Opinion

Finalmente estalló violenta y trágicamente el conflicto en la Siderúrgica Lázaro Cárdenas, que de hecho se inició con la persecución política que el gobierno federal, a través de la Secretaría del Trabajo, emprendió desde hace varios meses contra el líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, al que primero se "desconoció" como dirigente de su organización y después se le acusó en la Procuraduría General de la República, junto con algunos empresarios de esta industria, entre ellos los de Altos Hornos, que ayer en un desplegado de prensa denunciaron públicamente que se pretende perturbar la vida laboral del país y señalaron al titular de aquella dependencia, Francisco Javier Salazar, de responder a los intereses de grupos industriales obstinados en desestabilizar a esa empresa.

A nueve días del paro nacional anunciado por el movimiento obrero democrático en protesta por la intromisión del gobierno en la vida interna de los sindicatos, y a 12 días del 1 de mayo, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró "ilegal" la huelga de hechos que los mineros de la sección 271 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos, elementos de la Policía Federal Preventiva, apoyados por la policía estatal del gobierno perredista de Michoacán que encabeza Lázaro Cárdenas Batel, participaron en el desalojo de los huelguistas, suscitándose una refriega en la que dos de ellos y un uniformado, resultaron muertos a tiros y por lo menos medio centenar de heridos, que de inmediato originó una oleada de protestas por la brutal represión con la que se actuó.

A pesar de que las autoridades federales y estatales niegan haber utilizado armas de fuego, algunos videos muestran que algunos agentes de la policía michoacana sí las portaban y que uno de sus comandantes fue el que ordenó disparar "al aire", cuando los mineros se opusieron al desalojo. Martín Rodríguez Piedra, líder de esa sección sindical, informó que los trabajadores continúan posesionados de las instalaciones y reiteró que no cejarán en su lucha en defensa de sus derechos laborales y en contra de la violación a la autonomía de su sindicato.

Esa violencia física era lo que faltaba en estos tiempos electorales de violencia verbal con la que se ha estado enrareciendo el clima en el país, en el que los candidatos a la Presidencia de la República y los dirigentes de los partidos y alianzas y coaliciones que los apoyan, no han cesado de lanzarse acusaciones, ataques y descalificaciones entre ellos mismos y contra el titular del Poder Ejecutivo y el Instituto Federal Electoral.

Lo sucedido ayer en Lázaro Cárdenas pone también al descubierto la lucha en la que están enfrascados los grupos empresariales de la industria minera y siderúrgica, uno de los cuales, según se afirma -como ayer lo apuntamos en este espacio-, pretende con todo el aliento gubernamental acabar con las organizaciones sindicales y apoderarse de la misma.

¿A quién se le ocurrió, y con qué fin, encender la mecha de la violencia en el país ante la proximidad del Día del Trabajo y en plena campaña electoral? Las consecuencias serán tan inmediatas como graves.

La dirigencia del Sindicato Minero denunció que la brutal represión contra los trabajadores de la sección 271 de Lázaro Cárdenas, Michoacán, tiene nombres y apellidos y exigió una investigación para esclarecer los sangrientos hechos... Tras de advertir que nada ni nadie ha detenido ni detendrá nunca a los trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos, responsabilizaron de lo ocurrido al presidente Vicente Fox; al secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar, y a algunos de sus colaboradores, así como a los propietarios de los Grupos Villacero y Minera México... También al gobernador perredista de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, y a los dirigentes sindicales impuestos por el titular del Trabajo, encabezados por Elías Morales Hernández, de las consecuencias de esta criminal acción... Recuerda que en su reciente gira por la entidad, el Ejecutivo federal se comprometió a solucionar el conflicto "en dos días"... "Hoy el sindicato minero tuvo como respuesta el asesinato de dos trabajadores que se suman a los 65 mineros en Pasta de Conchos, en Sabinas, Coahuila, cuyos restos aún permanecen en las entrañas de la tierra, sin que nadie le hable a sus familias con la verdad y asuma la responsabilidad de su futuro", añadió. La presidenta de la Cámara de Diputados, la perredista Marcela González Salas, arremetió contra el gobierno federal por los sangrientos sucesos de Lázaro Cárdenas. Dijo que "es grave que el gobierno de la República insista en tener un secretario general de un sindicato que no fue electo por los propios trabajadores", impuesto por la autoridad laboral, como lo hizo el secretario del Trabajo en el caso de Elías Morales tras "desconocer" a Napoleón Gómez Urrutia. La mayoría en el Senado sigue legislando a favor del sector privado de este país y ayer aprobó reformas a la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo petrolero y minero para que aquel extraiga y comercialice gas natural. En opinión del priísta Manuel Bartlett, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, señaló desde la tribuna que esa reforma "contraviene la Carta Magna". A pesar de que el senador perredista Antonio Soto Sánchez propuso una moción suspensiva al dictamen, ésta fue rechazada en votación económica, puesta a debate y finalmente aprobada. Sostuvo el legislador del sol azteca que la Constitución claramente establece reserva sobre el petróleo y los demás carburos líquidos, sólidos y gaseosos. Incluido el gas natural. Tras un debate de más de tres horas, los senadores aprobaron también las "reformas paralelas" a las leyes federales de Radio y Televisión, y de Telecomunicaciones. Renunció Florencio Salazar Adame al cargo de secretario de la Reforma Agraria para sumarse a la campaña de Felipe Calderón y el ex director general del ISSSTE, Benjamín González Roaro, se fue del PRI para ser candidato del PAN a diputado federal.