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Agenda Alternativa | Javier Lozano

Gracia y justicia



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El pasado 18 de agosto, TV Azteca presentó una denuncia penal por el presunto delito de insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores, en contra de quien o quienes resulten responsables.

Esta figura jurídica está prevista en el Código Pena...

Lunes 22 de agosto de 2005

Gracia y justicia

Difícilmente un expediente podría estar más complicado que el del Canal 40 de televisión. Cada semana que pasa somos testigos de un nuevo episodio en esa historia sin fin. ¿Habrá alguien que ponga orden ahí?



El pasado 18 de agosto, TV Azteca presentó una denuncia penal por el presunto delito de insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores, en contra de quien o quienes resulten responsables.

Esta figura jurídica está prevista en el Código Penal para el Distrito Federal, en su artículo 235, mismo que a la letra dice: "Al que se coloque en estado de insolvencia, con el objeto de eludir las obligaciones a su cargo con respecto a sus acreedores, se le impondrán de seis meses a cuatro años de prisión y de 50 a 300 días multa".

El representante legal de TV Azteca, Francisco Borrego, justifica la presentación de su denuncia a partir de una serie de hechos que son ya del dominio público, como los múltiples y millonarios créditos asumidos y no honrados por Televisora del Valle de México (TVM), concesionaria del Canal 40, así como por Corporación de Noticias e Información (CNI), y por el representante legal y administrador único de ambas, Javier Moreno Valle.

De igual manera, se hace referencia, en la denuncia, a sendos juicios enderezados como consecuencia del no pago de los adeudos de TVM, CNI y Moreno Valle. Uno de ellos, concretamente la demanda de concurso mercantil en contra de TVM, interpuesta por Grupo XTRA, S.A. de C.V., habría provocado que el 27 de julio pasado, se dictaran junto con la admisión de la misma una serie de medidas precautorias consistentes en la prohibición de TVM para hacer pagos de obligaciones vencidas con anterioridad, la suspensión de procedimientos de ejecución y, destacadamente, la prohibición de realizar operaciones de enajenación o gravamen sobre sus bienes, o bien la transferencia de recursos o valores a favor de terceros.

Así, la presunción de TV Azteca en cuanto al ya muy comentado préstamo quirografario (sin garantía específica) otorgado por GE México, otorgado a favor de TVM, por un monto aproximado de 53 millones de pesos, cuando es evidente la insolvencia de TVM, se estaría traduciendo en la eventual cesión de derechos sobre la programación, comercialización, soporte técnico o la provisión de equipo o servicios de otra naturaleza, en perjuicio de los acreedores de TVM, CNI y del propio Javier Moreno Valle.

Y es que para nadie es ya una sorpresa el que Telemundo, filial de NBC Universal, empresa televisora orientada al público de habla hispana de Estados Unidos, pretende entrar al mercado mexicano de las comunicaciones electrónicas. De ahí la petición del gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), formulada al Departamento de Estado del vecino país, para que informe sobre la naturaleza y alcance del crédito concedido por GE México a TVM, pues nadie se cree la historia de que la transnacional estaría dispuesta a otorgar ese crédito a la palabra, sin más, a sabiendas de la insolvencia de TVM.

Nada relevante informarán las autoridades estadounidenses sobre el caso. Debiera saberlo nuestro gobierno. Resulta ingenuo pensar que, de haber algún acuerdo paralelo al crédito que verse sobre los activos o la programación de TVM, quedará integrado al expediente del mismo como anexo. De ahí la sospecha de TV Azteca y de muchos otros como el propio sindicato de trabajadores, que se ha rehusado a recibir en pago de sus salarios y prestaciones el producto de ese financiamiento, para proceder a levantar la huelga que ya cumple tres meses de haber estallado.

Y si bien la denuncia penal se ha presentado contra quien resulte responsable, el contenido de la misma apunta, claramente, a dos destinatarios, mismos que fungen o han fungido como representantes legales de las operaciones que hoy se presumen fraudulentas: Javier Moreno Valle y su abogado Javier Quijano Baz.

Este último ha sido ya erigido como el apoderado general del negocio y ha servido, también, como vocero de la empresa para efectos del crédito concedido por GE México. Y es, también, el abogado predilecto del candidato único del PRD, Andrés Manuel López Obrador, para la Presidencia de la República. Se trata del conocido y respetado jurista que asimiló el proceso de desafuero contra el entonces jefe de Gobierno a un virtual golpe de Estado.

Veremos ahora la actuación de la Procuraduría capitalina, a cargo del incondicional de López Obrador, Bernardo Bátiz, en el desahogo de este espinoso asunto. Sabremos si aplicarán la ley a secas o si, como ocurrió en el caso de René Bejarano, concederán gracia y justicia, como a los buenos amigos se dispensa. Cual decía Juárez.



Sigue el lío por Wi-Fi

Sobre el tema del público diferendo de criterio entre la SCT y la Cofetel por el asunto de las frecuencias de uso libre para acceso inalámbrico en banda ancha a Internet (Wi-Fi, Wi-Max), la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones e Informática (Canieti), junto con Iusacell, Unefon y dos empresas más, hicieron oficial su inconformidad ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) por el procedimiento seguido por la SCT al invadir la esfera de atribuciones de la Cofetel, hacer caso omiso de la resolución de la misma, y reservar el uso de la banda de 5.7-5.8 Ghz.

A su vez, la Comisión Federal de Competencia se apresta ya a enviar su opinión técnica sobre el asunto ante la propia Cofemer, con el fin de liberar dicha banda de frecuencias.

Todo un enredo que bien podría tener un final feliz si se abre el paso, como debe ser, a la decisión de la Cofetel. Ganaría así el consumidor, la industria, la tecnología y la menguada autonomía del órgano regulador.

[email protected] / www.idet.org.



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