Opinion

UNO de los reclamos históricos que en materia de concesiones de radio y televisión formulaban los partidos opositores a los regímenes del PRI -hasta antes de la alternancia del año 2000- era el de la discrecionalidad en la entrega de dichas asignaciones. Es decir que el presidente en turno entregaba la administración de frecuencias a sus "cuates" y/o grupos empresariales subordinados. De esa manera se favorecía el monopolio de las frecuencias y emisoras de radio y televisión, en tanto que los empresarios beneficiados se mantenían ligados y al servicio del poder en turno.

Por eso, para romper ese círculo perverso de sometimiento y favores políticos, especialistas del ramo propusieron, en diversos foros e iniciativas, la creación de un órgano autónomo del gobierno con capacidad ejecutiva y legal para adjudicar nuevas concesiones -y romper así los poderosos monopolios de radio y televisión- bajo estrictos criterios de calidad, profesionalismo y, sobre todo, respuesta al interés público. Al consenso de ese criterio -entre muchos otros aspectos de la relación entre los medios electrónicos, el poder y la sociedad-, legisladores federales y conocedores del tema le dedicaron, por lo menos, los más recientes cinco años.

Pero repentinamente, como todos saben, en el último tercio de 2005 apareció en la Cámara de Diputados un grupo de supuestos especialistas ligados a Televisa que cabildearon una propuesta de reformas a las leyes federales de Telecomunicaciones y Radio y Televisión, con las que pretendían suplantar -y lo lograron- el trabajo de muchos años y de muchos expertos. Los emisarios de Televisa no sólo cabildearon, sino que lograron imponer su ley, la "ley Televisa", cuando en una sospechosa unanimidad todos los partidos -PRI, PAN, PRD, PT, PVEM y Convergencia- la aprobaron en sólo siete minutos. La primera trampa se había consumado. La televisora consiguió someter a todos.

Se trataba sólo del inicio. En el texto de la ley los emisarios de Televisa propusieron, entre muchas otras aberraciones, la creación de un órgano supuestamente autónomo -sus funciones las asumiría la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel)- cuyos consejeros serían nombrados a propuesta del presidente en turno y ratificados por el Senado de la República, y quienes tendrían, entre sus atribuciones, la de recomendar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a quién sí y a quién no se debían otorgar nuevas concesiones. Con ese esquema, en apariencia, se le arrebata al presidente la facultad discrecional de entregar la administración de frecuencias. Pero en realidad se trata de una trampa, ya que los consejeros pueden salir de entre los ejecutivos de las empresas de radio y televisión, además de que la decisión final sigue estando en manos del Presidente, a través de la Secretaría de Comunicaciones. Un engaño, pues.

Pero no es todo. La misma iniciativa propone que el criterio para el otorgamiento de nuevas concesiones de radio y televisión no sea ni el de la calidad, ni el profesionalismo y, sobre todo, ni a proyectos de interés general. No, el nuevo criterio para asignar concesiones es el del dinero, el mejor postor. Es decir, la "ley Televisa" propone que los nuevos concesionarios sean aquellos que cumplan sólo el criterio de contar con el mayor capital. En pocas palabras, una subasta mercantil. Según esa ley, tendrá nuevas concesiones quien más dinero ofrezca por ellas. Es decir, se favorecen los monopolios porque además no se ponen límites a la concentración de concesiones.

Más aún, los postores podrán contar hasta con 49% del capital de origen extranjero. ¿Quién, con ese criterio, podrá aspirar a una concesión de radio o televisión? Sí, sólo aquellos cuyo capital pueda competir con el de los poderosos dueños de Televisa y Televisión Azteca, o con alguna de las no menos acaudaladas familias de la radio. Si vemos el conjunto, la trampa queda más clara. Según la nueva ley, los dueños de la radio y la televisión pueden meter a sus ejecutivos como consejeros a la Cofetel -y como hemos visto, no les será difícil convencer al presidente en turno y a los senadores-, y así ellos decidirán a quién le dan las nuevas concesiones, bajo el criterio de la subasta. No, si tontos no son. Todo quedará en familia.

Pero esa es sólo una parte del monumental engaño y, sobre todo, del fabuloso negocio. La "tajada del león" se localiza en el artículo 28 de la llamada "ley Televisa", en donde se dice que aquellos concesionarios que deseen prestar servicios de telecomunicaciones adicionales a los de radiodifusión -entendida radiodifusión como radio y televisión- a partir de las bandas que ya tienen concesionadas, sólo deberán presentar su solicitud a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. A su vez, la "secretaría podrá requerir el pago de una contraprestación cuyo costo se determinará tomando en cuenta la amplitud de la banda del espectro radioeléctrico en la que se prestarán los servicios de telecomunicaciones adicionales a los de radiodifusión".

¿Qué quiere decir lo anterior? Ahí está el truco. Resulta que como producto de la conversión tecnológica, o si se quiere, "la migración" hacia la televisión digital, todo aquel concesionario de televisión que cambie de tecnología -de la actual a la digital- tendrá disponibles canales en el espacio radioeléctrico, que podrán ser usados para "telecomunicaciones adicionales", es decir, en telefonía, videojuegos, música, internet, entre otros. En pocas palabras, supongamos que la señal de televisión, como la conocemos, se transmite por un cable de una pulgada. Ahora bien, vamos a suponer que la televisión digital se transmite por un cable de un cuarto de pulgada. Queda claro, en el anterior supuesto, que están libres tres canales de un cuarto de pulgada.

La "ley Televisa" propone que esos tres cables excedentes de un cuarto de pulgada no sean vistos por la autoridad como nuevas concesiones, y menos que regresen al poder del Estado, sino que las televisoras las puedan usar para "telecomunicaciones adicionales", para comercializar, entre otros, servicios de telefonía y entretenimiento. Y para hacer uso comercial de esos nuevos canales -una vez adoptada la tecnología digital-, sólo lo informarán a la SCT, y la propia "secretaría" no impondrá un pago por esas concesiones, únicamente "podrá solicitar una contraprestación económica".

Así, no sólo quieren la tajada, sino también al león. Y eso queda claro cuando en la misma ley se propone que, una vez que la SCT autorice el nuevo uso de servicios de telecomunicaciones, la propia secretaría otorgue los títulos de concesión para la comercialización de telefonía, música, internet y videojuegos. En ningún momento se someten a una licitación para ganar esas nuevas concesiones. Pero lo interesante es el fabuloso negocio, en este caso para Televisa.

Y por si hiciera falta, prácticamente se desaparece a las frecuencias de radio comunitarias, que según la ley vigente obtuvieron su permiso de operación, pero que en la nueva ley no las toma en cuenta, ya que sólo se podrán otorgar permisos a las dependencias de la administración pública federal, a entidades paraestatales -gobiernos estatales y municipales-, educativas y culturales. ¿Y las radios comunitarias? Ah, para esas habrá otra ley. Otra trampa.

aleman2@prodigy.net.mx