Opinion

Nadie puede suponer que la recuperación del zócalo oaxaqueño signifique el fin del conflicto

Hasta anoche nadie sabía, por razón natural, cuál sería el desenlace hasta la mañana de hoy de la intervención de la fuerza pública en la capital de Oaxaca. Según la Secretaría de Gobernación, la Policía Federal Preventiva ocuparía la ciudad capital sólo para restablecer el orden y las garantías fundamentales. La tarea básica de los contingentes policiacos es el desalojo de las barricadas, la recuperación de las instalaciones públicas y la liberación del centro histórico.

En realidad la presencia de la fuerza pública en Oaxaca y el desmantelamiento de los territorios ocupados por los rebeldes de la APPO -en el supuesto dudoso que resulte un operativo limpio- no es más que una medida extrema de fuerza por parte del Estado mexicano, que de manera tardía intenta terminar con la virtual guerra civil que se vive en la capital oaxaqueña.

Y es que nadie puede suponer que la recuperación del zócalo de esa ciudad signifique el fin del conflicto. Peor aún, resultaría un mensaje harto cuestionable que se haya decidido la intervención de la fuerza pública federal en apoyo al priísta Ulises Ruiz, gobernador "de papel" que no se puede decir ganancioso a pesar de haberse mantenido legalmente en el cargo. Su salida es inevitable, sea por el camino de la licencia o la renuncia, como parte del rompecabezas para resolver el conflicto.

Es la hora de Ulises Ruiz, responsable no sólo de la crisis, de actos represivos y presuntos asesinatos, quien no sólo tendrá que entender que ya no gobierna, sino responder por los delitos políticos y penales que se le acusan. Todo a pesar de que hoy se pudiera haber recuperado la capital de Oaxaca.

Pero también es tiempo de que otros frentes que intervienen en conflicto asuman su responsabilidad -gobierno federal, partidos políticos, gobierno electo y ex gobernadores oaxaqueños-, una vez que quedó claro que todas las manos que se metieron en el conflicto ya fueron rebasadas, y que la resistencia quedó en manos de lo más radical de los grupos sindicales y sociales de Oaxaca, vinculados muchos de ellos con expresiones guerrilleras. Hoy los grupos radicales ya no responden a liderazgos, a manos partidistas o grupos políticos, sino que son alimentados precisamente por los sectores vinculados con la guerrilla que opera en Oaxaca.

Y el mejor ejemplo de que se fracturó la resistencia que por casi cinco meses sostuvieron de manera conjunta la sección 22 y la APPO, se dio precisamente el pasado sábado, cuando los líderes del magisterio acordaron con la Secretaría de Gobernación la firma de una minuta de compromisos -que casualmente resuelve la demanda original del conflicto la retabulación del magisterio, y que garantiza el regreso a clases-, todo esto mientras que la propia Segob ordenaba el despliegue de la fuerza pública en Oaxaca. En respuesta, dirigentes "appistas" acusaron de "traidor" al líder magisterial, Enrique Rueda, quien se sostuvo en su acuerdo con Gobernación, "porque hemos alcanzado logros históricos para los maestros".

De esa manera la APPO quedó aislada, al tiempo que el magisterio decidió replegarse y prometió el regreso a clases a partir de hoy -lo que parece imposible debido al clima de violencia-, por lo que la dirección de la rebelión quedó bajo el control de los radicales de la otrora alianza entre el magisterio y la APPO. Según fuentes de inteligencia de Gobernación, en efecto, la resistencia en Oaxaca quedó en manos de los grupos vinculados con corrientes guerrilleras, que no sólo actúan en la capital oaxaqueña, sino en las protestas que se llevan a cabo en el DF, en donde también se registraron choques entre "appistas" y la policía de la capital del país. Resultó sintomático que el GDF decidiera impedir el bloqueo de calles del centro histórico.

Pero el problema tampoco se resuelve "encapsulando" a los radicales de la APPO y el magisterio. El PRI deberá asumir su responsabilidad y sacar las manos del conflicto. ¿Cómo? A través de una fórmula que invalide la tramposa estrategia de sostener a Ruiz como parte de un chantaje político frente al nuevo gobierno, el de Felipe Calderón. A su vez, el presidente electo deberá salir del círculo vicioso que significa la alianza de la nueva administración con el PRI. Ninguna alianza política -por trascendental que sea- puede pasar por las ruinas de una entidad federativa como Oaxaca. Y lo mismo deberá ocurrir con el PRD, cuyos dirigentes tendrán que entender que la ganancia política en Oaxaca ya se ha convertido en descrédito.

Y es que el problema que se enfrenta, más que una reacción social por legítimas reivindicaciones para los pueblos de Oaxaca, es un problema de seguridad nacional, en donde sectores vinculados con grupos guerrilleros ya se apoderaron de un conflicto que en su origen fue resuelto de manera satisfactoria para los maestros, mientras que fue rebasada toda utilidad política para partidos como el PRI, PAN, PRD y Convergencia, que de una u otra forma tienen metidas las manos. Es momento de sensatez. Al tiempo.

aleman2@prodigy.net.mx