para reducir la obesidad y mejorar la gestión del Estado. Más tarde, la Comisión Nacional Tripartita ensayó métodos de concertación con los actores económicos para reorientar el modelo de desarrollo hacia la exportación, la productividad y la expansión del mercado interno.

Todos esos diseños fueron precarios en razón del carácter clientelista del sistema político, que demandaba desde aquel tiempo reformas de mayor calado. Naufragaron finalmente en la catástrofe de la petrolización, que nos condenaba a “administrar la abundancia” y nos condujo por tanto a abandonar el control del gasto, a enterrar la reforma del fisco, a mantener la rigidez del tipo de cambio y a empantanarnos en un desmedido endeudamiento externo.

Se desató la disputa entre “monetaristas” y “estructuralistas”, y con objeto de zanjarla se inventó la Secretaría de Programación y Presupuesto. Fue tan exitosa, para efecto de equilibrios internos, que tres de sus titulares se convirtieron sucesivamente en presidentes. Los hacendistas disfrazados de desarrollistas se quedaron con el poder y, asociados a los centros financieros internacionales, implantaron la política neoliberal que el país ha sufrido.

Quedó instaurada una descomunal simulación: por un lado el discurso nacionalista y justiciero, por el otro la política entreguista y empobrecedora. Así se instaura la paradoja entre la jerarquía constitucional de la rectoría del Estado, introducida en 1983, y la furia privatizadora que rindió a las instituciones públicas ante una globalización asimétrica. Así se explica la contradicción insalvable entre la llamada planeación democrática del desarrollo y la práctica contumaz de una estrategia para el subdesarrollo.

Lo que aquellos falsos reformadores vivieron como farsa, sus diminutos seguidores repiten como tragedia. Resulta apenas concebible que, por pura ignorancia histórica, los gobiernos surgidos del PAN hayan sucumbido en el ritualismo vacío del PRI de la decadencia. El rosario de buenas intenciones —sazonadas con el “bien común”— que nos acaba de obsequiar el gobierno y su distancia astral de la realidad hacen de Felipe Calderón el heredero directo de Miguel de la Madrid.

En tiempos que exigen un genuino consenso nacional, asistimos una vez más al ceremonial grandilocuente de la mentira. La propensión absolutista hacia el monólogo que cancela las vías del acuerdo democrático. El fracaso de la transición reside por ello en la banalidad del propósito: en la incapacidad de la nueva clase dirigente para abolir el pasado e inventar un futuro viable y decente; en su incompetencia para rediseñar el andamiaje moral e institucional de la nación.

Ciertamente, México está en la búsqueda de un plan, bien en su acepción de “altitud o nivel”, o de “intención o proyecto”, o mejor, la “determinación de objetivos precisos y de los medios que deben emplearse para alcanzarlos en un plazo dado”. Un plan que nos comprenda a todos e intente realizarnos a todos, independientemente de ideologías y destinos personales. Un denominador común para la acción y un ancla para la identidad mexicana. Una ruta de navegación obligatoria que sólo puede expresarse en una nueva Constitución.

Los desvelos por la reforma del Estado debieran centrarse en ese propósito central. Más allá de la renovación legítima de las instituciones, de la funcionalidad y descentralización del poder y de la procuración de los derechos ciudadanos, está la metodología para la redefinición de los objetivos nacionales. Ese es el núcleo de la tarea y la expectativa primordial de nuestros compatriotas.

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