Opinion

Aprovechando los reflectores de su primera aparición pública, la nueva administración de Pemex anuncia a bombo y platillo una millonaria inversión para modernizar y reconfigurar la refinería de Cadereyta, Nuevo León, en afán, dice, de mejorar el medio ambiente con gasolinas limpias

El proyecto, naturalmente, concitaría un aplauso hasta sangrar las manos de no ser por un pequeño detalle: aún no se cumplen 10 años de las tareas de modernización y reconfiguración realizadas en las mismas plantas con otra millonaria inversión. también en dólares. Si hoy la apuesta es de 600 millones de billetes verdes, entonces fue de mil 800 millones.

Las obras fueron inauguradas a todo decibeles por el presidente Ernesto Zedillo en el último tramo de su administración, abriendo de pasadita el capítulo negro de los Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto (Pidiregas), es decir construye ahora y te pagamos después.

¿En siete años las flamantes plantas construídas a supuesto precio de ganga por un consorcio de capital mayoritario coreano se volvieron obsoletas? ¿Nos arrasó la nueva tecnología? ¿Nos alcanzó el destino? ¿Mala suerte de Pemex?

Lo cierto es que el complejo nunca ha logrado trabajar ni a la mitad de su capacidad instalada, dada, entre otras cosas, la pésima calidad de los materiales utilizados por los constructores, en un escenario en que hasta la mano de obra, a contrapelo de la exigencia de contenido nacional, se importó de la nación del extremo Oriente.

De hecho, en afán de que el último gobernante priísta, Ernesto Zedillo, cortara el listón, la supuesta nueva Cadereyta se abrió a la escena cuando las plantas de transformación de petróleo crudo en gasolinas apenas podían trabajar con la sexta parte de su capacidad instalada, sin perspectiva a la vista para la operación integral de sus 32 unidades.

Para acabar pronto, aún no se concluían las plantas conocidas como refinadora de ligeros, hidrosulfutadoras de naftas número uno y reformadora de naftas numero uno con CCR. por más que Pemex había obligado a la constructora a cambiar 300 válvulas que, a juicio de los peritos contratados, no reunían la calidad requerida.

Lo dramático del asunto fue que para realizar las pruebas-piloto de funcionamiento de la raquítica capacidad instalada debieron utilizarse destilados transportados en barco del puerto de Dos Bocas a Ciudad Madero. de donde se bombearían a la refinería colindante con Monterrey.

Y es que, en el colmo de lo inaudito, la estrella de la función, el oleoducto que llevaría el crudo a la zona, no pudo conectarse ante la sospecha de que la tubería utilizada era de segunda. Tan evidente era la corrosión, que los técnicos dudaban que pudiera pasar la mínima confrontación con la norma oficial vigente. por más que docenas de tramos habían sido desechados originalmente.

Más aún, el consorcio constructor, Comproca, integrado originalmente por la firma coreana SK Engineering, la alemana Siemens y la mexicana Tribasa, cuyo barco abandonaría ésta por más que su presencia era casi simbólica, había lanzado la toalla meses antes para la construcción de una planta coquizadora, es decir productora de residuos de petróleo conocidos como coque, cuya utilidad práctica es utilizarlos como combustible para plantas generadoras de energía eléctrica. Imagínese la utilidad que tendría ésta en la coyuntura actual de altos precios del gas natural, es decir el motor para las plantas generadoras de ciclo combinado.

Lo insólito del asunto es que Pemex se colocó la soga al cuello, o mejor dicho se la colgó la corrupción galopante, al aceptar la firma de un finiquito que le obligó a pagar las facturas a partir de febrero de 2001, es decir cuatro años después de la firma del contrato.

El documento lo avaló el propio ex director general de la paraestatal, Raúl Muñoz Leos.

Ahora que meses antes la paraestatal, en este caso bajo la administración de Rogelio Montemayor Seguy, había firmado el 7 de julio y el 15 de noviembre de 2006 documentos en los que aceptaba la existencia de un posible adeudo con el consorcio Comproca por trabajos complementarios y "ajuste de eventos críticos". El reclamo concreto de los coreanos apuntaba al desvío de la ruta del oleoducto que alimentaría las plantas, ante la resistencia de los ejidatarios en ceder las tierras a su paso.

Con los documentos en la mano el consorcio planteó un reclamo ante la Corte Internacional de Arbitraje con sede en París, por el que exigía un pago adicional de 648 millones de dólares. Y aunque Pemex reviró poniendo en la mesa a su vez un reclamo de 900 millones de dólares por daños provocados al empleo de materiales de "segundo cachete", sus posibilidades de éxito son escasas.

De hecho, en la recta final del infame sexenio foxista Pemex negociaba con los coreanos un ni-tú-ni-yo, es decir levantar el procedimiento a cambio de 250 millones de dólares. Así de fácil.

La paradoja del asunto es que la justicia se ha concretado hasta hoy al publicar exhortos en los diarios para conminar al responsable directo del desastre, es decir el ex director de Pemex Refinación, Óscar Mario Willars, para que se presente a dar una explicación.

A quién le importa si es del dominio público que el ex funcionario se fue a Rusia a esconder de sus travesuras.

La pregunta es si el nuevo escenario de endurecimiento en la supervisión de los contratos otorgados por Pemex implica borrón y cuenta nueva frente a la podredumbre del pasado, incluyendo, naturalmente, la administración foxista.

¿Pintamos la raya?

Balance general

La indagación que realiza la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre un presunto tráfico de información privilegiada por parte de Jugos Del Valle se topó con un inesperado obstáculo; hete aquí que la compra masiva de acciones de la firma en la fase previa a su venta a The Coca Cola Company y Fomento Económico Mexicano, se trianguló desde Estados Unidos.

Corruptos, pero no tarugos, los beneficiarios de las transacciones cuyo boom elevó al infinito los precios de las acciones, se cuidaron, pues, de ocultar las huellas. por más que dejaron pistas.

Las casas de bolsa ubicadas en la franja fronteriza desde donde se ordenaron las operaciones son administradas por mexicanos.

Realizado, pues, el fragoso trámite ante la Comisión de Valores y Arbitrios del país vecino para demandar la transparencia, aparecerán inevitablemente apellidos mexicanos. que se confrontarán con los proporcionados por Jugos Del Valle sobre quiénes sabían de la negociación con los compradores.

La mala noticia es que la verdad podría llegar en ocho meses.

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Finalmente, digo de no solicitarse otra proposición por parte del juez de la causa, será el próximo lunes cuando se desahogue la audiencia constitucional que le pondrá punto final al proceso de amparo planteado por los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Rafael del Villar y Gonzalo Martínez Pous, contra su objeción por parte del Senado para ser comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. El convocante es el juez duodécimo en Materia Administrativa, quien quedará en opción de emitir sentencia.

En el entretanto, colocadas las caras frente a frente, la decisión de la Cámara Alta es congelar la ratificación como subgobernador del Banco de México de Carlos Hurtado, en paralelo a los embajadores propuestos.

La guerra, pues, está desatada.

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La inmobiliaria española Fadesa, gallega para más señas, invertirá en nuestro país 278 millones de euros para construir dos complejos residenciales, uno de ellos en Guadalajara y otro en San Miguel Allende, Guanajuato. En éste último se levantará un hotel dirigido a turistas de EU y Canadá.

albertobach@yahoo.com.mx

barrancoalberto@prodigy.net.mx