Opinion

Este foro que reunió empresarios, académicos y a algunas autoridades tuvo como propósito hacer un balance de la génesis de la Ley; sus resultados; la tendencia observada en el mundo en cuanto a servicios, regulación y tecnologías; y las perspectivas que ofrece el sector para el desarrollo nacional.

La primera de las tres mesas que conformaron la estructura del Seminario se identificó bajo el título "Los orígenes de la Ley Federal de Telecomunicaciones". En ella participaron algunos de los principales actores de esa época: Carlos Ruiz Sacristán, secretario de Comunicaciones y Transportes; Carlos Casasús, subsecretario de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico; José Castañeda, diputado federal; Javier Laynez, consejero jurídico adjunto del Ejecutivo federal; Jorge Nicolín, a la postre subsecretario de Comunicaciones y tercer presidente de la Cofetel, y el autor de esta columna, oficial mayor de la SCT y encargado de la comisión redactora de la Ley.

Si alguna coincidencia hubo tanto en la mesa 1 como en el resto del seminario, fue que la actual Ley es una buena ley. Y que mientras no tengamos un mejor y novedoso instrumento regulatorio, lo que hay que hacer, sin más, es aplicar lo que tenemos a cabalidad.

El lamento viene a cuento porque, a poco menos de un año de que haya nuevo presidente, diputados y senadores federales electos, todo esfuerzo por articular una nueva legislación ha quedado en la mera intención.

El seminario fue propicio para recordar que, en el sexenio del presidente Zedillo y en medio de la peor crisis económica de que se tenga memoria, sin mayores conocimientos o información sobre ejemplos regulatorios u organizacionales en el mundo, se emprendió, en los primeros siete meses de gobierno, una reforma constitucional y la elaboración, presentación, cabildeo, promoción y aprobación de cuatro nuevas leyes para el sector comunicaciones y transportes: ferrocarriles, aeropuertos, telecomunicaciones y aviación civil.

Eran tiempos, como se aludió, en que el Ejecutivo federal tenía claridad en el rumbo; en los que los funcionarios públicos trabajaban con rigor técnico y pasión por el servicio público, y donde la oposición en el Congreso actuaba con responsabilidad y compromiso. Eran tiempos en que las iniciativas emergían de las dependencias del Ejecutivo y, desde ahí, eran negociadas y acordadas con el Congreso. Otros tiempos, pues.

Carlos Ruiz hizo memoria del contexto económico y político de la época pero, también, de la imperiosa necesidad de abrir el sector a la inversión privada, a la competencia y a la tecnología. Carlos Casasús recordó que los lineamientos (visionarios, por cierto) de la apertura venían desde 1990, con la privatización de Telmex, y que lo que en 1995 se buscó fue lo posible y no lo óptimo, al tiempo que lamentó el que las telecomunicaciones ocupen un lugar tan poco destacado en la actual agenda general de los políticos y en el discurso del Ejecutivo federal.

Para Pepe Castañeda, hoy senador de la República por Yucatán, la enseñanza de la experiencia vivida hace 10 años estriba en el difícil papel de ser legislador de oposición, en un tema tan complejo y técnico como el nuestro.

Una de las principales aportaciones en el seminario fue la idea de Javier Laynez de revisar la figura jurídica de los órganos reguladores de sectores críticos en el país. De hecho, se pronunció, primero, por adoptar una modalidad administrativa nueva respecto de la estructura típica del órgano desconcentrado y, segundo, por generar doctrina nacional sobre esta materia.

Las experiencias recientes, en la creación de instituciones como el IFAI, dan cuenta clara de que carecemos de un arreglo institucional homogéneo.

Otro de los aspectos retomados en la mesa 1 fue el de los derechos del consumidor. Para Jorge Nicolín es ése, quizá, el aspecto que, con mayor notoriedad, se ausenta de la actual legislación. Y es que tampoco hemos cobrado conciencia de la importancia que hoy tiene el asumirnos como parte de la Sociedad de la Información y del Conocimiento. La educación pública, los servicios de salud, la competitividad del país y, sobre todo, el acceso a las oportunidades del mundo global, tendrían un nuevo rostro si diéramos ese brinco mental y si cambiáramos el orden de prioridades de la agenda nacional.

Una reflexión final del seminario viene sobradamente al caso: muchas veces la ausencia de políticas públicas adecuadas, o la falta de claridad en las metas, o bien la deficiente ejecución de tareas son hechos que reflejan una brecha generacional entre el político tradicional conectado al poder pero desconectado de la modernidad tecnológica.

No deja de llamar la atención que este tipo de seminarios y conmemoraciones sean organizados por la academia y el foro y no por el propio gobierno. La inexplicable cancelación de última hora de los comisionados de la Cofetel para participar como panelistas en el seminario es una muestra más de la oscuridad y apatía con que se conducen nuestras autoridades en temas que nos tendrían que ser comunes y que debieran trascender sexenios. Sus razones tendrán.

javierlozano@jlamx.com / www.idet.org.mx