Opinion

A contrapelo del 3-0 que refleja el marcador, tras desechar el juez de la causa por extemporalidad tres de las seis causales planteadas para engrosar su querella, los ex accionistas de Inverlat que demandaron a Scotiabank están absolutamente convencidos de ganar el partido

A contrapelo del 3-0 que refleja el marcador, tras desechar el juez de la causa por extemporalidad tres de las seis causales planteadas para engrosar su querella, los ex accionistas de Inverlat que demandaron al Scotiabank de Canadá están absolutamente convencidos de ganar el partido.

Más aún, pese a que en el escenario a lo más que podrían aspirar es al empate, de acuerdo al aserto de sus abogados con un solo gol que anoten están del otro lado.

La querella, o mejor dicho las querellas, dado que originalmente fueron tres las demandas, se plantearon en las Cortes de Nueva York hace casi un año, con la novedad de que al iniciarse su análisis se decidió integrar un solo expediente.

Los reclamantes, que según sus cálculos representan ya 70% de los dueños del capital original con que se adquirió el Multibanco Comermex cuya razón social se convertiría en Inverlat, pretenden reinvindicar los compromisos adquiridos a la compra de éste por parte de la intermediaria del país de la hoja de arce. por más que han pasado casi 10 años. Su inconformidad apunta hacia tres vías.

La primera habla del compromiso del gobierno que pactó con los canadienses, es decir el zedillista, de mantener en sus manos un paquete equivalente al nueve por ciento del capital, a condición de que fueran elegibles, es decir que no le hubiesen provocado quebranto alguno a la intermediaria, vía la ubicación en cartera vencida de préstamos relacionados o autopréstamos.

La segunda habla de reivindicar otro de los puntos del acuerdo al que se llegó cuando el Scotiabank, dueño original del cinco por ciento del capital del ex Inverlat, alcanzó mayoría con la compra de un paquete de Obligaciones Subordinadas Convertibles en Acciones, equivalente al 45 por ciento, es decir poner a disposición de los accionistas mexicanos otro 36 por ciento, sea para adquirirlo a precio en libros o para cederlo a título gratuito.

La condición, en este caso, estaba sujeta a la recuperación de la cartera de préstamos en problemas de pago, lo que obligaba a la intermediaria a separar las cuentas buenas de las malas, es decir los créditos con etiqueta de incobrables para hacer un corte de caja en el año 2000.

El movimiento, según la querella, no lo realizaron los canadienses.

La tercera habla de haberse pactado la venta de un paquete adicional del capital de la intermediaria a los ex accionistas que quisieran hacer valer su derecho de tanto como minoritarios. El caso es que, tecnicismos aparte, la demanda apuntaba hacia seis supuestos delitos cometidos por Scotiabank, cuya traducción arbitraria hablaría de fraude, negligencia y complicidad con las autoridades mexicanas, además de incumplimiento de compromisos pactados; abuso de confianza, y violación del secreto fiduciario.

Los tres primeros, decíamos, fueron desechados por el juez, alegando extemporalidad, es decir extinción del plazo previsto para plantear la querella correspondiente.

Los restantes se mantienen vivos, en un escenario en que el despacho de abogados que lleva el juicio en Estados Unidos pactó el cobro de sus honorarios a resultados, lo que según ello sería garantía de victoria.

Por lo pronto, del otro lado de la mesa actúa en contra de la causa de los demandantes, entre ellos los ex presidentes de Inverlat, Agustín F. Legorreta y Xavier Autrey, además del ex vicepresidente Marcos Katz; el ex consejero Juan Gallardo Thurlow, y el ex funcionario Alejandro Creel Cobián, un dictamen de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que hablaba de que el capital del banco apostado por el grupo que acudió a su privatización se había extinguido totalmente.

Se diría, pues, que al ex presidente Ernesto Zedillo le temblaron las piernas para cerrar el expediente con la toma del banco, acaso porque el golpe implicaba confrontar a un ejército de ocho mil accionistas encabezados por el propio Legorreta, alguna vez presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Más allá, hete aquí que los firmantes de la querella son, en su mayoría, parientes cercanos de los interesados, es decir esposas, hermanos, hijos, en un escenario en que se sospecha que la reclamación directa se eludió justo por que los titulares no eran elegibles.

De hecho, en su momento fue el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario quien sugirió la presentación de una demanda, dado que al hacer el cernimiento de los accionistas buenos y malos se encontró casos en que la esposa sí y éste no, al no detallarse con certeza los requisitos de elegibilidad.

Ahora que la contraofensiva del Scotiabank se ha centrado en la palabra clave que le permitió el 3-0: extemporaneidad.

Sin embargo, el argumento de los reclamantes señala que algunos accionistas se enteraron hasta el 2005 de los derechos adquiridos, por más que la compra al Instituto de Protección al Ahorro Bancario de uno de los paquetes de la discordia por parte del Scotiabank, el del 36 por ciento del capital, se consolidó en el 2002.

El pago fue equivalente a 3.06 pesos por acción, de las 271 millones que integraban el paquete. El balón, pues, sigue en la cancha.

Balance general

Dicho y hecho : como lo preveíamos ayer en este espacio, la resolución del pleno de la Corte en rechazo a la exigencia de ley de que el Senado pueda objetar el nombramiento de integrantes del pleno de la Comisión Federal de Competencia, se erguía como punta de lanza para resolver el caso Cofetel.

Bien, pues ayer mismo un juez le dio luz verde a la solicitud de amparo planteada por el subsecretario de Comunicaciones, Rafael del Villar, y el director jurídico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gonzalo Martínez Pous, contra la objeción de la Cámara Alta a su nombramiento como comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. El escenario, pues, se abre para que éstos reclamen los cargos. por más que ello implicaría, naturalmente, renunciar a los actuales. Los desplazados serían Eduardo Vega Ruiz y Gerardo González Abarca, cuyos nombres sustituyeron a los rechazados.

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Las señales apuntan a que el monto del embargo cautelar promovido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje contra el diario El Financiero se triplicará en los próximos días al dársele luz verde a otras demandas de trabajadores despedidos sin indemnización al calce.

El golpe original, notificado actuarialmente el viernes pasado, alcanzaba 3.4 millones de pesos. para garantizar el finiquito de 12 trabajadores inconformes. El hecho es que son 30 los reclamantes.

El jaque de la junta especial número cinco con cargo al cabezal del diario especializado llega justo cuando se había abierto un procedimiento de reestructura de sus cuantiosos pasivos. La tarea se le había encomendado al ex director general de Comunicación Social de la Secretaría de Educación Pública, Herminio Rebollo Pinal.

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El turno, esta mañana, en las audiencias públicas convocadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ventilar el recurso de inconstitucionalidad planteado por un grupo de senadores contra la llamada Ley Televisa, es del presidente de la Comisión Federal de Competencia, Eduardo Pérez Motta. El funcionario reiterará la exigencia de apertura de una nueva cadena de televisión abierta, aprovechando las señales disponibles a nivel regional, para dejar posteriormente el remanente abierto para emisoras comunitarias.

De acuerdo a lo que se plasmó en el ordenamiento, la posibilidad apuntaría sólo a canales regionales, sin opción de concentración, quedando mano los concesionarios actuales para ampliar su espectro.

albertobach@yahoo.com.mx; barrancoalberto@prodigy.net.mx