Opinion

El edil de Acapulco, Félix Salgado Macedonio, se encuentra bajo el fuego de dos cárteles de la droga que piensan que los traicionó

Félix Salgado Macedonio forma parte central del folclor político mexicano desde 1988 cuando tomó la tribuna de la Cámara de Diputados para vaciar, en una imagen inolvidable, costales repletos con boletas electorales con lo que, argumentaba, se probaba el fraude electoral de Carlos Salinas en la elección presidencial. Sobre esa audaz plataforma, el dos veces diputado federal, una vez senador, en dos ocasiones candidato perdedor en la elección para gobernador de su natal Guerrero, entró en aquel lejano septiembre al imaginario más negativo de la política mexicana: borrachín, arrebatado y dispuesto a entrarle a todo. Alma primitiva y pendenciera, siempre fue uno de los más negros lunares del PRD. Hoy, se puede alegar, se encuentra en una situación más comprometida, para él y para el partido mismo.

Salgado Macedonio es alcalde de Acapulco, controvertido no sólo por sus acciones sino por las sombras que sobre él ha tendido el crimen organizado. El año pasado promedió 20 amenazas de muerte por día, algunas públicas, como llamadas telefónicas a programas de radio en los que lo entrevistaban, o a su casa y oficinas. Él ha reiterado que no va a renunciar, con lo cual sugiere también que las intimidaciones no hacen mella en su piel. Tahúr de la política, su fuga hacia delante en esta ocasión puede no darle el resultado positivo siempre obtenido. Dos miembros del gabinete de Felipe Calderón consideran que Salgado Macedonio está en riesgo de ser ejecutado por un cártel de la droga.

Su caso es un microcosmos de lo que está sucediendo en el país, donde los jefes del narcotráfico se han venido apoderando de decenas de municipios donde negocian con los alcaldes que les entreguen el control de las policías. Para los narcotraficantes, esa opción es más barata y segura para sus fines de seguridad en las rutas de distribución de drogas y protección. Para tener una idea del ahorro que poseen y de la profundidad de la estrategia que han venido desarrollando en los últimos años, el valor que estimaban para controlar a un procurador era de cuando menos 3 millones de dólares al mes, seguido de un subprocurador que les podía costar 2 millones.

Pero pagarles esas sumas, se consideraba, no les garantizaba protección segura, por lo cual su inversión era de altísimo riesgo. Ir hacia lo más alto de la burocracia federal resultaba inútil para sus fines, y posiblemente una pérdida de dinero. En contraste, un jefe de policía municipal, de acuerdo con un funcionario federal, le cuesta mensualmente a los narcotraficantes 3 mil dólares, y con una pequeña suma adicional si garantizan la protección a sus operadores y cargamentos en las zonas bajo su jurisdicción. A cambio de entregarles a la policía, los cárteles les han financiado sus campañas políticas.

Hace unos 20 años, cuando eso sucedió en Aguililla, Michoacán, se consideraba un caso de excepción. Desde hace menos de una década se ha convertido en un fenómeno cada vez más común, llegando al extremo de Ciudad Alemán, en Tamaulipas, donde todos los funcionarios municipales departían abiertamente con los jefes del cártel del Golfo. Esos dos estados son paradigmáticos de los últimos tiempos, pero en Sinaloa hay ya una tradición de colusión de parte de la estructura política en la entidad con el crimen organizado. Hay otros, como Tabasco, donde se da una dualidad peculiar: hay presidentes municipales que no toman dinero del narco, pero que se encuentran totalmente desbordados por los cuerpos de seguridad local, que están al servicio de uno de los cárteles. Sus opciones son limitadas, renuncian o cierran los ojos.

El caso de Salgado Macedonio, por la proyección que tiene en la sociedad política mexicana, es de una enorme relevancia para el gobierno federal y, por sus propias razones, de preocupación múltiple para el PRD. ¿Qué tanto se metió el alcalde de Acapulco con los cárteles de la droga? No hay acusaciones contra él a nivel federal, ni averiguación previa en marcha. Sí se tienen indicios en el gobierno federal de que hubo dinero del narco en la campaña de Salgado Macedonio, pero no de uno sino de los dos cárteles que se disputan la plaza de Acapulco, el de Sinaloa y el del Golfo, que encabezan los hermanos Beltrán Leyva y su socio Joaquín El Chapo Guzmán, y el recientemente extraditado a Estados Unidos Osiel Cárdenas. No se ha dicho si Salgado Macedonio estaba al tanto de esos dineros, pero para efectos prácticos, el alcalde está metido en un problema de gran envergadura. Un código de la mafia es que si alguien que los ataca no se involucra con ellos, es un enemigo respetado; si se liga con ellos y los traiciona, se gana una venganza. Pero si se mete con todos, en este caso dos cárteles, ambos se sienten traicionados y la única puerta de salida es la muerte.

El problema en Acapulco se socializó hace un año, cuando el equilibrio aparente que existía en la preciada plaza se rompió. El 27 de enero de 2005, en la zona conocida como La Garita, cuatro narcotraficantes vinculados al cártel de Sinaloa, incluido Carlos Esteban Landero, un lugarteniente de El Chapo Guzmán, fueron ejecutados por policías de la Secretaría de Protección y Vialidad de Acapulco.

De acuerdo con varios videos en poder del gobierno federal, el operativo de ejecución fue encabezado por el propio titular de la dependencia, Genaro García Jaimes, quien renunció al cargo al día siguiente "por motivos de salud", y cuyo paradero se desconoce. En el momento en que eso sucedió, no había todavía pruebas en su contra. El agente que le dio el tiro de gracia a Landero, Mario Núñez Magaña, no vivió mucho para contarlo. Dos meses después, su cabeza, junto con la de un tamaulipeco supuestamente vinculado al cártel del Golfo, aparecieron colgadas de la reja de una oficina gubernamental con un mensaje: "Para que aprendas a respetar". Las ejecuciones no cesaron en Acapulco el año pasado. Se disputan el mercado del narcomenudeo, y las rutas de distribución y comercialización de cocaína, pues las aguas cercanas al puerto son uno de los principales puntos de entrega de droga procedente de Colombia.

Desde el año pasado el gobierno envió policías federales a Acapulco y recientemente el nuevo gobierno incorporó a todo el estado dentro de los operativos nacionales contra el narcotráfico. Las ejecuciones han bajado, pero no los problemas para Salgado Macedonio, que se mueve con una escolta de 14 personas. La baja intensidad del conflicto hoy en día en Acapulco es un respiro para el alcalde, pero no una solución. "No se puede meter uno con los cárteles sin esperar consecuencias", dijo un funcionario federal, sin poner el dedo directo sobre Salgado Macedonio. "No se puede pretender ser el rey de la mafia", comentó otro, sin tampoco ubicarlo como indiciado. Su suerte está echada, pero no pinta nada bien el futuro del alcalde costales.

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