aviso-oportuno.com.mx

Suscríbase por internet o llame al 5237-0800




Estrictamente personal | Raymundo Riva Palacio

El cártel de Tabasco



COLUMNAS ANTERIORES


Viernes 09 de marzo de 2007

El cártel de Tabasco

La violencia en el estado no es nueva, involucra a policías y políticos locales desde hace dos años, dentro de la guerra nacional entre cárteles

Desde el segundo semestre del año pasado, agentes federales se desplazaron a Tabasco para descubrir los hilos de lo que consideraban una organización emergente dentro del narcotráfico. Durante meses estuvieron indagando con un doble propósito: el judicial, con el combate al crimen organizado, y el político, para ensuciar el nombre de Andrés Manuel López Obrador. La tarea llegó a su término cerca del cambio de gobierno en diciembre pasado, con resultados parejos: ni documentaron involucramiento alguno de la familia López Obrador en el narcotráfico, ni radicaron el crimen organizado. El atentado esta semana contra el secretario de Seguridad Pública de Tabasco, general Francisco Fernández Solís, en contrasentido de aquella acción, fue la última expresión de la descomposición en aquellas tierras.

Fernández Solís llegó a Tabasco en calidad de préstamo de la Secretaría de la Defensa Nacional al nuevo gobernador, Andrés Granier. Al salir este martes del hotel donde está viviendo, fue atacado por un comando que le disparó más de 100 proyectiles, hiriéndolo a él y acribillando a su chofer. Las autoridades judiciales están investigando varias pistas, y una de ellas apunta a que el atentado tiene la marca autoral de las policías, a las que el general había empezado a sacudir.

El general tenía razón. Tabasco había dejado de ser un edén hacía tiempo, y dentro de la PGR lo tenían como un problema emergente del narcotráfico que, sospechaban, se mezclaba peligrosamente con la política local y nacional. Durante varios meses, dentro de la PGR estaban ciertos que encontrarían huellas claras que ensuciarían a López Obrador, que habían sido motivadas por una serie de fotografías satelitales que les había proporcionado la DEA de los vuelos procedentes de Colombia con cargamentos de cocaína que aterrizaban, siempre, en un solo punto del territorio mexicano: Macuspana, donde nació el ex candidato presidencial, y del cual su hermano mayor, José Ramiro López Obrador, es el alcalde.

Altos funcionarios de la PGR estaban convencidos de que el alcalde López Obrador estaba metido de lleno en el negocio del narco. Sin embargo, las cosas no les resultaron como esperaban. Sus indagaciones arrojaron que José Ramiro López Obrador no estaba involucrado en el negocio, mas no así sus policías municipales. Ellos estaban recibiendo pagos mensuales del cártel del Golfo para proteger los vuelos clandestinos y proveerles seguridad para su redistribución desde Macuspana, dijo un alto funcionario de la PGR. El alcalde, llegaron a la conclusión en la PGR, había sido marginado y chantajeado o amenazado para que cerrara los ojos ante cualquier actividad extra laboral que los policías realizaran, a cambio de no sabotear su gestión. El alcalde, por omisión o comisión, siguió su rumbo sin voltear a ver a los policías municipales. No le debe haber sido demasiado difícil a José Ramiro López Obrador voltear para otro lado, pues estaba metido de lleno en la campaña presidencial de su hermano, y Macuspana se convirtió en el epítome de cómo las policías municipales del país participan activamente en el negocio del narcotráfico por pagos mensuales de no más de 30 mil pesos.

Las autoridades federales, no obstante, siguieron investigando lo que pensaban era el cártel de Tabasco, donde el nombre de los López Obrador no los había dejado de perseguir en sus elucubraciones. Por ejemplo, el asesinato, el 6 de octubre de 2005, en el municipio Emiliano Zapata, de José Martín Flores Torruco, quien estaba casado con una sobrina del ex candidato presidencial. A Flores Torruco lo señalaban las autoridades como presunto narcotraficante que tenía control en una parte del norte de Chiapas, pero tampoco pudieron probar nexo alguno con la familia política. Flores Torruco, de acuerdo con las indagaciones, había sido asesinado por el cártel de los Valencia, que operan principalmente en Michoacán, y que está vinculado al cártel de Sinaloa, en aquel entonces conducido por Joaquín El Chapo Guzmán, que metía por carretera desde Guatemala su droga, y en la actualidad encabezado por los hermanos Beltrán Leyva.

Aquel crimen se inscribía en una ola de violencia en Tabasco relacionada con el crimen organizado, que se había iniciado desde principio de aquel año cuando el cártel del Golfo llegó a disputar la plaza al de Sinaloa. Las imputaciones a los López Obrador en todo ese periodo dentro de la PGR, que sibilinamente se han recogido últimamente en el contexto del atentado al general Fernández Solís, tienen que ver con que la violencia relacionada al narcotráfico en Tabasco se ha venido dando principalmente en municipios gobernados por el PRD, en particular Huimanguillo, donde se encuentra La Venta, la más importante ciudad de la civilización olmeca, y cuyo alcalde, Walter Herrera, muy cercano al ex candidato presidencial, fue ejecutado por un comando en noviembre pasado que le disparó 40 tiros de fusil R-15, reglamentario del Ejército.

Herrera estaba siendo investigado por la PGR por presunto encubrimiento de Anicacio Pérez Malpica, quien había sido su jefe de policía, y que huyó en septiembre de 2005 cuando policías federales y militares lo iban a detener por su presunta participación en una ejecución de seis personas, ocho meses antes, en Ostuacán, Chiapas, colindante con Huamanguillo. Las víctimas pertenecían a la banda de narcotraficantes llamada Los Michoacanos, una célula del cártel de los Valencia, y entre las que se encontraba su jefe, Antonio Guízar Valencia, quien había sido arrestado en 2003 con 500 kilogramos de cocaína colombiana. Huimanguillo se ha convertido, en los dos últimos años, en el municipio tabasqueño más caliente y peligroso, pero no es el único. En Cárdenas y Cunduacán, que son gobernados por el PRD, también ha habido ejecuciones, secuestros y atentados relacionados con la lucha de los cárteles en el sureste del país.

Las autoridades federales encontraron que no existía el cártel de Tabasco, sino que las luchas que se estaban dando era una extensión de la guerra entre el de Sinaloa y el del Golfo. Lo que sí descubrieron fueron las enormes debilidades institucionales a nivel municipal. ¿Por qué el fenómeno se dio en municipios gobernados por el PRD? Sería un error ubicar el fenómeno del narcotráfico dentro de la estructura y los sistemas orgánicos perredistas. Es probable que el crimen organizado floreciera con ediles perredistas como un subproducto de la percepción de poder e impunidad que seguramente les dio la figura de Andrés Manuel , como en otros momentos han sido priístas o panistas. El problema no es político o de partido per se, sino la penetración del narcotráfico en las estructuras institucionales y en los cargos facultados para tomar decisiones, que van minando aceleradamente al Estado mexicano. El atentado al general Fernández Solís, visto en este contexto, es una evidencia más de cómo esa batalla no se va ganando.

[email protected]

[email protected]



PUBLICIDAD.