Opinion

La realidad es que sí hubo informe y que ése fue presentado, en tiempo y forma, como lo establece la Constitución mexicana. En efecto, el artículo 69 de la misma señala: "A la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país". Todos fuimos testigos del momento en que Vicente Fox hizo entrega del texto de su informe con sus respectivos anexos al presidente de la Mesa Directiva, diputado Heliodoro Díaz, antes de dirigir su mensaje a la nación.

Es así que, estrictamente hablando, la obligación constitucional fue más que satisfecha por Vicente Fox. Pudo, inmediatamente después de entregar el documento, despedirse de los presentes y regresar a casa. Y nadie habría tenido el menor elemento jurídico de reproche.

Ahora que, desde el punto de vista político, no podemos sino saludar el gesto asumido por el presidente Fox por abreviar el mensaje y recortarle el contenido sustantivo de lo acontecido en el año de gobierno que se reporta, aunque es de lamentar que el rito sigue estando ahí. Y es que si lo que se quiere es reducir el informe a un mero ejercicio republicano, de equilibrio y rendición de cuentas entre poderes, no se explican más las comisiones de cortesía que, literalmente, van a recoger al primer mandatario a su despacho en Palacio Nacional; ni el portar la banda presidencial; ni la movilización de recursos y hasta el cerco de seguridad que se monta para impedir la presencia de gente no grata para la ceremonia anual.

Las cosas, pues, parecen estar cambiando aunque lenta y tímidamente. El nuevo formato quitó pretextos para la majadería y el protagonismo de algunos vergonzantes miembros del Congreso pero, también, evitó que muchos que están acostumbrados a escuchar las grandes cifras de la marcha de la administración pública no tengan, ahora, referente alguno para medir el desempeño gubernamental. Los medios tendrán que hacer un esfuerzo mayor por desgranar la información contenida en los anexos porque vía los spots electrónicos que se difunden a diario, con la voz del propio Presidente de la República, poco es lo que se conoce del presente y mucho lo que se reprocha del pasado.

Viene, ahora, la glosa del informe. El propio artículo 93 de la Constitución dispone que "los secretarios del Despacho y los jefes de los Departamentos Administrativos, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos". Y en este ejercicio cíclico también podría haber avances porque lo cierto es que, año con año, dicho intercambio se convierte en un nuevo circo.

Es así que los congresistas, reunidos en comisiones o en el pleno, hacen como que cuestionan; los secretarios de Estado contestan lo que pueden y lo que quieren; no se da un verdadero seguimiento a los temas críticos y los medios recogen el clásico descontón, la frase hecha y todo nuevo desencuentro entre parlamentarios y funcionarios. Inútil, pues.

Veremos si los legisladores le preguntan, por ejemplo, al secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, por qué es que en el numeral 2.4.1.7 Modernización de la Red de Comunicaciones, se dice que "en la presente administración el gobierno federal desarrolló dos estrategias fundamentales para consolidar el desarrollo y modernización del subsector comunicaciones: la Cobertura Social y la Convergencia de Servicios".

Es decir, se habla ya en pasado, como si el presente sexenio hubiera concluido. Además, si ese fue el propósito, la convergencia de servicios está lejos de haberse concretado, pues artificialmente se le sigue impidiendo a las empresas y sistemas de televisión por cable la prestación directa de servicios de telefonía a través de sus redes.

Tendría esa glosa que preguntar por qué es que la inversión privada en el subsector no ha recuperado los niveles con que concluyó el sexenio pasado e inició el presente; por qué ya no será alcanzada la meta de teledensidad de 25 teléfonos por cada 100 habitantes, prevista en el Programa Sectorial para el sexenio (se estima de 18.6 para finales del 2005); por qué no se reporta más el desempeño de la industria del "paging" o, por qué tampoco se hace referencia expresa a los sistemas de televisión vía microondas (MMDS), ni al de la televisión satelital, industria en la que, durante el año que se reporta, desapareció uno de los dos prestadores de este servicio (DirecTV) por no encontrar condiciones óptimas para competir en México.

Podrían preguntarle al secretario Cerisola, en fin, por qué nunca impulsó la portabilidad de número y cómo es que, siendo la actualización regulatoria una prioridad para el sector, no formuló iniciativa alguna de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones ni a la Ley Federal de Radio y Televisión en toda su gestión.

javierlozano@jlamx.com / www.idet.org.mx