Opinion

A 10 meses del 2 de julio "apareció el peine". El IFE encontró que poco más de un tercio de los ´spots´ no fueron respaldados

Durante las semanas y meses previos al 2 de julio de 2006, todos los candidatos presidenciales y sus respectivos partidos se decían confiados de que el árbitro de la contienda, el IFE, estaba en plenitud de facultades para garantizar certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad del proceso electoral, que son sus principios rectores, según el artículo 41 constitucional.

Más aún, durante toda la década previa a esa elección -desde la gran reforma electoral de 1996, pasando por la elección de 2000, que dio como saldos negativos los escándalos Pemexgate y Amigos de Fox-, ningún partido político ni precandidato presidencial quiso escuchar las muchas voces que advertían, por lo menos luego de julio de 2000, sobre los "hoyos negros" de la legislación electoral, las imperfecciones y el riesgo de que la de 2006 no resultara la elección que todos querían imaginar.

La irresponsabilidad y la miopía de los partidos fue tal, que era común escuchar explicaciones como las siguientes: "¿Para qué seguir avanzando en el perfeccionamiento de la ley electoral, si ya en los años de 1997 y 2000 se probó que es posible la alternancia en el poder, sin más que un buen candidato?... Si llegó Fox, cualquiera puede llegar". Bueno, la confianza en el IFE llevó a todos los partidos a aprobar, seis meses antes de ese 2 de julio de 2006, el apartado de inconsistencias en la votación que, luego del 2 de julio, fue utilizado de manera perversa para pretender justificar el fraude.

A partir de la noche del 2 de julio y la madrugada del 3, el IFE y casi todas las instituciones del Estado sufrieron -en el imaginario colectivo de una buena porción de la sociedad- una de las más asombrosas mutaciones, que hicieron aparecer al "árbitro" como el "villano" de la elección, como el responsable del "pavoroso fraude" que supuestamente se cometió contra uno de los aspirantes, y que sirvió a los perversos intereses del ganador. Para ese sector de la sociedad todo estuvo mal, y todos los sectores sociales -incluidos los suyos que se vendieron- fueron responsables del gran fraude. Bueno, todos menos los partidos.

Pero a 10 meses de ese 2 de julio "apareció el peine". Resulta que el IFE encontró que de los 757 mil 545 spots difundidos en radio y televisión durante el proceso electoral de 2006, poco más de un tercio de ellos, 281 mil 26 -37%-, no fueron respaldados por los partidos políticos. Es decir, que esa descomunal cantidad de mensajes electorales "huérfanos" -cuyo monto se desconoce pero que podría llegar a una cantidad millonaria a partir del volumen de impactos y el costo medio calculado- no son reconocidos por ninguno de los partidos en la contienda, a pesar de que está probada su existencia.

El IFE llegó a ese hallazgo luego de una comparación entre los reportes de los gastos de campaña que por ley entregaron los partidos al instituto, y un monitoreo que ordenó el IFE a la empresa IBOPE -que junto con el monitoreo de información periodística costó al erario 40 millones de pesos-, levantado en 20 ciudades del país. El monitoreo cuenta con 2 millones de horas de grabación de respaldo -ya que registra cinco minutos antes y cinco minutos después de cada spot, sea en radio o televisión-, lo que permite identificar, con un margen muy reducido de error, a favor de quién fue el spot, si es duplicado o no, el día, la hora, y el contexto mediático en el que se difundió.

Cuando los partidos políticos se enteraron del hallazgo del IFE cayeron en la cuenta de que el "árbitro" los sorprendió en lo que se podría convertir en la reedición del más escandaloso fraude electoral en los tiempos de la democracia electoral, apenas comparable con los escándalos de Amigos de Fox y Pemexgate, con la diferencia de que ahora participaron todos los partidos y los candidatos.

Pero la actitud tramposa de los partidos -que ahora salen con el cuento de que desconocen la paternidad de los spots- se aproxima a niveles de cinismo cuando se dicen perseguidos por el IFE, cuando desconocen la validez y la calidad del monitoreo y, sobre todo, cuando amenazan con llevar el asunto a litigio. Todos los partidos se niegan a asumir su responsabilidad en actos ilegales -como el rebase del tope de campaña-, que queda claro cuando niegan la paternidad de 37% de los spots trasmitidos en radio y televisión, a pesar de que el monitoreo muestra que los 281 mil mensajes no respaldados contribuyeron -en proporciones diferentes- a la promoción de todos los candidatos presidenciales.

El asunto se convierte en un verdadero escándalo, en una suerte de simulación de transparencia, legalidad y equidad por parte de los partidos, cuando intentan restar validez legal al monitoreo. Y es que resulta que por ley el IFE sólo está facultado para monitorear las tendencias informativas. Pero el mismo IFE decidió, con el concurso de todos los partidos, realizar un monitoreo de spots, para evitar la simulación en los topes de campaña. Y cuando se demuestra esa simulación, los partidos salen con el cuento de que los persiguen. La ley electoral requiere cambios, y de fondo. Al tiempo.

aleman2@prodigy.net.mx